SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez, uno de los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz enjuiciados en la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, no ha ratificado este lunes la declaración que realizó ante la juez Mercedes Alaya los días 3 y 4 de julio de 2012 porque se desarrolló en "dos días intensos con jornadas de mañana y tarde con una presión muy fuerte".
Márquez, que ostentó el cargo entre abril de 2008 y abril de 2010, durante su interrogatorio, ha señalado al inicio de su interrogatorio en la decimoctava sesión de la vista oral que sólo contestaría a su letrado y al tribunal. Por tal motivo, el Ministerio Público ha interesado la lectura de la declaración del ex director general ante la juez Mercedes Alaya, quien inició la instrucción de la causa de los ERE.
Concluida tras casi cuatro horas la lectura del acta de su declaración, Márquez ha indicado que, "en términos generales, no se ratifica", precisando que "hay cosas que comparto y otras que no".
El ex director general de Trabajo, para quien la Fiscalía solicita ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, defendió ante la juez instructora la legalidad del sistema de ayudas investigadas, aunque reconoció que no conocía el contenido del convenio marco" firmado entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Consejería de Empleo en 2001 para la concesión de tales ayudas, pues "ni lo leyó, ni lo estudió ni lo analizó".
A preguntas de la juez, el imputado contestó que "no llegó a conocer el contenido del convenio marco a lo largo de su etapa como director general", pues "tan sólo tenía un conocimiento global". Márquez aseguró que recibió "indicaciones" por parte del entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, para "dar cobertura administrativa a los compromisos ya adquiridos", a lo que se suma que el propio exconsejero le dijo que "donde no hubiera convenio, que lo hubiera".
Alaya le preguntó igualmente si no le preocupaba la legalidad del procedimiento, a lo que contestó que "no" porque lo que le preocupaban "eran los temas financieros", y señaló que fue en febrero de 2009 cuando "se hizo una idea del déficit administrativo existente en la Dirección General de Trabajo".
De este modo, puso el referido "déficit administrativo" en conocimiento del exconsejero y del entonces viceconcejero del ramo, Agustín Barberá, a lo que les comunicó este extremo de forma verbal en las reuniones que mantenían los lunes.
SIGUIÓ EL PROCEDIMIENTO QUE HABÍA, QUE CONSIDERABA "LEGAL"
Entonces recibió instrucciones del consejero en el sentido de "poner orden administrativo e iniciar los convenios para dar cobertura administrativa donde existieran ya compromisos de pago asumidos, pues había trabajadores que dependían de esas ayudas previamente comprometidas".
Márquez, preguntado por las directrices verbales que recibió en materia de ayudas sociolaborales y de ayudas directas a empresas y por parte de quién, dijo que la recibió por parte de IDEA a través de un correo electrónico Antonio Diz-Lois --responsable de finanzas de la agencia--. Además mantuvo una reunión con su antecesor, Francisco Javier Guerrero, quien le explicó el procedimiento que se seguía y las instrucciones para la concesión de ayudas, sin distinguir entre ayudas sociolaborales y ayudas directas.
Explicó que en mayo de 2009 tomó la decisión personal de encargar un informe a Garrigues sobre la legalidad del procedimiento de concesión de ayudas, al tiempo que desconocía el uso de las transferencias de financiación, que conoció a raíz de este proceso judicial. Tampoco tenía conocimiento jurídico sobre la Ley General de Subvenciones para la concesión de ayudas y "se limitó a seguir el procedimiento que había, que lo consideraba legal". En este sentido, indicó que la norma en la Consejería era acudir a asesores externos, dado el trabajo que pesaba sobre el Gabinete Jurídico del consejero.
Sobre la eliminación de la fiscalización previa del gasto, señaló que comentó con el consejero que la fiscalización previa "ralentizaba" el procedimiento de concesión de las ayudas y que no así la justificación del pago del 75 por ciento antes del pago del 25 por ciento restante.
Márquez tuvo conocimiento "por primera vez, a primeros del 2010, cuando lee el informe del Gabinete del Consejero en diciembre de 2009, --a raíz del citado informe de Garrigues--, que el procedimiento anterior no era el adecuado". "No cree que la intención de la Consejería de Empleo haya sido evitar la fiscalización previa para ocultar nada", aseguró.
Preguntado por si se realizaba una fiscalización previa de las ayudas, Márquez dijo que "no lo sabía, porque para eso estaban los funcionarios; yo soy un político", tras lo que aseguró que "no he visto un interventor en mi vida".
Sobre las ayudas sociolaborales y la existencia de un absoluto vacío normativo en la legislación autonómica en materia de desarrollo reglamentario, Márquez admitió que no existía una norma específica para la concesión de ayudas, pero "sí unas instrucciones verbales en el marco de la concertación social, con los agentes sociales, con los sindicatos, etc.".
Asimismo, dijo que él no dirigía la Dirección General de Trabajo, sino que la "coordinaba", y, preguntado sobre si el procedimiento de las ayudas lo conocían el presidente de la Junta y el resto del Gobierno andaluz, tal y como dijo Fernández, ha aseverado que "si lo ha dicho Fernández, será así".
LA CONCESIÓN DE AYUDAS, "VOZ POPULI"
Además, Márquez señaló en su declaración que "creía que la concesión de las ayudas era "voz populi", ya que era conocida por los grupos políticos, el Parlamento, los sindicatos y la representación de los empresarios".
De otro lado, precisó que en el "reducido" tiempo que estuvo en la Dirección General, "muchas de las ayudas ya venían previamente concedidas" y que concedió "pocas ayudas". "Cuando las ayudas eran por cantidades significativas, superiores a 500.000 euros, solicitaba la autorización del consejero y el viceconsejero antes de su concesión", añadió.
De otro lado, el imputado puso de manifiesto, en relación a las ayudas directas a empresas, que "no tuvo en cuenta la legislación europea porque no la conocía".
Aseguró entonces que, durante dos mudanzas de la Dirección General dentro del edificio de la Consejería de Empleo realizadas a finales de 2008 y en 2009, "unos expedientes se mandaron a los servicios centrales y otros se destruyeron", aunque no ha sabido concretar de qué expedientes se trata ni con qué criterio se mandaron destruir.
Asimismo, Márquez, a quien se le cuestionó por parte de la Fiscalía en su declaración ante Alaya por diferentes ayudas concretas a empresas, señaló que no comprobaba si las solicitudes de ayudas eran correctas "porque le daba presunción de veracidad", así como admitió haber concedido ayudas sociolaborales cuando era consciente de que iban destinadas a empresas, un criterio que decidieron entre él mismo y el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández.
El interrogatorio a Márquez continuará este martes por la mañana con la respuesta a las preguntas de su abogado, Manuel Pérez Cuajares.
De otro lado, al inicio de la sesión de tarde de este lunes el abogado del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, ausente en el juicio desde hace semanas por lesiones en sus extremidades inferiores, ha presentado un informe médico que recomienda al ex alto cargo de la Junta reposo aunque el letrado ha señalado que ya podría venir el próximo lunes a declarar.
