GRANADA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha paralizado la construcción de 52 viviendas de protección oficial VPO en Ogíjares (Granada) a instancias de la Junta de Andalucía, según el auto al que tuvo acceso hoy Europa Press.
En dicho documento, el Alto Tribunal andaluz justifica su decisión en el informe técnico emitido por la Administración autonómica que reseña que la "modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ogíjares afecta a las condiciones de uso de equipamiento comunitario", por lo que siendo de carácter estructural, la competencia corresponde a la Junta, incurriendo pues en vicio de nulidad de pleno derecho.
De ser ciertas tales "irregularidades" puesta de manifiesto por la Administración demandante --continúa el documento-- si se permitiera la culminación de las actuaciones urbanísticas que al amparo de dicho Plan se han de acometer en el futuro, la sentencia que en su día recayese, si fuera estimatoria del recurso, no sería ejecutable en sus propios términos y por tanto se vería frustrado el fin legítimo del recurso.
Por ello, la sala accede a la petición de suspensión instada sin que "sea óbice a tal conclusión las alegaciones del Ayuntamiento sobre los perjuicios que de ella se derivaran tanto para los intereses generales como para terceros".
EL PSOE ACUSA AL PP DE MENTIR CON LAS VIVIENDAS
Ante esta resolución judicial, la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ogíjares, Eugenia Calvo, acusó al gobierno municipal (PP) de mentir a la ciudadanía ya que tiene conocimiento del auto y "sigue engañando" a la opinión pública.
Para el PSOE se trata, según informó en un comunicado remitido a Europa Press, únicamente de "razones electorales y económicas del primer edil del PP, Francisco Plata, que está jugando con el dinero que muchos jóvenes y familias entregan como fianza".
El secretario de política municipal del PSOE de Granada, José García Giralte, que acusa al alcalde de "descaro político", afirmó que esta falta de respeto a la legalidad vigente demuestra que estamos ante un nuevo "pelotazo urbanístico".
