MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, afirmó hoy que "ni el alcalde de Armilla (Granada), José Antonio Morales, ni el que fuera concejal de Urbanismo en el municipio, Gabriel Cañavate, --ambos del PSOE--, "formarán parte de la lista electoral de la localidad para las próximas elecciones municipales de mayo".
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha presentado una denuncia contra el alcalde del municipio y el que fuera concejal de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación.
Chaves puntualizó esta tarde en Málaga, tras la firma del convenio para la construcción de un auditorio de la música en la capital, que "esto es una iniciativa de la Fiscalía y no sabemos lo que va a decidir el juez que instruya el caso, pero pongo de manifiesto que ni el alcalde ni el concejal, que pueden estar imputados, van a formar parte de la lista electoral de Armilla para las próximas elecciones municipales".
Por su parte, la Fiscalía también ha denunciado al promotor del Parque Nevada, Tomás Olivo. Así, según el decreto del Ministerio Público, al que tuvo acceso hoy Europa Press, el fiscal pide que se les tome declaración como imputados a los tres denunciados y también a los cuatro concejales que adoptaron el acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 30 de septiembre de 2005 para la concesión de la licencia de obras del Parque Comercial.
Esta actuación tiene su origen en la denuncia que el pasado mes de febrero el PP de Granada presentó denuncia contra Morales Cara por su actuación en el Parque Comercial, que promueve la entidad General de Galerías Comerciales S.A., de la que es consejero delegado Tomás Olivo, imputado en la 'operación Malaya'. Las obras del Parque, en una superficie de 70.000 metros cuadrados, fueron paralizadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada poco antes de su conclusión.
Además de formular la denuncia correspondiente en el Juzgado de Instrucción Decano de Granada, el fiscal pide informe urgente del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil sobre la situación actual del edificio, así como ubicación de los espacios y zonas verdes que han sido supuestamente ocupados.
Según el Ministerio Público, los hechos presentan "numerosos y diversos indicios plenamente racionales" que permiten inferir la posible existencia de los delitos mencionados, a raíz de las irregularidades detectadas.
Entre ellas, se encuentra la ubicación del centro en espacios libres, una edificabilidad que supera ampliamente la prevista en el planeamiento y severas limitaciones para el desarrollo de la circunvalación. Fue precisamente la Junta de Andalucía la que demandó al Ayuntamiento la revisión del Plan Parcial Sector B por "vulnerar claramente" el Planeamiento Superior, después de que este fuera aprobado en pleno municipal con los votos del PSOE y un concejal independiente en julio de 2005.
