SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha señalado este martes que el Gobierno andaluz "conoció la problemática" por el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulento y, a su vez, "no han encontrado --peritos de la IGAE-- actuación directa del Consejo de Gobierno para atajar esos problemas graves".
Además, ha asegurado que "no han encontrado actuación directa del Consejo de Gobierno para atajar los problemas graves" derivados del uso de las transferencias de financiación con cargo al programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo y que se recogen en la memoria anual que elaboraba la Intervención General de la Junta para el plan de actuación de Control Financiero Permanente en empresas públicas, entre ellas, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), encargada de materializar el pago de las subvenciones investigadas.
En la sesión de tarde de este martes del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los ERE entre los años 2001 y 2010, la acusación del PP-A ha abordado cuestiones como las modificaciones presupuestarias o la clasificación presupuestaria de los créditos.
Además, tras exhibición de las memorias anuales de la Intervención General remitidas al Consejo de Gobierno para la aprobación del plan anual de actuación del Control Financiero Permanente en empresas públicas, los abogados del PP-A han preguntado a los peritos de auxilio judicial de la IGAE por el conocimiento del Consejo de Gobierno a este respecto.
Así, Turrión ha señalado, en varias ocasiones, que el Consejo de Gobierno conoció esas memorias donde se apuntan "advertencias" por el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo, en las que incluso se habla de "incumplimientos" en la tramitación de la concesión de las subvenciones no imputables a las empresas públicas. Para Turrión, "incumplimientos, en boca de un auditor, significa no incumplimientos de la ley, cuando algo no es conforme a la ley".
Además, ha indicado que "no conoce ninguna medida" del Consejo de Gobierno, "conociendo estas irregularidades, según la acusación del PP-A, "para poner fin a lo que estaba sucediendo". "Que yo sepa no, ninguna medida concreta, hasta el año 2010 cuando deja de usar las transferencias de financiación por los conceptos presupuestarios adecuados, las subvenciones a empresas y familias y entidades sin fines de lucro".
Por su parte, para Juan Zornoza, el perito propuesto por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, considera que es "difícil" entender de la lectura de las memorias que existan advertencias sobre el uso de las transferencias de financiación, apuntando que para esto "existían instrumentos más precisos que no se usaron" como el informe de actuación, que está reglado y tiene que realizar el interventor general, aunque no existió.
EL CONSEJO DE GOBIERNO "HIZO LO QUE TENÍA QUE HACER"
Además, ha defendido que el Consejo de Gobierno cada año recogía medidas de mejoras en el control en el plan del Control Financiero Permanente, adoptando los acuerdos anuales. "Frente a estas deficiencias, el Consejo de Gobierno adoptó las medidas adecuadas, porque no tenía otro conocimiento -de la situación-- al no existir informe reglado por la Intervención General", ha añadido.
En ausencia de informe de actuación, el Consejo de Gobierno "hizo lo que tenía que hacer, acuerdos de Control Financiero Permanente para mejorar la eficiencia de los controles".
Los peritos propuestos por Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda, Juan de Dios Jiménez y Juan Antonio Carrillo han afirmado que las auditorias externas de IFA/IDEA "no recogían estas irregularidades, así como que las memorias de Control Financiero Permanente hablan del uso inadecuado", según Jiménez.
Un concepto el de inadecuado que, según Carrillo, es "un juicio de valor de un funcionario", que no dice que es "ilegal, porque las transferencias están en una Ley, la de Presupuestos, y no puede ser ilegal".
Antes de concluir la sesión de tarde de este martes, el tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha llamado la atención a los abogados de las defensas, después de que ante la pregunta de la acusación del PP-A quién aprobaba el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de IFA/IDEA, dirigida a los peritos, un letrado haya respondido "el Parlamento".
