SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
IULV-CA ha exigido este miércoles al Gobierno andaluz que "pise el acelerador" para aplicar de manera efectiva la Ley de Función Social de la Vivienda, después de que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) suponga que se mantiene la "vigencia del 99,9 por ciento" de esa norma.
En rueda de prensa, la portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha expresado la "alegría" de su formación por que, tras esa sentencia, la "inmensa mayoría" de la ley --aprobada durante el Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU y recurrida por el Gobierno central-- queda "perfectamente en vigor y anclada en el ordenamiento constitucional", si bien el TC sí declara inconstitucional la disposición adicional primera relativa a la posibilidad de acometer la expropiación de uso de aquella vivienda vacía que no estuviese cumpliendo la función social.
Ha indicado que el TC no permite que en el ámbito autonómico se pueda llegar hasta ahí, por el "choque competencial" con la legislación estatal vigente y "no por la inconstitucionalidad" de la medida.
Inmaculada Nieto ha destacado además que el Tribunal Constitucional sí que considera constitucional la definición de vivienda deshabitada y la función social que se le considera atribuida a la vivienda y, por tanto, "mantiene intactas todas las medidas de inspección, fiscalización y de sanción para la entidades jurídicas que acumulan viviendas deshabitadas en sus manos y no las ponen a disposición del ejercicio efectivo del derecho a la vivienda digna".
Ha recalcado que el Gobierno andaluz tiene ahora que desarrollar un gran trabajo para el desarrollo efectivo de la ley, que es "potente y sigue haciendo mucha falta" en Andalucía, donde hay unas 700.000 viviendas vacías y hay que analizar cuáles estarían afectadas por la norma.
"Hay que hacer ese registro y comenzar las inspecciones y sancionar en aquellos casos en los que las viviendas están siendo utilizadas como un bien de mercado para engrosar la cuenta de beneficios de grandes empresas", según Inmaculada Nieto.
Por ello, ha insistido en que su formación exigirá a la Consejería de Fomento que lleve a cabo el desarrollo efectivo de toda la ley que no está afectada por la disposición adicional que sí ha sido considera inconstitucional por el TC.
