15 de octubre de 2019
18 de septiembre de 2018

IGAE asegura que el sistema de los ERE ni agilizó las ayudas ni permitió la fiscalización

IGAE asegura que el sistema de los ERE ni agilizó las ayudas ni permitió la fiscalización
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El perito de la defensa de Antonio Fernández indica que si se ven las "anomalías" de un sistema tanto "los órganos de gestión como de control" tienen mecanismos para "corregirlas" Los miembros de la IGAE expresan que "no entienden por qué se cuestiona su independencia" por los peritos de partes

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), ha asegurado este martes que con el sistema de concesión de las subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos "no se ganó agilidad ni se permitía la fiscalización previa por parte del interventor delegado en la Consejería de Empleo" por el uso de las transferencias de financiación para allegar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Así lo ha manifestado Turrión en la sesión de tarde de este martes del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, cuyos fondos eran enviados a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación para la materialización del pago en virtud del convenio marco de julio 2001.

Turrión ha asegurado que el envío de fondos de Empleo a IFA/IDEA mediante transferencias de financiación "siempre" estuvo fiscalizados, "por contra" los expedientes de concesión de ayudas "ni estuvieron nunca fiscalizados ni podían estarlo en ningún caso porque faltaba el crédito presupuestario al haberse hecho las transferencias de financiación, por lo que se consumía el crédito".

"Si después se pretendía fiscalizar el expediente de subvención, no sólo no sería fiscalizado, sino que era imposible y sería devuelto", ha expuesto, recordando que esto "no ocurrió nunca, el envío de los expedientes al interventor delegado".

Para Juan Zornoza, uno de los dos peritos de parte propuesto por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, "una cosa es que no fueran fiscalizados los expedientes de concesión y otra es que no debiera serlo. Claro que podía ser fiscalizado y era un deber haber fiscalizado, no sólo una posibilidad".

"Es erróneo decir que el empleo de las transferencias de financiación impide la fiscalización previa, pues no hay disposición que lo impida", ha añadido Zornoza.

Turrión, que ha coincidido en que "obviamente" las subvenciones debieron ser fiscalizadas aunque "no lo fueron" por la falta de crédito, ha subrayado que el "único" conocimiento de la intervención de la falta de fiscalización se produjo a raíz de los informes del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA con respecto al ejercicio de 2003. "El interventor delegado no puede saberlo, no es adivino", ha resaltado. Viendo que "no pasaron por sus manos" y la única forma de conocerlo era pedirlos, solicitó a la Dirección General de Trabajo una veintena de expedientes que analizó y concluyó que se estaban concediendo subvenciones "prescidiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido", como también dice la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.

Ante esta situación, el catedrático Juan Ramallo, perito propuesto por la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, ha planteado "que no hubiese crédito no puede ser justificación, sería porque la Dirección General no presentó los expedientes a la intervención delegada o porque la Intervención General, que parece que conocía los expedientes porque los analizó, no los solicitó", ha dicho.

En este sentido, Turrión ha lanzado varias preguntas: "¿Dónde se fiscaliza la concesión de subvenciones, dónde está el crédito, dónde está la base reguladora de concesión, y los requisitos de los beneficiarios, quién ha comprobado que se cumplían las fases de la concesión de la subvención, dónde está la fiscalización de los requisitos?", respondiendo él mismo que "no se ha producido nada de esto".

Al respecto, ha explicado que "si no hubieran existido --en este sistema de concesión-- las transferencias de financiación, la Consejería de Empleo hubiera usado las subvenciones a empresas y a familias e instituciones sin fines de lucro, que se hubieran fiscalizados, como se hizo con las ayudas a Hamsa, las últimas legales", como dijo ayer.

Tras esta exposición, Turrión ha concluido: "¿Por qué se encomendó a IFA/IDEA el pago? ¿Era tan difícil pagar en la Consejería? La respuesta que hay en todos los expedientes de subvenciones es la agilidad en el pago pero es al contrario", precisando que "si la Consejería hubiese pagado era más sencillo, fácil y rápido".

Se optó por un sistema "menos ágil", según ha subrayado. ¿"Por qué no se hizo? No lo puedo saber pero la primera consecuencia del uso de las transferencias de financiación a IFA fue la ausencia de fiscalización previa", ha explicado, añadiendo que con el sistema usado "no se ganó agilidad ni se permitió la fiscalización del interventor". Entonces, "¿para qué se hizo?", se ha preguntado, afirmando que "lo tendría que decir quién lo creó".

En este sentido, José Ignacio López, perito propuesto por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ha comentado que "si se ve un sistema y sus anomalías deben adoptarse las medidas adecuadas para corregirlas y tanto los órganos de gestión como de control tienen mecanismos".

"NO POR REPETIR MÁS LAS COSAS SE ES MÁS INDEPENDIENTE"

Tras una larga intervención de Turrión, Juan Ramallo ha señalado que el hecho de que se pagara en IFA/IDEA no hace al sistema "ilegal ni supone que no se tuviera que intervenir" las subvenciones. Por tanto, para Ramallo, "habrá que ver si uno --Dirección General de Trabajo-- no envió los expedientes o el otro -Intervención--, que tenía obligación, no los pidió".

En este punto y sobre las intervenciones de la IGAE, ha afirmado que ellos -peritos judiciales-- son "independientes" pero "los únicos independientes son los miembros del tribunal", porque "todos somos peritos de parte. No podemos darle más veracidad ni independencia porque hablen más tiempo ni repitan más las cosas".

Turrión, ante estas palabras, ha dicho no entender "por qué se pone en duda su independencia", ya que fueron propuestos por la IGAE a solicitud del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

EN ABSOLUTO ERA LEGAL QUE IFA/IDEA PAGARA LAS AYUDAS"

Por otro lado, Turrión ha indicado que "en absoluto era legal que IFA/IDEA pagara las ayudas, porque para ello tenía que ser calificada como entidad colaboradora en la base reguladora de las subvenciones y no estaba habilitada para pagar". A este respecto, Juan Antonio Carrillo, perito propuesto por la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, IFA/IDEA podía pagar por "mandato" del Parlamento.

A preguntas del fiscal, Zornoza, propuesto por Antonio Lozano y Griñán, y Ramallo, por Magdalena Álvarez, no han querido pronunciarse "ante la hipótesis" de que el informe adicional del Control Financiero Permanente de IFA de 2003 que recogía el uso inadecuado de las transferencias y que las ayudas no eran fiscalizadas hubiese llegado al titular de la Consejería de Hacienda. El primero se ha abstenido porque ha analizado los hechos que conoce y el informe "no le fue remitido" a Griñán, mientras Ramallo ha señalado que Álvarez ya estaba fuera de la Consejería.

Por último, Turrión ha asegurado que el Consejo de Gobierno conoció a través de las memorias anuales de la Intervención General y de los acuerdos del Control Financiero Permanente, especialmente la memoria de 2007, la "problemática" de la "inadecuación" de las transferencias, pues la Intervención "advirtió de irregularidades en empresas públicas, entre ellas IFA/IDEA, por el uso de las transferencias de financiación".

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