23 de mayo de 2019
21 de octubre de 2008

Granada.- Tribunales.- Aplazado al 17 de marzo el juicio contra los promotores por enfermedad de uno de los acusados

GRANADA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra cuatro representantes de inmobiliarias por presunta estafa a una treintena de personas, a las que supuestamente vendieron viviendas que no llegaron a construirse en Belicena (Granada), ha sido aplazado al 17 de marzo por enfermedad de uno de los acusados, que se enfrentan a una petición de la Fiscalía de un total de 24 años de cárcel y multa de casi 130.000 euros.

La jornada de paros de los secretarios judiciales en protesta por la sanción impuesta a su compañera del Juzgado de Instrucción de Sevilla no ha sido así la causa de suspensión de la vista oral, puesto que la Sección Segunda, que acogía el juicio, cubre hoy los servicios mínimos y tenía ya constituido el tribunal, con asistencia del secretario, informaron a Europa Press fuentes judiciales.

Los acusados son F.M.G., apoderado de Asesores Inmobiliarios Andaluces S.L., F.E.M., socio fundador y representante de Inmobiliaria y Construcciones Bella Andalucía S.L., A.G.R., en representación de Promociones Verónica Granada, y J.R.M, de la constructora Morera de la Vega S.L..

Según consta en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los dos primeros acusados vincularon la actividad de sus respectivas empresas en virtud de un contrato mercantil de agencia el 17 de enero del año 2000, por el que la sociedad Inmobiliaria y Construcciones Bella Andalucía S.L. se reconocía promotora de varias viviendas unifamiliares en Belicena, en la urbanización 'Jardines de Lourdes', y se encargaba a Asesores Inmobiliarios Andaluces S.L. la venta en exclusiva de las mismas, a cambio de una comisión por cada una de ellas.

Ambos procedieron de forma conjunta a la venta de los inmuebles, sin construir, a distintas personas "movidos desde luego por un propósito de ver incrementado su acervo patrimonial", ya que no habían adquirido ni consolidado derecho alguno sobre los 3.364 metros cuadrados de terreno en el que teóricamente se iba a realizar la edificación, según el relato fiscal.

Sólo les legitimaba, agrega el Ministerio Público, un documento privado firmado el 16 de noviembre de 1999 por los propietarios del solar, que autorizaban a F.E.M. a poner en venta las 23 viviendas proyectadas, a cambio de otras por valor de 60 millones de pesetas, acuerdo que no llegó a ser efectivo al no haber recibido los dueños el precio acordado.

Así las cosas, los acusados provocaron que los interesados procedieran a suscribir el correspondiente contrato de compraventa mediante un "complejo sistema contractual", con el objetivo de hacer "más opaca" la comprensión de la realidad sobre la transacción que se llevaba a cabo.

LETRAS CON VENCIMIENTOS MENSUALES

Tras una serie de documentos que tenían que firmar, los adquirientes de las viviendas suscribían un llamado 'contrato de compraventa' donde se reconocía por el vendedor, Inmobiliaria y Construcciones Bella Andalucía S.L., haber recibido una cantidad en concepto de entrada y reserva de la vivienda, y se procedía por los compradores a aceptar varias letras de cambio con vencimientos mensuales, que quedaban en poder de los acusados.

De esa manera, los 'tenedores' de las letras, ante los respectivos vencimientos y su falta de pago, ejercían las correspondientes acciones contra los compradores, que, al comprobar que sus viviendas no se construían y no se les devolvía su dinero, optaban por no pagarlas.

Los adquirientes vieron así cómo sus expectativas de obtener una vivienda y más tarde recuperar el dinero invertido se desvanecían "en la misma proporción en que los acusados se enriquecían" y no sólo los dos primeros, sino también los otros dos citados, que asumieron la construcción del complejo.

"Ninguno de los acusados aplicó por tanto el dinero percibido a la construcción de la urbanización de referencia y desde luego ninguno de ellos y las empresas en nombre de las que actuaban garantizaron ni aseguraron su devolución de modo alguno", mantiene el fiscal.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y apropiación indebida, por lo que pide para cada uno de los procesados seis años de cárcel y multa de 32.400 euros y solicita que sus respectivas empresas indemnicen a los perjudicados en las cantidades supuestamente defraudadas.