CÓRDOBA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado, que pidió explicaciones al Gobierno de la Nación sobre la adjudicación del contrato de la limpieza del Río Guadalquivir a su paso por Córdoba, también ha pedido ahora explicaciones sobre otro contrato efectuado en Córdoba por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), pero que afecta también a otras provincias.
En declaraciones a Europa Press, Hurtado ha explicado que las nuevas preguntas que ha dirigido al Gobierno se refieren a "la contratación efectuada recientemente de la Tramitación de Expedientes de uso del Dominio Público Hidráulico en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Clave: CU(CO)-4633".
Este servicio, según ha señalado el diputado socialista, "ha sido adjudicado a una empresa privada, Paymacotas, y tiene por objeto la tramitación de expedientes sancionadores y de todas las solicitudes relacionadas con el Dominio Público Hidráulico. En concreto, se trata de redactar informes, respuestas a solicitudes y gestión de expedientes administrativos que posteriormente pasan a la firma de los funcionarios".
Hurtado considera "poco razonable y bastante inexplicable que una empresa privada maneje y gestione los expedientes administrativos", añadiendo que tampoco tiene sentido que, "si había que sacarlo a contratación externa, no se haya adjudicado a la empresa pública Tragsa".
Por todo ello, el diputado socialista ha registrado por escrito en el Congreso una batería de preguntas pidiendo explicaciones al Gobierno sobre este contrato. En concreto pregunta "¿por qué importe se le adjudicó a la empresa Paymacotas este servicio?, ¿cómo se adjudicó la prestación de este servicio?, ¿concurrieron otras empresas a la oferta pública?, ¿cuál hubiese sido el coste de este servicio si el adjudicatario hubiera sido la empresa pública Tragsa?" y "¿por qué no se adjudicó este trabajo a la empresa pública Tragsa?".
Por otra parte, también demanda al Gobierno explicaciones sobre el objeto de la contratación externa y pregunta, además, si "¿no es mas razonable y seguro, por el manejo de expedientes administrativos, que la tramitación de expedientes sancionadores o solicitudes con todo lo relacionado con el Dominio Público Hidráulico sea adjudicado, en todo caso, a una empresa pública y no a una privada?".
Por último, también pregunta Hurtado al Ejecutivo central "¿cuál es el trabajo concreto que realiza esta empresa privada conforme al contrato adjudicado?", si "¿no se deja así en manos privadas la defensa de los intereses públicos?" y si "¿no debería ser realizado este trabajo por funcionarios o empleados públicos?".
