SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo de trabajo sobre financiación autonómica desarrollado en el Parlamento andaluz someterá a votación este martes el documento acordado entre el PSOE-A, Podemos Andalucía e IULV-CA sobre el nuevo modelo de financiación, tras haber ampliado el plazo previsto para aprobar un informe definitivo al objeto de que PP-A y Cs pudieran estudiar la propuesta y se puedan presentar enmiendas.
El grupo de trabajo se reunirá este martes, a partir de las 17,30 horas, después de que el pasado viernes así lo acordara en una votación que salió adelante gracias a los tres partidos que previamente registraron un documento común sobre financiación, y en la que el PP-A y Cs decidieron no participar.
De este modo, se aprobó que el documento defendido por el PSOE-A, Podemos e IU sea la "base" para el informe final del grupo de trabajo.
En concreto, el pasado viernes se celebraron tres votaciones en la reunión del grupo de trabajo. La primera, a propuesta de Cs, pedía ampliar el plazo para que los letrados pudieran presentar otro documento síntesis de las propuestas de todos los grupos, pues el presentado contenía "incongruencias". No obstante, esta propuesta no fue aceptada por el rechazo del PSOE-A, Podemos e IU.
Seguidamente, el órgano también rechazó una propuesta del PP-A para que se mantuvieran vivos para la elaboración del informe final tanto el acuerdo de los tres partidos como también los presentados por populares y Cs. Por último, sí salió adelante que el documento acordado entre el PSOE-A, Podemos e IU sea la "base" para el futuro acuerdo del grupo de trabajo.
De este modo, una vez que dicho documento ha sido aceptado como base del informe final, los grupos parlamentarios cuentan hasta este mismo martes para presentar enmiendas al texto e intentar alcanzar nuevos acuerdos de cara a la aprobación del informe que, una vez salga adelante, se elevará a la Comisión de Hacienda y Administración Pública, para después llegar al Pleno.
El grupo de trabajo acordó asimismo incluir la Propuesta de Estructura del Informe sobre el Sistema de Financiación elaborada por los servicios jurídicos de la Cámara a los documentos de trabajo recopilados en el proceso.
Con todo, el presidente del grupo de trabajo, Pablo Venzal (PP-A), recordó que se han celebrado un total de 17 sesiones en las que han comparecido 35 expertos en la materia, y se ha recopilado numerosa documentación, al tiempo que reconoció la complejidad jurídica y política de elaborar una síntesis congruente recogiendo las propuestas registradas inicialmente por los cinco grupos parlamentarios.
Precisamente un día antes de que se produzca esta votación, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al valorar los datos que arroja la encuesta del Egopa de invierno, que señalan que Cs podría relegar al PP-A a la tercera fuerza política; ha dicho que le preocupa que el "derrumbe" que experimenta el PP-A "puede provocarle un estado de nervios que imposibilite un acuerdo sobre financiación".
PP-A Y CS RECHAZAN "IMPOSICIONES"
Entretanto, y en sucesivas ruedas de prensa en la Cámara andaluza tras la reunión del grupo de trabajo, los cinco grupos se pronunciaron al respecto del acuerdo entre PSOE-A, Podemos e IULV-CA.
Así, el PSOE-A, a través de su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, mostró su satisfacción por el acuerdo, al que espera que pueda sumarse Cs, ya que tiene "un alto grado de coincidencia" con sus propuestas, si bien duda de las intenciones del PP-A y si "es capaz de poner a Andalucía por delante del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".
Por parte del PP-A, su portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, acusó al PSOE-A de intentar "aislar" a los 'populares' y a Cs del acuerdo que ha alcanzado con Podemos e IULV-CA, toda vez que criticó que haya mantenido "una negociación paralela" al grupo de trabajo, estableciendo "bloques" que "no benefician" a Andalucía. Así, insistió en que la voluntad del PP-A es llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas.
En cambio, la diputada de Podemos Carmen Lizárraga defendió que lo que ha hecho su grupo junto a PSOE-A e IULV-CA fue "un gesto de responsabilidad en tiempo y forma que estaba establecido en el calendario del grupo de trabajo", con "negociaciones y trabajos aparte de las sesiones del grupo de trabajo, pero como parte de los trabajos que ha hecho el grupo".
Cs, por su parte, y de la mano de su portavoz adjunta en el Parlamento, Marta Bosquet, acusó al PSOE-A, su socio de investidura, de pretender "imponer" un documento, pactado con la "extrema izquierda", que en modo alguno puede considerarse como "válido" porque supone saltarse todo el procedimiento establecido.
Por último, la portavoz adjunta de IULV-CA, Elena Cortés, explicó que aunque el documento que han negociado con el PSOE-A y Podemos para el nuevo modelo de financiación es un buen "punto de partida", no descartan presentar un voto particular sobre la reforma fiscal que ven necesaria y para incluir alusiones a las consecuencias que la modificación del artículo 135 de la Constitución ha tenido para el sistema de financiación.
DOCUMENTO ACORDADO
Entre otras cuestiones, el documento acordado por PSOE-A, Podemos e IULV-CA considera "adecuado un mecanismo de reestructuración de la deuda autonómica en manos del Estado, tomando como criterio la insuficiencia financiera sufrida por aquellas comunidades cuyos recursos del sistema actual se situasen por debajo de la media", aunque dejan claro que esta fórmula nunca puede "sustituir el necesario refuerzo de los recursos ordinarios del sistema".
Así figura en el texto acordado por estas tres formaciones, que también propone "redefinir las variables y ponderaciones que determinan la población ajustada" sobre la que se basa el modelo de financiación, incorporando un concepto de población ajustada que amplíe el tramo desde los 16 años actuales a los 18 e incorpore nuevas variables como el número de universitarios matriculados en centros públicos, incluidos los de posgrado; la tasa de paro; la población en riesgo de pobreza y exclusión social y el número de atendidos por el sistema de atención a la dependencia.
En este sentido, defienden una "nivelación total" del sistema mediante la inclusión de todos los servicios públicos derivados de competencias autonómicas homogéneas, de forma que se cumpla "un criterio de equidad tan razonable como justo: igual financiación por habitante (ajustado) para cualquier ciudadano español, con independencia de su lugar de residencia y dado un mismo esfuerzo fiscal".
En el plano fiscal, PSOE-A, Podemos e IULV-CA proponen mantener la cesión del 50 por ciento del IRPF y elevar los porcentajes de cesión del IVA y el de los Impuestos Especiales al 70 por ciento para cubrir la suficiencia financiera en servicios públicos fundamentales "dejando abierta la posibilidad de que la Administración General del Estado complemente recursos a través de una transferencia vertical".
De acuerdo con esta propuesta, el resto de servicios se financiarían con un nuevo fondo que se repartiría entre las comunidades según la población de derecho y que estaría dotado con la recaudación normativa de tributos cedidos tradicionales y una aportación estatal procedente de los recursos actualmente dedicados al Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación, que desaparecen.
Junto a ello, el documento acordado defienden la armonización fiscal en los tributos cedidos tradicionales "fijando patrones mínimos de regulación a nivel nacional que eliminen la posibilidad de generar agravios comparativos entre comunidades y estrategias de dumping fiscal".
En la misma línea, también defienden la "eliminación del status quo" del actual modelo de financiación autonómica, al tiempo que reclaman una "mayor transparencia en el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra sobre la base de una mayor coordinación entre el régimen común y el foral".
