SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía, que sustituirá al vigente desde 2001 para adaptar la legislación andaluza a la regulación básica estatal de estas corporaciones de derecho público e iniciará a partir de ahora su tramitación parlamentaria.
Según la Junta, el nuevo texto reforzará el papel de las cámaras como prestadoras de servicios públicos a las empresas, además de incidir en la transparencia de estas instituciones, que deberán hacer públicas tanto las subvenciones y recursos públicos percibidos como las retribuciones e indemnizaciones percibidas anualmente por su personal.
El proyecto de ley subraya la importancia de las cámaras y garantiza la adecuada representación de todos los sectores económicos en sus órganos de gobierno, al tiempo que impulsa la coordinación intercameral y su representación a través del Consejo Andaluz de Cámaras.
Además de fomentar la labor de las cámaras como prestadoras de servicios, en particular a las pequeñas y medianas empresas, el texto normativo aprobado por el Ejecutivo andaluz impulsará el carácter dinamizador de las cámaras en la expansión nacional e internacional de las empresas, así como en la mejora de su competitividad.
La norma incluye también diversas fórmulas de financiación pública de las funciones público-administrativas de las cámaras andaluzas, incluyendo una memoria económica de 3.490.000 euros, lo que, según la Junta, evidencia su "apuesta decidida" por el mantenimiento de una red amplia e importante para el empresariado de la comunidad autónoma.
El proyecto de ley, que inició su tramitación en el Consejo de Gobierno en julio de 2017 con el anterior Ejecutivo presidido por Susana Díaz, se ha trabajado de forma conjunta con el Consejo Andaluz de Cámaras, las 14 cámaras andaluzas y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). La Junta destaca que ello ha permitido consensuar un texto legal que viene a regular un modelo cameral sostenible que dé respuesta tanto a sus necesidades como a las del sector empresarial al que prestan servicios y cuya redacción se ha venido mejorando paulatinamente.
La norma consta de un total de 71 artículos distribuidos en ocho capítulos, tres disposiciones adicionales, una derogatoria y siete disposiciones finales y está basada en tres pilares fundamentales: democratización y pluralidad; transparencia, y modernización e innovación.
DEMOCRATIZACIÓN Y PLURALIDAD
El proyecto de ley aprobado por el Consejo garantiza una adecuada representación democrática en los órganos de gobierno de las cámaras y establece que el 75% de las vocalías a elegir lo sean mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, entre todas las personas físicas y jurídicas que ejerzan una actividad comercial, industrial, de servicios y de navegación en la demarcación de que se trate.
Otro 20% de vocalías resultarán de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica dentro de la circunscripción de cada cámara, propuestas por las organizaciones empresariales, intersectoriales y territoriales más representativas, mientras que el 5% restante representarán a las empresas de mayor aportación voluntaria en cada demarcación.
Las cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporaciones de derecho público y, como tales, pueden ser preceptoras de fondos públicos de diferentes administraciones (europea, nacional, autonómica, local). Por ese motivo el proyecto de ley incide en la transparencia de estas instituciones, a fin de que en todo momento se tenga información acerca de su actividad, las funciones que realizan y su adecuación a la normativa correspondiente.
Así se establece que la contratación y el régimen patrimonial de las cámaras han de garantizar las condiciones de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación y que las cuentas del organismo sean depositadas en el Registro Mercantil y sean objeto de publicidad. También harán públicas las subvenciones y recursos públicos percibidos, así como las retribuciones e indemnizaciones percibidas anualmente por su personal.
Por otro lado, la norma refleja la obligatoriedad de las cámaras de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras de elaborar un código de buenas prácticas que garantice la imparcialidad y la transparencia en el desarrollo de sus funciones público-administrativas.
MODERNIZACIÓN
El texto legal dispone que las corporaciones harán uso de medios electrónicos en sus actividades contemplando la previsión de la emisión del voto a través de medios electrónicos en sus procesos electorales, con el fin de fomentar la mayor participación posible, utilizando, a tal efecto, la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido.
Asimismo, contempla que las empresas de los distintos sectores económicos se relacionen con las cámaras a través de medios electrónicos en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Además, se implantará una ventanilla única empresarial destinada a la simplificación administrativa en los procedimientos para el inicio y desarrollo de actividades económicas y empresariales, así como se establecerán acuerdos de colaboración para acercar la investigación a las empresas y favorecer la transferencia de conocimientos que apoyen la innovación y la formación especializada.
Finalmente, otros aspectos a destacar serían el amplio elenco de funciones público-administrativas que se atribuyen a las cámaras, algunas novedosas como las relativas a la mediación y arbitraje mercantil, o el ámbito territorial de las cámaras, donde se mantiene la obligación de existencia de al menos una por provincia.
El proyecto de ley también desarrolla los procesos de liquidación y extinción de una cámara --regulados en la normativa estatal--, con objeto de dar mayor seguridad y garantías a todo el procedimiento para ambos casos, contemplando además la disolución por inviabilidad económica. A ello se le añade la definición de la función de tutela de la Administración, la cual comprende el ejercicio de las potestades administrativas de aprobación, fiscalización, resolución de recursos, suspensión y disolución previstos en la ley.
Actualmente, Andalucía cuenta con 14 cámaras de Comercio, una por cada capital de provincia, Ayamonte (Huelva), Andújar y Linares (Jaén), Motril (Granada) y Jerez de la Frontera y Campo de Gibraltar (Cádiz). La representación y coordinación de estas corporaciones recae sobre el Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, con sede en Sevilla. Además, hay que sumar 95 puntos de atención al usuario, como delegaciones, antenas, plataformas de desarrollo territorial y viveros de empresas.
