Además son investigados los responsables de la asociación de extrabajadores y José González Mata de Uniter
SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, comandado por la juez María Núñez Bolaños y encargado de indagar las ayudas sociolaborales y subvenciones directas derivadas de la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, mediante la que fueron sufragados expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos o innecesarios, ha ordenado que presten declaración como investigados por las ayudas a los extrabajadores de la empresa González Byass los exdirectores generales de Trabajo de la Junta Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.
A través de un auto emitido el pasado 22 de mayo y recogido por Europa Press, la juez María Núñez Bolaños aborda la pieza separada incoada por dicha instancia judicial en diciembre de 2016, respecto a las ayudas sociolaborales concedidas en 2008 por la Administración andaluza a la asociación de antiguos trabajadores de la empresa jerezana González Byass.
Estas ayudas, en ese sentido, se encuadran en las subvenciones e incentivos directos a empresas que la Administración andaluza habría concedido al margen de la preceptiva fiscalización y publicidad oficial.
En su auto, la juez da cuenta de que el pasado 10 de mayo, la Fiscalía solicitó citar como investigados en esta pieza concreta, relativa a las ayudas sociolaborales a los extrabajadores de González Byass, al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez; al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y al que también fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera.
EL JUICIO DE LOS ERE
Todos ellos, por cierto, están siendo actualmente juzgados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, a cuenta del procedimiento administrativo específico mediante el cual fueron orquestadas las subvenciones investigadas, es decir el sistema mediante el que tales ayudas eran canalizadas sin que se hubiesen cumplido supuestamente todos los requisitos en materia de fiscalización y publicidad.
Según la Fiscalía, Juan Márquez, como director general de Trabajo, fue quien firmó el convenio de 2008 entre su departamento y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), para el abono de las ayudas sociolaborales a los extrabajadores de González Byass, dictando en 2009 la orden de pagar 209.450 euros para estos exempleados.
En cuanto a Agustín Barbera, según la Fiscalía, como viceconsejero de Empleo, dio "visto bueno a la orden de pago y sabía por su cargo del uso de las transferencias de financiación y falta de fiscalización la intervención delegada", mientras Daniel Alberto Rivera ordenó ya en 2010 "el pago a la agencia IDEA de 500.000 euros" para ayudas sociolaborales a estos extrabajadores.
MÁS INVESTIGADOS
Además, reclamaba la Fiscalía que declarasen como investigados los miembros de la junta gestora de la Asociación de extrabajadores de 11 de abril de 2008, es decir de exempleados de González Byass, y del comité de empresa de la citada compañía, cuatro hombres en total. Igualmente, la Fiscalía solicitaba que prestase declaración como investigado José González Mata, dueño de la consultora Uniter, abogando por declarar como responsables subsidiarios a la asociación de extrabajadores y a la citada consultora.
Dado el caso, y mediante este auto de fecha 22 de mayo, la juez Núñes Bolaños ordena citar como investigados a Juan Márquez, Agustín Barberá y Daniel Alberto Rivera, todos ellos juzgados actualmente por el sistema específico mediante el que fueron orquestadas las ayudas de los ERE.
Igualmente, la juez cita directamente como investigados para el 7 de febrero de 2019 a los cuatro citados responsables de la asociación de extrabajadores y otrora miembros del comité de empresa de González Byass, así como a José González Mata.
