Los impagados de Noriega buscan actuar en el concurso como el mayor acreedor y abrir la vía penal

Actualizado: martes, 16 noviembre 2010 20:35

CÓRDOBA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 empresarios de Córdoba, Málaga, Cádiz, Jaén, Huelva y Madrid, entre otras provincias, integrantes de la Plataforma de Impagados de Noriega, han acordado este martes en asamblea actuar en el concurso de acreedores de dicha sociedad del Grupo Sánchez-Ramade de forma conjunta, como el mayor acreedor, instando incluso la vía penal.

Esta es la pretensión de la comisión que hasta ahora ha dirigido las acciones de la plataforma, que ha manifestado su intención de dejar la defensa de los intereses de los afectados en manos de un único despacho de abogados, el de Álvaro Blanc, quien ha explicado a la asamblea, celebrada este martes en la capital cordobesa, que la clave para que el titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba que ha declarado el concurso les tenga en cuenta "en las decisiones" que adopte es que se personen en el procedimiento con una sola voz.

Para ello, han de sumar, al menos, el 51 por ciento de la deuda ordinaria (no hipotecaría) que la constructora del Grupo Sánchez-Ramade ha acumulado y no pagado, que puede ascender a unos 105 millones de euros, según ha dicho a los periodistas el mayor acreedor individual de Noriega, José Alamillo, un empresario afincado en Madrid al que se le deben más de 2,1 millones de euros y que no descarta tener que cerrar su empresa y despedir a más de 80 empleados.

Para Alamillo es evidente la necesidad de que la inmensa mayoría de las 950 empresas afectadas por el concurso intervengan en el mismo a través del mismo abogado, "porque con la fuerza de la unidad es como vamos a hacer que la familia Sánchez-Ramade pase miedo y vea que, al final, va a tener que pagar".

Por eso, lo mismo que se logró que el 92 por ciento de los acreedores comerciales (empresas de la construcción y relacionadas con dicho sector) aceptara una quita del 40 por ciento, en un convenio extrajudicial que no cuajó al no cerrar Sánchez-Ramade un acuerdo con los bancos, "ahora debe lograrse que sumemos el 51 por ciento de la deuda" para intervenir juntos en el concurso y lograr un convenio, que no una liquidación, favorable a los empresarios afectados.

VÍA PENAL

Cuestión importante en este proceso y así se ha destacado en la asamblea por numerosos empresarios, es que Sánchez-Ramade ha estado "engañando durante más de dos años a las empresas que trabajaban para ellos, refinanciando su deuda a costa" de estos pequeños y medianos empresarios que ahora deben reclamar su dinero en el ámbito judicial, cuando "Sánchez-Ramade tiene dinero de sobra para pagar lo que debe", según han recordado otros muchos acreedores durante la asamblea, en la que no se ha descartado que "Noriega intente comprar deuda", para así controlar el procedimiento concursal abierto.

Esa cuestión y la posibilidad de que, efectivamente, "se haya producido una actuación irregular en la gestión" en alguna de las cinco sociedades inmobiliarias y constructoras de Sánchez-Ramade, ahora inmersas en proceso concursal (Noriega entre ellas), y que dicha actuación las hubiera llevado a "a una situación de insolvencia", podría abrir la vía penal, según ha destacado en la asamblea el mencionado abogado Álvaro Blanc.

El letrado, quien ha aclarado que sólo puede hablar por ahora de hipótesis, hasta conocer con detalle la situación del concurso, ha recordado que "las insolvencias punibles y los delitos económicos, en general, son perseguibles de oficio, es decir, el propio juez puede librar testimonio y dar cuenta al fiscal" de que ha detectado indicios de delito.

En ese caso, en la Ley Concursal se prevé la posibilidad de que el juez adopte "medidas cautelares contra el patrimonio del administrador de la sociedad" en cuestión, lo que puede llegar a suponer "el embargo preventivo" de sus bienes, no ya societarios, sino también personales, e incluso puede el juez "dictar prisión provisional" para el administrador de la sociedad que presuntamente hubiera cometido delitos de carácter económico.