CÓRDOBA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, fundamentalmente a través de sus Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha tenido activada la 'Operación Sierra', puesta en marcha a primeros del mes de septiembre de 2017 y en la que ha realizado más de 900 actuaciones; entre ellas, 112 inspecciones de actividades cinegéticas, 468 controles, identificaciones de vehículos y personas y la denuncia de 267 infracciones administrativas.
En un comunicado, el Instituto Armado ha explicado que los esfuerzos de las unidades participantes se han orientado a completar tres líneas de trabajo. En primer lugar, el control y verificación de las medidas de seguridad necesarias para celebrar la actividad cinegética propiamente dicha, así como de las habilitaciones de los ejecutantes para la práctica de la caza, en especial permisos y guías de pertenencias de armas, licencias de caza y seguros de responsabilidad civil.
En segundo lugar, respecto a la participación de rehalas, ha indicado que ha tenido especial énfasis la verificación de las exigencias normativas para el transporte de animales vivos, en concreto de las autorizaciones necesarias concedidas por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para que medios de transportes y transportistas puedan trasladar los perros, y de los cursos de capacitación de los encargados de los animales, desde el punto de vista del conocimiento del bienestar animal.
A este respecto, se ha verificado y, en su caso, denunciado, la falta de seguro de responsabilidad civil necesario para el empleo de rehalas en la actividad cinegética, "de cara a cubrir cualquier incidencia que se salde con daños a la propiedad o lesiones en las personas".
Por último, la Benemérita ha señalado que el control de las condiciones higiénico-sanitarias de las reses abatidas ha completado el procedimiento policial puesto en marcha para llevar a cabo "con altos índices de seguridad y garantías las distintas modalidades de caza mayor que se han celebrado en la provincia de Córdoba".
En este sentido, se han inspeccionado 112 cacerías entre monterías, ganchos y batidas de las 493 autorizadas por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, articulándose un total de 252 servicios, recayendo el mayor peso en el Seprona que se encuentra desplegado en la zona centro, norte y área de la Subbética.
Igualmente, la Guardia Civil ha realizado 906 actuaciones, de las que ha destacado 112 inspecciones de actividades cinegéticas, 468 controles, identificaciones de vehículos y personas y la denuncia de 267 infracciones administrativas.
En cuanto a los municipios donde se han realizado mayor número de actuaciones policiales, han destacado Hornachuelos con 157, Villaviciosa de Córdoba con 123 y Córdoba con 104. En cuanto a las infracciones detectadas, 106 que se corresponden a la vulneración de normativa reguladora de los animales de compañía y/o peligrosos, ocho se deben a infracciones en materia de armas, fundamentalmente en lo que respecta a llevar/poseer armas sin necesidad o sin justificar el motivo, respecto a los episodios de furtivismo tanto consumados o detectados antes de la ejecución.
El número mayor de infracciones apreciadas, concretamente 144, lo ha sido por vulneración de normativa reguladora de la actividad cinegética propiamente dicha, donde se han puesto de manifiesto situaciones como la caza sin licencia, caza sin seguro, cazar en línea de retranca o la caza de especies distintas a las autorizadas y cazar sin hacer uso de prenda de alta visibilidad obligatorio, introducido este último concepto por el nuevo Reglamento de Caza aprobado durante el año 2017, relativo a las normas de seguridad.
Desde el punto de vista penal, se han instruido un total de dos diligencias por la comisión de otros tantos delitos contra la fauna, vinculados con episodios de furtivismo.
Finalmente, se han intervenido un arma de fuego y cinco ciervos, todo ello ha sido puesto a disposición de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a resulta de la instrucción de los respectivos expedientes sancionadores o diligencias.
