GRANADA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Superior de Andalucía y la Consejería de Justicia ultiman la firma de un protocolo de colaboración para avanzar en la protección de las víctimas de delitos, de forma que se les ofrezca más garantías y apoyo jurídico en los procedimientos.
La medida, que previsiblemente verá la luz en los primeros meses del año, supondrá coordinar la labor de la Fiscalía con el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA). Para ello, habrá un interlocutor en cada Fiscalía Provincial con el SAVA, de modo que se puedan agilizar determinadas medidas y atender las necesidades de las víctimas, además de fomentar un trato más personalizado con ellas.
La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha detallado en una entrevista concedida a Europa Press que el acuerdo cuenta con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado y está sólo pendiente de la firma, después de que numerosos profesionales hayan intervenido en su elaboración; especialmente desde el área de Protección y Tutela de las Víctimas del Ministerio Público.
"Hasta ahora la víctima era casi una invitada de piedra en el procedimiento; ahora se le va a implicar más, desarrollando con ello la ley aprobada en 2005". En general, "se va a mimar más a las víctimas, dándoles más garantía y atención, para lo que también habrá un registro", ha relatado.
La clave de la iniciativa está en la coordinación y la colaboración de la Fiscalía y el Servicio de Asistencia de Andalucía, que permitirá un mejor seguimiento de las necesidades de cada caso y que el interlocutor del Ministerio Público pueda entrevistarse incluso con las personas que han sufrido el daño.
OFICINA FISCAL Y PLANTILLA DE FISCALES
Otro de los asuntos en los que se avanzará este año será en la implantación de la nueva Oficina Fiscal, que ha comenzado a desplegarse en Sevilla y en el área Dos Hermanas y ahora se extenderá a Córdoba.
La pretensión de la Consejería de Justicia y de la Fiscalía Superior es que se vaya desarrollando de forma gradual y progresiva, para que vaya abarcando más territorios conforme funcione bien en los que se ponga en marcha.
Tárrago relata que el objetivo es organizar todos los recursos humanos y materiales adaptándolos a la actividad fiscal y a las nuevas tecnologías, delimitando las funciones del personal y reorganizando los puestos de trabajo para rentabilizarlos, todo ello adecuándolo a la preparación y la categoría profesional de los funcionarios.
Respecto a la plantilla de fiscales, desde el Consejo Fiscal se ha pedido a la Inspección de la Fiscalía General del Estado que haga un "estudio serio y detallado" al respecto.
Tárrago reconoce que "todas las fiscalías necesitan aumento de plantilla", lo cual ve lógico: "el principio de especialización del Ministerio Público está cada vez más desarrollado y cada reforma legal supone que el fiscal tiene que llegar a más sitios, sin que las plantillas aumenten".
Dentro de ello opina que hay situaciones más "acuciantes", como en algunas secciones territoriales, en la Fiscalía de área de Algeciras o en Córdoba, que es pequeña pero proporcionalmente tiene menos fiscales que otras similares.
