JAÉN, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe de Jaén, José María Casado, tras destacar que la sentencia en la que se condena a una madre de la localidad jiennense de Pozo Alcón por dar una bofetada a su hijo para después agarrarle y darle un tortazo es "de absoluta legalidad", admitió que también comparten que el alejamiento impuesto a esta mujer sobre el menor "hoy en día no tiene razón de ser", de ahí que afirmara que apoyan "por completo" la petición de indulto sobre la prohibición de acercamiento.
En declaraciones a los periodistas, Casado dejó claro, dada la trascendencia social de esta condena, que la Ley especifica que las agresiones a menores están castigadas en el Código Penal y que "no están justificadas en ninguna forma", por lo que tienen que ser penadas conforme al artículo 153 del Código Penal.
Sin embargo, el fiscal analizó que, en este caso en concreto, los hechos no tienen la gravedad necesaria como para imponer "penas importantes" y que, por tanto, velando por el interés del menor "es conveniente proponer el indulto de la pena de alejamiento que parece desmesurada". Así, mostró su convicción de que Justicia "ante la solicitud y el informe favorable de la Audiencia y el fiscal en su día lo concederá" y, mientras tanto, intentarán que la ejecución de la sentencia se suspenda hasta que se resuelva ese expediente.
Casado especificó que, independientemente de que se tenga que tramitar o no un expediente de indulto, las sentencias son ejecutivas, lo que hace que desde el ministerio público soliciten que se suspenda ese alejamiento hasta que haya una resolución del Gobierno.
Por lo demás, el fiscal jefe argumentó que la sentencia hace constar que la violencia sobre un menor "no es un derecho de los padres como corrección" y que, en cualquier caso, las medidas de corrección "no pueden ser violentas". "Cualquier lesión o maltrato a un hijo es delictivo, eso dice la sentencia, que es estrictamente jurídica", agregó.
En este punto, Casado incidió en que por imperativo legal esos hechos deben ser sancionados y las penas que les corresponden están ya fijadas y establecidas, si bien insistió en que, "desde luego, dadas las circunstancias, no parece apropiado que se mantenga el alejamiento, fundamentalmente por el interés del menor, la familia y los hermanos".
"No debería haberse decretado el alejamiento, salvo, que claro, la Ley lo impone y lo que no podemos hacer como aplicadores de la Ley es no imponerla si se nos dice en el Código Penal que existe esa pena y que hay que imponerla", fundamentó el fiscal jefe, quien añadió que, no obstante, hay otros mecanismos jurídicos para evitar que se ejecute, es decir, el indulto.
