SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) - El Ministerio Fiscal indicó, entonces, que el interrogatorio a Fernández duraría previsiblemente dos sesiones más, necesitando una también su defensa, que ejercer el abogado Alfonso Martínez del Hoyo. Además, los fiscales han trasladado al magistrado presidente que para los otros tres investigados necesitarán entre dos y tres días. Por todo ello, el magistrado indicó que los primeros testigos serían citados desde el día 16 de abril. Tras los agentes, declarará como testigo, entre otros, el expresidente de IFA Salvador Durban. La declaración de Fernández se fue posponiendo por un problema de salud en la voz y cuyo estado aún marca el desarrollo de las sesiones, pues en diferentes ocasiones interrumpe sus respuestas para beber agua, así como ha solicitado al presidente del tribunal descansar. El fiscal durante el interrogatorio preguntó a éste si se planteó que el uso de las transferencias de financiación, usadas para allegar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, beneficiaba evitar el control previo o fiscalización de las ayudas. "Ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo", afirmó el exconsejero. De otro lado, señaló que, aunque la Dirección General de Trabajo se planteara entre los años 2003 y 2004 una orden más específica para regular las ayudas, "no era necesaria ni imprescindible", pues ya existía un reglamento general de subvenciones y de ayudas públicas -- decreto 254/2001 de 20 de noviembre, elaborado a iniciativa de las consejerías de Hacienda y Justicia-- , publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 24 de noviembre de 2001. Este reglamento, según explicó Fernández, regula las ayudas públicas excepcionales, como también prevé la normativa estatal, sin que sea obligatoria la concurrencia y publicidad. Sobre la normativa estatal, en concreto la Orden Ministerial de 1994 que regula las ayudas previas a la jubilación y la Orden de 1995 sobre las ayudas extraordinarias, afirmó que "han servido de modelo e inspiración" al concepto de ayudas que con fondos de la comunidad autónoma se gestionaron en Andalucía. El que también fuera presidente del IFA entre los años 2001 y 2003 insistió durante el interrogatorio que el Instituto ha tenido siempre una función "pagadora" en ayudas concedidas por la Consejería de Trabajo y de Empleo después y en su relación con otras consejerías. Fernández aseguró que "todo" lo que pasaba por el Consejo Rector del IFA "tenía un procedimiento que gozaba de presunción de legalidad, pues no iba nada que no fuera avalado por la asesoría jurídica y la dirección financiera del ente". Sobre la intervención de las compañías aseguradoras en la gestión de las ayudas, Fernández explicó que el beneficiario tenía que firmar su póliza con los otros trabajadores de la misma empresa afectados por el proceso de reconversión, "colectivizando el fondo". "La elección de la compañía era ajena a Empleo", matizó, añadiendo que la Junta pagaba la ayuda al trabajador, quien cedía el derecho del cobro de la misma a la entidad aseguradora, que garantizaba el pago hasta la edad de la jubilación ordinaria, cuando ya cobrarían la prestación de la Seguridad Social. La ayuda al trabajador, según Fernández, recogía el dinero a percibir (entre 1.100 y 1.300 euros) y el coste de la cuota a la Seguridad Social, un 20 por ciento, lo que ha supuesto "unos 200 millones a la Seguridad Social en concepto de cuota por convenio especial". Durante su declaración Fernández insistió en que "no ojeaba los convenios particulares de ayudas, no lo estudiaba con intensidad, pues en 2001 mi actividad no era atender este programa -- 31L-- , que no era el más importante". Precisamente llegó a afirmar que "no ordenó ni consintió" pagos para campañas de publicidad, al Servicio de Emergencias 112 o a despachos de abogados con cargo al 31L. "No he recibido en mis manos peticiones de empresarios por compromisos de la Dirección General de Trabajo, si se ha recibido ha sido en mi gabinete", comentó Fernández, quien señaló que su jefe de Gabinete, persona de máxima confianza, "muy posiblemente decidía" qué tenía que despachar el consejero y discernía qué documentos pasarle. En este punto, el fiscal mostró una carta de Fernández al ex director general de IFA Francisco Mencía (fallecido en diciembre de 2015), en la que le informaba que Leal, representante de la Asociación de trabajadores de Faja Pirítica, había trasladado el impago de las ayudas concedidas y le remite la información a Mencía para que las pague con cargo "al programa de Javier Guerrero", el 31L.
