La Fiscalía se opone a las medidas cautelares por los cortes de luz en la zona norte de Granada

Concentración contra los cortes de luz en el edificio judicial de La Caleta, en imagen de archivo
Concentración contra los cortes de luz en el edificio judicial de La Caleta, en imagen de archivo - REMITIDA - Archivo
Publicado: viernes, 22 noviembre 2019 15:10

GRANADA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía se ha opuesto a la imposición a Endesa de medidas cautelares por los cortes de luz en la zona norte de Granada capital, en la vista celebrada este viernes a raíz de la demanda interpuesta por vecinos y colectivos sociales que trabajan en el distrito.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del caso, que han señalado que el Ministerio Público ha expuesto en el Juzgado de Primera Instancia 15 de Granada su posición sobre la problemática denunciada, que ha reconocido, y para que se aborde en su conjunto en el juicio que se habrá de celebrar una vez concluya la instrucción, sin abogar por la imposición de medidas cautelares que han pedido los denunciantes.

La demanda fue interpuesta por un total de 12 vecinos afectados por los cortes de suministro y entidades de la zona, como la Asociación Anaquerando, la Fundación Lestonnac-Montaigne y la Parroquia de la Paz, con el apoyo de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Como medidas cautelares han pedido, en la vista de este viernes, la instalación de los denominados Sistemas de Alimentación Ininterumpida (SAI) para los domicilios de vecinos "electrodependientes", o la provisión de un fondo de 18.000 euros para contingencias.

La portavoz de los demandantes, Natalia García Caballos, ha señalado, a las puerta de los juzgados de Caleta, que "la ausencia de electricidad de forma continuada supone un riesgo inminente para la vida de las personas que viven en esta zona", y que el proceso es propio de "David contra Goliat".

En la vista han declarado, a propuesta de los demandantes, tres testigos, entre ellos el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, quien ha expuesto que el abandono institucional que, a su juicio, sufren estas barriadas suponen la vulneración de al menos siete derechos protegidos por la Constitución.

También ha presentado documentos sobre la afección al derecho a la educación, a la par que ha sido preguntado por las causas del abandono "histórico" del distrito, y ha detallado cuestiones que ha plasmado en su último informe anual.

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