13 de diciembre de 2019
  • Jueves, 12 de Diciembre
  • 21 de noviembre de 2019

    La Fiscalía rebaja de siete a seis años su pena de cárcel para 'La Manada' por el caso de Pozoblanco

    La acusación particular mantiene cerca de siete años y la popular eleva a cinco para uno por supuesta agresión sexual

    La Fiscalía rebaja de siete a seis años su pena de cárcel para 'La Manada' por el caso de Pozoblanco
    Vista de los cuatro miembros de La Manada, Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero durante el juicio por los hechos acaecidos en Pozoblanco - POOL

    CÓRDOBA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

       La Fiscalía ha rebajado de siete a seis años su solicitud de pena de cárcel para los cuatro miembros del grupo de WhatsApp de 'La Manada' acusados de supuestos abusos sexuales a una joven en la localidad cordobesa de Pozoblanco tras conocerse en la feria de Torrecampo, en unos hechos anteriores a los del caso de los Sanfermines de 2016, por los que se encuentran en prisión por violación grupal a otra joven junto a un quinto condenado más.

       Mientras, la acusación particular ha elevado a definitivas sus conclusiones sin modificar, con penas de cerca de siete años de cárcel; la acusación popular, que solicitaba las mismas penas que la otra acusación, ha incrementado la pena para uno de los procesados, A.J.C., hasta los cinco años de cárcel por delito de agresión sexual, en vez de los dos años y seis meses que pedía por abusos sexuales.

       Y la defensa ha pedido la absolución y como pena alternativa, en caso de no considerarse la anulación del vídeo, que J.A.P. cumpla dos años de cárcel, "con las accesorias previstas en la ley", por un delito de maltrato de obra en concurso con un delito contra la intimidad; una multa de 180 euros para J.E. por un delito de maltrato de obra, y para los otros dos, A.M.G. y A.J.C., penas de seis meses de prisión por delitos contra la integridad moral.

       En concreto, el fiscal, Jesús Aparicio, ha mantenido este jueves ante el juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Cordoba, Luis Javier Santos, que "tras la prueba practicada han quedado acreditados los hechos" y ha subrayado que pese al "enorme esfuerzo de la defensa para expulsar la prueba documental", la obtención de la misma "se realizó legítimamente".

       Por tanto, ha afirmado que el vídeo "debe ser admitido por el juez para fundamentar una sentencia condenatoria sobre la base del documento y lectura de comentarios". En su opinión, "no ha habido causa general", ni "investigación prospectiva".

       Según ha expuesto, "los vídeos son explícitos y esclarecedores para que los hechos queden acreditados" con delito de abuso sexual, precisando que no aprecia "ninguna conducta de que hubiera agresión sexual", todo ello tras "someter a la víctima a numerosos tocamientos".

       Además, ha indicado que "el alcohol pudo ser la causa de inconsciencia", si bien "no se ha podido acreditar la causa", ni que "suministraran sustancia tóxica", a la vez que cree, a diferencia de las acusaciones, que el delito de abusos no es continuado y que los dos años de cárcel es "la pena adecuada y proporcional", sin aplicar tipo agravado. También, ha aseverado que "las imágenes fueron grabadas sin consentimiento" e "incrementaron el daño".

       De este modo, pide penas de dos años de prisión por los tres que inicialmente pedía por la supuesta comisión de un delito de abusos sexuales, cuatro años más por delito contra la intimidad por difusión de vídeo y para uno de ellos, el último conductor, una multa de 720 euros por supuestamente causar lesiones leves.

       También pide para la víctima como responsabilidad civil una indemnización conjunta que deberán pagar los acusados de 4.500 euros por su curación y 6.000 más por los daños morales causados.

    "NO LA CREYERON"

       Mientras, la acusación particular, que representa a la joven con el abogado Blas Arévalo, ha sostenido que son "contundentes" los testimonios de la víctima tras los hechos, aunque "no la creyeron", y ha dicho que grabaron para "humillar". Además, ha asegurado que la investigación se ha realizado "de manera totalmente legal" y que "fue ella la que quiso denunciar".

       Igualmente, ha manifestado que la pena que pide es "por la gravedad" y ha pedido al juez que "el silencio de los acusados pueda ser valorado como indicio de culpabilidad, porque son ellos los únicos capaces de poder decir algo, porque los otros contenidos están objetivados".

       Así, solicita dos años y seis meses de cárcel, órdenes de alejamiento por cinco años y un año de libertad vigilada por delito continuado de abusos sexuales; así como cuatro años y tres meses de cárcel por delito contra la intimidad. También, reclama indemnización de 3.600 euros por lesiones sufridas y 80.000 euros por daño moral.

       Y la acusación popular, representada por la Asociación Clara Campoamor con la letrada Patricia Catalina, ha indicado que "sorprende la actitud del fiscal" tras su exposición de conclusiones, al tiempo que ha declarado que la víctima "siempre piensa que algo ha ocurrido ahí", al tiempo que "no ha habido contradicciones" al declarar.

       Ha añadido que el moratón que presentaba la joven "no tiene correspondencia con ningún tipo de caída" y ha puntualizado que una de las testigos que "pidió a la joven que no denunciara" los hechos "ha mentido" ante el juez. Además, ha comentado que eleva una de las penas a agresión sexual, porque "existe prueba suficiente para plantear estar subida o, al menos, tener en consideración".

    "NO TODO ES VÁLIDO, NI LÍCITO"

       Por su parte, el abogado de los acusados, Agustín Martínez, ha sostenido "la nulidad de la prueba" y ha advertido al juez que dictará una sentencia con la presión de colectivos que quieren "aplicar una justicia vengativa" y ante "el rechazo del monstruo de la opinión pública", de modo que "se verá afectado por la horda de inquisición que atacará de acuerdo con lo políticamente correcto", ha afirmado.

       Según ha dicho, "no todo es válido, ni lícito", apuntando en este caso a la "investigación prospectiva", y ha afeado a la acusación popular su actitud con el fiscal tras sus conclusiones, a la vez que ha remarcado que el fiscal ha intentado "hacer una pequeña trampa con  afirmaciones de obviar el consentimiento prestado por los acusados al entregar el móvil".

       Así, ha cuestionado la labor de la Policía Foral "sin autorización judicial" y valorará si se deduce testimonio contra ellos, porque "ya se verá hasta dónde llega todo esto", en relación a comunicaciones verbales entre el juez de Pamplona y agentes. También, ha defendido la petición alternativa, indicando que "las imágenes son de una actitud vejatoria, humillante y ridiculizantes", pero "en ningún caso se hace con ánimo libidinoso", y ha agregado que "la joven se quería montar en el coche" y que "no dice la verdad", "ni denunció".

       De los cuatro procesados, J.A.P. ha dicho al final que grabó el vídeo y lo distribuyó "sin conocimiento" de los otros, quienes no han intervenido en el último turno de palabra, todo ello tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez el primer día de juicio y mantener que son "inocentes".

       Frente a ello, la joven que denunció se ha mostrado "clara, concisa y coherente" en su declaración, en la que ratificó "lo fundamental" de la denuncia interpuesta tras conocer la existencia del vídeo por la Policía Foral.

       Así lo confirmaron desde la acusación particular, al tiempo que aseveraron que la joven fue "contundente", aunque admitió que en un primer momento no recordó lo ocurrido en el coche, pero posteriormente fue consciente de los hechos, respaldados por la grabación.

       Durante su declaración, decenas de mujeres se concentraron en señal de apoyo en las puertas de la Ciudad de la Justicia, convocadas por la Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres.

    DECISIÓN SOBRE EL VÍDEO

       Mientras tanto, el juez ha acordado demorar hasta la sentencia su decisión sobre la nulidad o no del vídeo que grabaron los acusados sobre los hechos, ocurridos en la noche del 1 de mayo de 2016 y se hicieron públicos en septiembre de 2016 en la investigación de la causa de Pamplona.

       El togado ha remarcado en el juicio que "no es la única prueba existente en el procedimiento" y ha aludido al "consentimiento" prestado por los acusados ante el juez instructor de Pamplona, donde hallaron las grabaciones tras entregar sus teléfonos y la Policía Foral inició investigación.

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