GRANADA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 marbellí Francisco Javier de Urquía y Arnaud Fabrice Albouhair, por una causa desglosada de la trama urbanística destapada a través de la operación 'Malaya', ha sido aplazado hasta mañana al abstenerse de participar en él el fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón.
Los abogados de los acusados solicitaron que se suspendiera el juicio al entender que el fiscal podría haber perdido su "imparcialidad objetiva" al haber tenido acceso a unas conversaciones telefónicas, en otro proceso contra De Urquía, que afectan a la estrategia de la defensa, razón por la que ya fueron recusados el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, y el magistrado Jerónimo Garvín.
En principio, la Sala Civil y Penal entendió que "no ha lugar" a decretarse la suspensión del juicio oral "en aras de evitar dilaciones innecesarias", si bien posteriormente decidió aplazar hasta mañana la vista ante la petición del fiscal superior, que expuso que, al menos, haría falta una tarde más para que otro representante del Ministerio Público pueda tomar conocimiento de la causa.
Está pendiente una resolución de la Fiscalía General del Estado relativa a si se tendrá que retirar o no del procedimiento García Calderón, que precisó sin embargo que, una vez conocido este informe, podrá reincorporarse en el proceso judicial abierto --en el caso en el que el fiscal, Cándido Conde-Pumpido, entienda que no habría de abstenerse--, algo con lo que las defensas mostraron su desacuerdo al entender que se trata de un "problema jurisdiccional".
En el turno del planteamiento de las cuestiones previas, los letrados de la defensa pidieron hoy la nulidad de acto de apertura de juicio oral, dictado el 3 de abril de 2008, al haberse infringido, a su entender, el derecho a un procedimiento "con todas las garantías". En este sentido, consideraron que no habrían de haberse incluido las conversaciones telefónicas entre el magistrado y Arnaud Fabrice con Roca, al tener sólo este último intervenido el teléfono por orden judicial.
Por otra parte, la defensa de De Urquía, ejercida por el letrado Antonio González Cuéllar, apuntó al derecho de los acusados a ser juzgados por el juez predeterminado, y señaló que en los casos de delitos de cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público el tribunal establecido es el del jurado. Solicitó además que se incluyera como prueba una conversación telefónica con Arnaud y su defendido en la que éste dijo desconocer a Roca.
LABOR DEL JUEZ INSTRUCTOR.
García Calderón mantuvo por su parte que las cuestiones expuestas por las partes defensoras se podrían haber expuesto al final del juicio, al ser cuestiones "técnico-jurídicas" que podrían haberse tratado en el transcurso de la sesión y aludió a la labor realizada por el juez instructor, que ha hecho, a su juicio, "una exhaustiva valoración probatoria de los hechos".
Los acusados llegaron alrededor de las 9.00 horas de hoy a la Real Chancillería, Roca en el furgón procedente de la prisión de Albolote, donde permanecía para ser enjuiciado por esta causa, y Arnaud y De Urquía a pie, acompañados de sus respectivos abogados.
De Urquía, colegiado como abogado en Granada, fue autorizado por el tribunal, presidido por Inmaculada Montalbán, a ocupar el estrado junto a su abogado y ejercer así su propia defensa, sin la necesidad de permanecer en el banquillo junto a los otros dos acusados.
En la vista de mañana, cuyo inicio está previsto para las 8.30 horas, se les prestará declaración a los tres acusados y a testigos citados, si bien, previamente, la Sala habrá de pronunciarse acerca de las cuestiones previas planteadas hoy por la defensa.
Este caso se inició en julio del pasado año, tras remitir el entonces instructor del caso contra la corrupción marbellí, Miguel Ángel Torres, un informe policial y otro del fiscal, en los que se apuntaban presuntos pagos de Roca a De Urquía al parecer relacionados con la actuación profesional del juez y asesoramiento de éste para subsanar defectos procesales de una querella, así como para la adquisición de una vivienda.
La Fiscalía Superior de Andalucía pide la pena de tres años de cárcel y 19 de inhabilitación para empleo o cargo público de juez o magistrado para De Urquía, suspendido de forma provisional, por la posible comisión de los delitos de prevaricación judicial, asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y cohecho, por los que pide también una multa de 213.000 euros.
Asimismo, Roca y el otro procesado, amigo personal de éste, se enfrentan a la misma pena de prisión, nueve de suspensión de empleo o cargo público y a una multa de 177.000 euros al estar acusados por el Ministerio Público de los delitos, como cooperadores necesarios, de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y de cohecho, según el escrito de calificación provisional del fiscal. Las tres defensas han pedido la libre absolución.
