JAEN, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El perito designado por el juzgado para analizar las medidas correctoras medioambientales aplicadas a las empresas del polígono industrial de Pegalajar (Jaén) ha iniciado esta semana la elaboración de los informes solicitados.
Según informaron a Europa Press fuentes del despacho de abogados Marín Hortelano, que representa a la mayor parte de los empresarios afectados, el perito ya ha estado realizando las mediciones y comprobaciones para determinar los niveles de emisiones contaminantes después de que en estas naves se hayan aplicado las medidas correctoras pertinentes.
El perito judicial trabaja en este asunto después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Jaén suspendió a finales de 2005 la resolución de cierre de las naves del polígono dictada por el Ayuntamiento de la localidad, de modo que las naves del polígono industrial continúan abiertas hasta que se compruebe el grado de ejecución de la normativa de impacto medioambiental.
Fue el pasado 9 de noviembre cuando un grupo de empresarios del polígono industrial de Pegalajar afectados por la orden de cierre decidió impugnar la resolución de Alcaldía que les concedió un plazo de 48 horas para clausurar sus empresas.
El Ayuntamiento empezó a notificar el cierre a las empresas del polígono industrial que no tienen licencia, después de que recibiera el requerimiento del juzgado para que procediera a la ejecución inmediata de la sentencia que obligaba a la clausura de las empresas que no cumplían la normativa.
LOS HECHOS
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideró que el cumplimiento del fallo dictado en primera instancia en diciembre de 2003 "no ha quedado satisfecho en modo alguno" con las actuaciones impulsadas durante este tiempo por el Ayuntamiento para regularizar la situación de esas empresas.
En este sentido, el TSJA apunta que las actuaciones del Consistorio "parecen haberse limitado a solicitar un informe de la Delegación de Medio Ambiente y a la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento".
Respecto a las emisiones contaminantes, recuerda que el 23 de septiembre de 2004 se concedió a las empresas un plazo de dos meses --"que se ha cumplido con creces"-- para ejecutar las medidas correctoras fijadas en el citado informe.
Así las cosas, el TSJA decidió revocar el auto de 18 de marzo de 2005 en el que se concedía al Ayuntamiento un plazo de dos años para la ejecución de la sentencia y ordenó al juzgado que exigiera al Consistorio iniciar un expediente para comprobar qué empresas tenían licencia y cuáles no.
Las que no tuvieran --prácticamente todas-- tendrían que ser cerradas y las que sí contaran con autorización se verían obligadas a cumplir las medidas pertinentes contra ruidos y emisiones de gases.
