SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha apostado este jueves por impulsar un "marco regulatorio y de seguridad" que permita fomentar y atraer inversiones para la minería, que la Junta de Andalucía considera un "sector industrial prioritario" para la comunidad autónoma.
Así lo ha expuesto el consejero en respuesta a una pregunta que en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, le ha formulado el diputado de Vox Benito Morillo, quien ha preguntado "qué medidas piensa adoptar el Consejo de Gobierno al objeto de que no se vuelvan a repetir las numerosas anulaciones judiciales en el sector minero que están perjudicando gravemente a esta parte del sector primario andaluz", y al respecto ha aludido a la sentencia del Tribunal Supremo que confirma una anterior del TSJA que anula la adjudicación de los derechos mineros de Puebla de Guzmán y Paymogo (Huelva) a Minas de Aguas Teñidas (Matsa).
El titular andaluz de Industria ha lamentado que la "ventaja natural" que posee Andalucía para "generar riqueza y empleo aprovechando recursos mineros queda trabada por la inseguridad jurídica y la judicialización hasta la última instancia", y frente a ello ha defendido medidas que está adoptando el Gobierno andaluz, como la de promover una "simplificación administrativa y revisión de los procedimientos que nos permita tener nuevos procedimientos más simples y coordinados que proporcionen mayor transparencia y seguridad jurídica a los inversores, y a los funcionarios y empleados públicos de la Junta que, de manera incomprensible, se han visto envueltos en muchos casos en procesos judiciales que seguro que no eran responsabilidad de ellos".
Además, "tenemos que revisar y definir mejor los pliegos de condiciones por parte de los servicios jurídicos de la Junta", según ha continuado Bravo, que ha garantizado que el Gobierno andaluz trabajará "con pliegos más ajustados".
Ha subrayado que la minería es "un sector industrial prioritario, estratégico para Andalucía, con un potencial de crecimiento muy relevante" y en cuya producción la comunidad es "líder, con un valor superior a 1.300 millones de euros" y, "como tal, generador de empleo y riqueza", pero que "tiene que estar amparado en la transparencia y la seguridad jurídica", según ha apostillado.
En esa línea, el consejero ha apostado por que la minería "cuente con un marco regulatorio y de seguridad que permita fomentar su desarrollo y atraer nuevas inversiones, con la exigencia a las empresas de hacer las cosas bien".
Finalmente, se ha comprometido a que desde la Junta se pondrá "en conocimiento de la Fiscalía y de los juzgados cualquier irregularidad" que se pudiera detectar, sea "del tipo que sea" y "afecte a quien afecte, tan pronto tengamos conocimiento de ello", y ha animado a comunicar dichas posibles irregularidades "a quien las pueda conocer".
VOX ADVIERTE DEL IMPACTO DE LA "INSEGURIDAD JURÍDICA" EN LA MINERÍA
Por su parte, el diputado de Vox Benito Morillo se ha referido al caso de Matsa como "un nuevo episodio de la serie titulada 'PSOE, 36 años de aquí no hay quien viva", donde "se constatan corruptelas varias" de las que "quien sale perjudicado, además de la clase política, son aquellos a los que la izquierda defiende con gran fervor y entusiasmo, que es la clase trabajadora; en este caso, 43.000 mineros y funcionarios públicos que ven cómo la inseguridad jurídica a la que están sometidos no hace otra cosa que contribuir a la merma de un sector ya de por sí en crisis".
Ha defendido que es "una obligación moral con todos los andaluces" por parte del "Gobierno del cambio" que "denuncie, persiga y corrija, además de llevar a Fiscalía, a todas conductas ilegales cometidas" por la anterior administración socialista y que sean "constitutivas de delito" para que "esta tierra recupere la confianza en la clase política y devolver la certidumbre al enorme potencial que Andalucía posee y que la anterior administración, a base de clientelismo, enchufismo y corruptela, ha ido cercenando".
