GRANADA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Armilla (Granada) y ex delegado de Medio Ambiente, Gerardo Sánchez, exigió hoy al PP que se disculpe por las "continuas difamaciones" que ha hecho hacia su persona, apoyando la querella de un particular, Rafael Aibar, ahora archivada, por presunto desvío de fondos en el Parque de Castril.
Sánchez calificó hoy en rueda de prensa de "contundente" el auto judicial que archiva las diligencias abiertas contra su persona y la de Manuel Chirosa por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, afirmando que el documento "desmonta los débiles argumentos presentados en la denuncia, una mentira que está exclusivamente fundada en intereses personales y económicos".
En este sentido, el alcalde de Armilla pidió al PP que cese la "campaña de acoso y desprestigio" hacia su persona que inició hace dos años, cuando se dio a conocer que era candidato a la Alcaldía de Armilla, instando, además, a los populares a que aclaren la relación que les une con Rafael Aibar, propietario de varias fincas en Castril, "que de haberle salido la operación se habría beneficiado de 27 millones de euros".
Anunció además que pedirá a un letrado que estudie el caso por si pudiera derivarse alguna actuación delictiva de este proceso. Según el auto, al que tuvo acceso Europa Press, no se ha demostrado la perpetración de ningún delito por parte de los imputados, los ex delegados de Medio Ambiente Gerardo Sánchez y Manuel Chirosa.
En cuanto al delito de prevaricación, en relación con el diseño del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el auto indica que no existe "el menor dato objetivo mínimamente serio que permita deducir que se cometió alguna irregularidad".
Respecto a la malversación de fondos, basada en que de los 18 millones de fondos estructurales comunitarios destinados al Parque nada se invirtió en sus fincas, el juez dice que "no consta que se haya detectado por los órganos de control la más mínima irregularidad esporádica o sistemática en la aplicación de los fondos liberados que aquí se cuestiona".
En este sentido, el auto añade que "en definitiva no existe el menor dato que permita probar la existencia de una malversación de fondos públicos" por parte de los denunciados.
Respecto al delito de falsedad, el documento indica que este "no puede ser ni siquiera objeto de análisis por su absoluta indeterminación", y no ve la necesidad de ampliar la querella por falso testimonio a dos de los testigos, puesto que la versión que ofrecieron en su declaración simplemente discrepaba con la del querellante.
