SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta y dentro de la pieza separada de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha citado de nuevo a declarar como investigado para el próximo 11 de octubre al ex director general de la extinta fundación Fernando Villén Rueda, a petición de la representación procesal de la Junta.
Fuentes del caso han informado a Europa Press que la juez instructora ha citado para que preste declaración el próximo 11 de octubre a Fernando Villén, prueba solicitada por la Junta de Andalucía, una vez que ha remitido la documentación requerida al mismo y podría contener hechos con carácter presuntamente delictivos, como "malversación y/o apropiación indebida".
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, calificó en comisión parlamentaria de "lamentable y deleznable" de confirmándose el uso de una tarjeta de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para realizar un total de 15 pagos sucesivos por valor de 14.737 euros entre las 20,57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 02,43 horas del 23 de marzo de 2010 en un club de alterne de la capital sevillana, que fueron "abonados en metálico a los pocos días", por lo que el cargo en sí no se hizo.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción, en la pieza separada de los cursos de formación que investiga las irregularidades en la extinta Fundación, considera que esta entidad realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, contratos que "supondrían una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".
La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.
INVESTIGAN LAS CUENTAS Y LOS CORREOS DE LA FAFFE
De otro lado, las citadas fuentes han explicado que de forma paralela los agentes del Instituto Armado, al frente de la investigación, trabajan en el análisis de las cuentas de la Fundación, informe que deberán remitir al Juzgado de Instrucción número 6.
Igualmente, el pasado mes de junio, la juez instructora acordó abrir pieza separada para investigar los correos electrónicos de 66 personas, entre directivos y técnicos, de la Fundación, actuaciones que declaró secretas.
Este Juzgado solicitó del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la remisión de toda la información que pueda tener, tanto en sus archivos como en posibles servidores
informáticos y/o copias de seguridad, que se refiera a las comunicaciones mantenidas desde las cuentas de correo electrónico (dominio @faffe.es, que posteriormente podría haber sido sustituido por el dominio @juntadeandalucia.es), pertenecientes a Faffe, de las personas y/o departamentos que hubieran mantenido en el seno de la extinta Fundación del personal que se relacionaba desde enero de 2.009 hasta su extinción. Dicha información fue recibida con fecha 30 de mayo de 2018.
Así, la juez señala en un auto del pasado mes de junio que de lo actuado hasta la fecha en las presentes diligencias se desprenden indicios de la comisión de un delito "racionales y bastantes" que permiten sostener indiciariamente la posible perpetración de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Para la instructora, el análisis del disco duro resulta una medida "idónea" para obtener elementos de comprobación de los delitos por los que se siguen las presentes actuaciones, atendiendo a que la propia índole de los mismos implica la utilización de ordenadores y dispositivos de almacenamiento de datos, comunicaciones a través de correos que habrían podido mantener los investigados entre sí y con terceros.
Al mismo tiempo, resulta tal medida "necesaria", en cuanto que no hay otra
manera de acceder a la información contenida en correos electrónicos, información que pudiera llevarnos a la comprobación de los delitos objeto de la presente causa; siendo, por último, una medida "proporcionada", atendiendo a la gravedad de los hechos investigados, la relevancia de los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales cuya comisión resulta indiciariamente de las actuaciones, así como a las penas con que el Código Penal castiga estas conductas.
Así, señaló para el pasado 14 de junio la expedición de copia a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, debiendo el técnico que se designe al
efecto de la UCO proporcionar el equipo y medios necesarios para realizar una copia de la información que consta en el disco duro depositado en este juzgado
y bajo custodia del letrado de la Administración de Justicia y que corresponde con los correos electrónicos de 66 personas, pertenecientes a Faffe, entre las que se encuentran el exdirector general Fernando Villén, su hermano Manuel Villén, también exdirectivo de la Fundación, así como otros responsables, secretarios, técnicos, mandos intermedios, jefes de área o gerentes provinciales.
Del informe que presente la UCO a la juez se dará traslado a las partes a efectos de alegaciones, exclusivamente de los contenidos relevantes para la presente investigación que puedan figurar en los datos extraídos de las siguientes direcciones de correo analizadas.
