SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Ignacio García Revilla, interventor adjunto a la Intervención General de la Junta, ha declarado este miércoles que se comunicó a la Consejería de Empleo en un informe lo que él ha llamado "un fraude de ley" en el sistema de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
García Revilla ha concluido este miércoles su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE entre 2001 y 2010.
Desde 1999 a 2010 el testigo fue interventor delegado de Control Financiero Permanente de entidades de derecho público, entre ellas, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente encargado de materializar el pago de las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo, quien allegaba fondos a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación con cargo al programa presupuestario 31L, en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA.
El Control Financiero Permanente realiza anualmente tres informes sobre IFA/IDEA, que en 2004 pasó de Empleo a Innovación, y éstos van dirigidos al ente auditado, a la Consejería de adscripción del mismo y a la Consejería de Hacienda, a la que estaba adscrita orgánicamente la Intervención General.
García Revilla ha señalado que a la Consejería de Empleo se hizo llegar el informe adicional realizado en 2005 al informe de cumplimiento de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA sobre el ejercicio de 2003, en el que se recogía que se estaba dando subvenciones "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", pese a que la Consejería de Empleo ya no era destinatario del mismo.
Pero, según García Revilla, las "irregularidades" detectadas en referencia al sistema de concesión de ayudas de los ERE eran achacables a Empleo y no a IFA/IDEA, que sólo tenía la obligación de materializar el pago de las mismas.
A juicio del testigo, el "mal llamado informe" era "una comunicación y una forma de dar salida a una situación en la que la Intervención se encontraba y para la que no tenía procedimiento establecido", esto es, trasladar las irregularidades detectadas a una entidad ajena al Control Financiero Permanente como era la Consejería de Empleo.
"Es una forma de comunicar a la Consejería de Empleo lo que consideramos inadecuado y que medidas debe tomar. Es una situación de urgencia. ¿Qué hago si es que estamos ante un fraude de ley?", ha manifestado en su defensa de la actuación de la Intervención con la realización del informe adicional en el que se pone de manifiesto "deficiencias" que van dirigidas a Empleo, añadiendo posteriormente que la Intervención General emitió "todos los informes a los que estaba legalmente obligado" durante el tiempo investigado.
En este sentido, ha precisado que no cabe que el Control Financiero Permanente emitiera un informe de actuación sobre estas irregularidades porque no eran responsabilidad del ente auditado, sino de Empleo.
"CUÁNTAS VECES HAY QUE DECIRLO"
García Revilla, que ha expuesto que la inadecuación del uso de las transferencias de financiación está en el órgano gestor, la Dirección General de Trabajo, y que las subvenciones no eran sometidas a la fiscalización previa en la Consejería de Empleo, ha explicado si el interventor delegado en Empleo fiscalizó de conformidad las transferencias de financiación es porque con la información que disponía no podía deducir que estas transferencias iban destinadas al pago de las ayudas.
"De haber tenido evidencias" en la documentación aportada por el órgano gestor para la fiscalización de que las transferencias eran para pagar subvenciones excepcionales, "las había reparado por inadecuación presupuestaria", ha asegurado, pues él defiende que las transferencias de financiación eran para financiar actividades propias de IFA/IDEA.
Al hilo de esto, ha aclarado que él "no abre cajones para fiscalizar", sino lo que mandan los órganos gestores es lo que se fiscaliza porque hay un procedimiento establecido, añadiendo que los expedientes de gastos de las subvenciones eran "ocultos" y estaban "fuera del circuito administrativo".
Además, en otro momento del interrogatorio, ha añadido que es "obligación" de la Consejería de Empleo someter a fiscalización previa la concesión de las subvenciones "antes de asumir el compromiso de pago con terceros" --beneficiarios--.
Este martes, el testigo, a preguntas del abogado del PP-A, afirmó estar "completamente de acuerdo con el ex interventor general Manuel Gómez, acusado en este procedimiento, en que el consejero de Hacienda, en referencia al expresidente de la Junta José Antonio Griñán, "podía haber intervenido en cualquier momento para parar esta situación" --en relación al sistema de ayudas y sus irregularidades--.
Por su parte, este miércoles, a la pregunta del abogado de Griñán de si existe alguna obligación legal del consejero de Hacienda derivada de la emisión de los informes de Control Financiero Permanente, García Revilla ha señalado que "obligación legal como tal, no".
No obstante, posteriormente, ha vuelto a reiterar que la Consejería de Hacienda podía actuar sin necesidad de un informe de la Intervención ante las posibles irregularidades, manifestando con anterioridad que en los informes de Control Financiero Permanente que elaboró, desde el año 2001 hasta 2008, "se repite año tras año lo mismo" --en referencia al uso de las transferencias de financiación--, y además en el informe adicional de 2003 se indican otras irregularidades, "cuántas veces hay que decirlo", ha exclamado.
García Revilla, que ha insistido en que en el Control Financiero Permanente no se detectó menoscabo de fondos públicos en la actuación de IFA/IDEA.
DISCULPAS DEL ABOGADO DE FERNÁNDEZ
La sesión de mañana de este miércoles, la número 69 del juicio, ha estado marcada por las disculpas expresas del abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández al tribunal y del recordatorio de éste a las partes de la prohibición de grabar las sesiones.
El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que ejerce la defensa de Fernández, ha querido dejar constancia de su "máxima consideración y respeto" al tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, en el ejercicio al derecho de defensa, que realiza "con libertad" y en el que "siempre atiende a las decisiones de la Presidencia".
"Si en ese ejercicio nos hemos excedido en algún momento en las formas lo lamentamos y presentamos nuestras sinceras excusas", ha manifestado Martínez del Hoyo en la primera intervención que ha tenido después de que este lunes el magistrado Calle Peña le advirtiera de que "no iba a tolerar que haga observaciones" en el ejercicio de su labor como presidente del tribunal.
De otro lado, el propio presidente del tribunal ha recordado a las partes al inicio de la sesión que las únicas grabaciones autorizadas en la sala son las oficiales y no se puede grabar con otros dispositivos, toda vez que este martes "saltó algo que parecía una grabación dentro de la sala", aunque no tenía la certeza de lo que pudiera ser.
