Afirma que la Dirección General de Trabajo "sabía" que estaba concediendo ayudas sin someterlas a fiscalización previa
SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRRESS) -
Teresa Arrieta, interventora adjunta a la Intervención General de la Junta desde 2005, ha manifestado este lunes que el sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos era "opaco al control", si bien ha precisado que no detectaron riesgo de menoscabo, "para nosotros siempre fueron irregularidades administrativas".
Arrieta, que desde 2005 hasta 2010 fue interventora adjunta a la Intervención General en el área de Control Financiero de entidades públicas, de Control Financiero Permanente, además de subvenciones y de Fondos Europeos y desde 2011 hasta la actualidad sigue como interventora adjunta a la Intervención en distintas áreas, ha declarado como testigo este lunes en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas investigadas entre 2001 y 2010.
En virtud del convenio marco de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Dirección General de Trabajo allegaba fondos del programa presupuestario 31L a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación para que el ente instrumental materializara el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo.
A juicio de Arrieta, el modo de conceder las ayudas era "opaco al control" porque "no se podía someter a la fiscalización previa en la Dirección General de Trabajo pues eran subvenciones sin expedientes de gastos asociados". Además, ha añadido que "tampoco" se podía someter al Control Financiero de Subvenciones ni al Control Financiero Permanente, régimen de fiscalización al que estaba sometido IFA/IDEA, porque "la concesión de las ayudas no está en el ámbito de IFA/IDEA".
En este sentido, ha precisado que estaba fuera del Control Financiero de Subvenciones, ya que éste se realizaba dentro de un plan anual de selección de subvenciones que estaban registradas y contabilizadas, y como las ayudas de los ERE no contaban con expedientes de gastos no podían ser contabilizadas y, por ello, no se podían someter a este régimen de control.
Además, ha asegurado que todo gasto de la Junta tiene que estar soportado por un expediente de gasto, resaltando que si se omite dicho expediente se omite la fiscalización previa.
Arrieta, que ha señalado que conoció el informe adicional de 2005 al informe de cumplimento de 2003 del Control Financiero Permanente, ha señalado que "los mismos problemas" que venían recogido en éste se seguían recogiendo en los informes del Control Financiero Permanente posteriores, donde, no obstante, no se detectaron riesgo de menoscabo.
En este sentido, ha afirmado que la Consejería de Empleo "podía haber hecho más" tras recibir el informe adicional de 2005, aunque el propio gestor "no necesita que se le diga más veces que estaba usando un procedimiento irregular".
Ha añadido que lo que se hizo en 2005 con el informe adicional es "quizás algo que no se debería haber hecho porque estaba fuera del ámbito del Control Financiero Permanente", insistiendo en que la Intervención General hizo "todo lo que debía".
En cuanto al uso "inadecuado" de las transferencias de financiación para allegar fondos a IFA/IDEA para pagar las ayudas, Arrieta ha señalado que la solución no estaba en la presupuestación, sino en la ejecución del gasto por la Dirección General de Trabajo, ya que "la concesión de las subvenciones estaban fuera de todo circuito".
No obstante, Arrieta ha afirmado que para ellos --interventores-- las deficiencias detectadas "siempre fueron irregularidades administrativas", no suponían riesgo de menoscabo de fondos públicos.
CONSECUENCIAS DEL USO DE LAS TRANSFERENCIAS
El representante del Ministerio Fiscal ha preguntado a Arrieta, si como dijera ante la Guardia Civil en su declaración como testigo, mantiene que las consecuencias del uso de las transferencias de financiación por la Dirección General de Trabajo para allegar fondos a IDEA para el pago de las ayudas fueron "pagar subvenciones sin procedimiento, el déficit presupuestario en las cuentas de IFA/IDEA y la elusión del control de la Intervención".
Preguntada por el abogado del exconsejero Antonio Fernández, ha manifestado que el órgano gestor, en este caso la Dirección General de Trabajo, "provocó un procedimiento ajeno a la intervención", pues lo que se somete a la intervención delegada de Empleo es el expediente de gasto de la transferencia de financiación, "en ningún momento el expediente de gasto de la subvención".
Era "por todos conocidos, incluso la propia Dirección General de Trabajo lo sabía, que no estaba sometiendo los expedientes de gastos de las subvenciones a la fiscalización previa", ha insistido.
"Conociendo que se no se podían fiscalizar los expedientes de gastos de las subvenciones, se seguían concediendo", ha afirmado al respecto, añadiendo que "un órgano gestor conoce sus obligaciones y es que toda propuesta de gasto tiene que estar sometida a fiscalización previa, no hay decírselo más".
En este sentido, ha continuado manifestando que "nada hubiese evitado" que la Dirección General de Trabajo hubiese concedido las subvenciones, como demuestra el desfase presupuestario, que era "conceder subvenciones por encima del presupuesto". "Poco le preocupaba a la Dirección General de Trabajo en la gestión la existencia o no de crédito", ha declarado Arrieta.
El "riesgo" de este mecanismo de concesión de ayudas era, a su juicio, que IDEA pudiera recibir órdenes de pago de subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo "fuera de procedimiento", ha asegurado Arrieta, que ha precisado que en la actuación de IDEA "no advirtió" riesgo de menoscabo.
De otro lado, ha afirmado que "poder se puede, pero no se debe" dar ayudas con carácter excepcional durante años con el uso del mismo supuesto, añadiendo que "lo lógico" hubiese sido una regulación de estas subvenciones. Como no hay, según ha precisado, se daban como subvenciones excepcionales, que también "tienen su propio procedimiento y requisitos".
COMIENZA LA DECLARACIÓN DE GARCÍA REVILLA
Tras Arrieta, ha comenzado a declarar como testigo Ignacio García Revilla, quien fuera interventor delegado de Control Financiero Permanente de entidades de derecho público entre 1999 y 2010, cuando pasó a ser interventor adjunto al interventor general en Control Financiero.
García Revilla, cuya declaración continuará este martes, ha explicado las diferencias entre fiscalización previa y Control Financiero Permanente. La primera se ejerce sobre el objeto de gasto en las consejerías y es un control previo a que se ejecute, así como existe justificación posterior del empleo del gasto.
El principal mecanismo de este sistema es la paralización de la ejecución o la suspensión de la actuación, mientras con el Control Financiero Permanente, que no puede suspender el gasto, a través de informes se manifiestan "deficiencias, irregularidades o salvedades" a solventar en el futuro por el ente auditado, así como las medidas a tomar.
Por su parte, en el Control Financiero Permanente, que se da en entes instrumentales, el gasto está ejecutado y pagado, siendo una actividad similar a las auditorias privadas.
Igualmente, ha abordado el régimen jurídico aplicable a las transferencias de financiación en la década investigada y ha diferenciado entre las transferencias de financiación de explotación, que equilibran la cuenta de ingresos y pérdidas de la entidad y busca asegurar la supervivencia de la misma, mientras las de capital estaban pensada para su propio plan de inversión.
