Perito propuesto por Griñán advierte de que el informe de actuación "no existió" al no apreciar el interventor general riesgo de menoscabo
SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha señalado que la Intervención General debió emitir un informe de actuación después de conocerse "las irregularidades graves" recogidas en el informe adicional de 2005 del Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con respecto al ejercicio de 2003. "¿Cuántas cosas mal tenían que haber hecho el consejero de Empleo, el director general de Trabajo o IFA/IDEA para apreciar la existencia de menoscabo?".
Así se ha manifestado Turrión en la sesión de tarde de este martes en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los años 2001 y 2010.
El fiscal, tras el receso en la sesión de tarde, ha abierto un bloque de preguntas sobre el informe adicional elaborado por la Intervención General al informe de cumplimiento del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA con respecto al ejercicio de 2003 y conocido en 2005. En el informe adicional se recoge, según Turrión, un "cúmulo de 18 irregularidades graves" tras analizarse una muestra de 20 expedientes administrativos de concesión de ayudas y que fueron solicitados por el interventor delegado en Empleo a la Dirección General de Trabajo pues no fueron fiscalizados en su momento.
Para Turrión, la Intervención General debió emitir informe de actuación tras conocerse las irregularidades, entre las que se cita que en la concesión de las ayudas se prescindió "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
En este sentido, Juan Zornoza, perito propuesto por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ha señalado que "no hace juicios de valor" sobre si hubo o no riesgo de menoscabo en la concesión de las ayudas, al tiempo que ha asegurado que lo cierto es que ese informe de actuación "nunca llegó a existir y el consejero de Hacienda, entonces el propio Griñán, "nunca pudo conocerlo y elevarlo al Consejo de Gobierno".
"No hubo informe de actuación aunque a Turrión le hubiese gustado. Y no se produjo porque quien debió apreciar el riesgo de menoscabo, en este caso el interventor general, no lo advirtió, por lo que no debió ser tan evidente", ha afirmado Zornoza, para quien "todos acertamos la Quiniela los lunes. Es fácil ser sabio cuando han ocurrido las cosas", alertando de "un sesgo retrospectivo". "Ahora es fácil decir que existió riesgo de menoscabo", ha añadido.
Turrión, a este respecto, ha señalado la Intervención General de la Junta "no apreció riesgo de menoscabo en el entorno de los gastos de la entidad auditada y consideró que las irregularidades se generaban en la Dirección General de Trabajo y por ello no procedía el informe de actuación".
"ES DIFÍCIL ACUMULAR TANTAS IRREGULARIDADES"
Pero, según Turrión, "existiendo, al menos en 20 expedientes de concesión de ayudas que la Intervención General analizó, un cúmulo de 18 irregularidades graves, ¿qué más es necesario para al menos estimar la posibilidad de menoscabo?".
Ha reconocido que "es difícil acumular tanta irregularidades", precisando que el hecho de que se advirtiera de que se estaba "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido era suficiente para dar pie a pensar en el riesgo de menoscabo".
"¿Qué más tenía que pasar?, ¿cuántas cosas mal tenía que hacer el consejero de Empleo, el director general de Trabajo o IFA/IDEA para ver el interventor riesgo de menoscabo?", se ha preguntado Turrión, para quien "no se cumplió nada" de los requisitos para la concesión de las subvenciones.
Además, ha admitido que "nunca ha conocido un caso con más incumplimientos", lo que le hizo pensar que había riesgo de menoscabo.
Tras esta contundente intervención de Turrión, Zornoza, que ha defendido la actuación de los consejeros de Hacienda "haciendo lo que se podía hacer para adoptar acuerdos de mejora", ha aclarado que "si atendemos a los hechos recogidos sobre el expediente de Hytasal --uno de los 20 analizados por la intervención delegada-- se deduce una serie de irregularidades pero no se detecta menoscabo porque el dinero fue destinado a la finalidad prevista, el pago de ayudas sociolaborales".
CONCESIÓN DE AYUDAS SIN FONDOS
De otro lado, y después de que el fiscal preguntara si con un sistema "normal" no se puede asumir compromisos de concesión de subvención por encima del crédito presupuestado, por lo que si se hizo fue como consecuencia del uso de las transferencias de financiación, Turrión ha indicado que "el director general de Trabajo asumió por escrito o verbalmente compromisos de concesión de ayudas sin fondos, lo que se traducía en obligaciones de gasto para la Junta". A su juicio, esas ayudas, que se pagaban en años siguientes, se podían comprometer aunque no hubiese fondos "al usar un sistema que no es el legalmente previsto".
En este sentido, Juan Zornoza ha señalado que si se conoce que existía un procedimiento de concesión y un convenio marco, firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, por el que el ente pagaba las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, y convenios particulares, que recogen orden de pago a IFA, sin existir crédito, "si se hubiera sometido a la fiscalización previa los expedientes de concesión se hubiese detectado desde el minuto uno que el procedimiento estaba fuera del legalmente establecido".
En este contexto, "tenemos un problema y es que los actos de concesión tenían que haber sido sometido a fiscalización y haberse reparado", ha añadido Zornoza.
A este respecto, Juan Antonio Carrillo, perito de la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, ha precisado que no se puede establecer que por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido "signifique que esto se diera por haber firmado una servilleta de papel", porque puede haber trámites. "Pero si falta un trámite esencial, como la fiscalización, ya se puede afirmar esto", ha indicado.
Además, ha asegurado que "contraer compromisos por encima del crédito, lo que usted quiera, otra cosa es que se paguen". Sin embargo, Juan Ramallo, perito de parte propuesto por la defensa de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, ha señalado la concesión de ayudas de los ERE por encima del crédito presupuestado para tal fin eran "nulos de pleno derecho".
Según el artículo 39.2 del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía, "no podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior a su importe, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos que infrinjan esta norma". La respuesta es "clara", según Ramallo.
