Los populares afirman que ya han exigido la dimisión del concejal de Nevada (Granada) y diputado provincial, José López Gallardo
GRANADA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en la Diputación de Granada anunció hoy que pedirá, en el Pleno del próximo martes, 28 de marzo, que se repruebe al vicepresidente tercero y delegado del área de Economía, Hacienda y Personal de la institución provincial, Andrés Ruiz Martín, por el caso de la enajenación de la finca de Laroles (Granada).
En un comunicado remitido a Europa Press, el portavoz del PP, Antonio Granados y el diputado provincial José Antonio Robles aseguraron que ya han exigido la dimisión del "mayor implicado", el concejal del Ayuntamiento de Nevada y diputado provincial, José López Gallardo. Los populares denuncian que Ruiz Martín y Gallardo apoyaron la propuesta de enajenar la finca, "claramente lesiva, a sabiendas de que era contraria a los intereses de la Corporación".
Según relató el PP, "el pasado 23 de febrero, Andrés Ruiz Martín proponía para dictamen y posterior acuerdo la enajenación de la finca número 3.210 del registro de la propiedad, parcela número 22 del polígono 15 de Laroles. El segundo punto de la propuesta proponía la adjudicación directa de la finca a Sacramento López Zurita y el tercer punto recogía esa enajenación en un total 11.745,82 euros.
Así, explicaron que, en el propio expediente, la jefa de la sección de patrimonio dice que "no se puede concluir con certeza que la finca descrita en el Informe remitido por el área de Cooperación Local y Desarrollo y la número 74 del inventario de bienes de la Diputación sean la misma".
Tal y como denuncia José Antonio Robles, "hay contradicciones entre la superficie catastral de la finca -1.913 metros cuadrados- y la superficie que aparece tanto en la nota simple del registro de la propiedad como en la ficha del inventario de la Diputación Provincial, que en ambos casos la superficie es de 2.329 metros cuadrados".
"El informe de la valoración técnica se hace en base a la superficie catastral, cuando parece lógico fiarse de un documento como es el inventario de bienes de la propia Diputación", expuso el diputado popular, quien declaró que, en ese mismo informe, el técnico aplica a la valoración un coeficiente de 1,80 por expectativas urbanísticas de la finca, pasando la valoración de 3,41 euros el metro cuadrado a 6,14 euros.
Ante esta situación, dedujo que "si se hubiera tenido en cuenta la superficie tanto del inventario de bienes de la Diputación, como la certificación registral de la valoración de la finca hubiera estado por encima de los 12.000 euros y, por tanto, la ley obliga a sacar la finca a subasta", explicó Robles. Sin embargo, aseguró que la valoración técnica establece el precio de la finca en 11.745 euros, cuando en la ficha del inventario de bienes de la Diputación establece el precio en venta en 27.995,14 euros.
El PP aseveró que tras poner estos argumentos encima de la mesa y plantear estas contradicciones que, "por el bien de la Corporación" debían ser depuradas, el dictamen fue favorable con los votos de los representantes del grupo socialista, mientras que el grupo popular se opuso a la enajenación como se planteaba.
Por este motivo, el Grupo Popular denunció ante los medios de comunicación lo que consideraron como una venta "totalmente irregular", ya que, desde su punto de vista, "debía depurarse el expediente y, después, si se decidía enajenar dicha finca, debía salir a subasta pública".
"Posteriormente, nos encontramos la sorpresa de que el portavoz del PSOE en la Junta de Portavoces, a pesar del dictamen de cinco diputados socialistas en la comisión, incluido Andrés Ruiz, propone dejar el asunto sobre la mesa, alegando desconocimiento del expediente tanto del presidente de la Corporación como del portavoz socialista", relató José Antonio Robles.
