SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha acusado este martes al PSOE-A de "esperar" cuando gobernaba la Junta de Andalucía a que "hubiera fallecimientos" para incorporar nuevos usuarios al sistema de dependencia.
Así lo ha apuntado la consejera en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, que ha aprobado este martes el acuerdo por el que su departamento priorizará los expedientes de personas menores de 21 y mayores de 80 años para el acceso a los recursos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, independientemente del orden de incoación de los mismos.
La consejera se ha referido a diversos "cuellos de botella" que se daban en el sistema de atención a la dependencia en la anterior etapa socialista de la Administración autonómica, y ha explicado que, "en cuatro años, la inversión en dependencia era de 9,7 millones, no se cubrían las vacantes y la lista de espera estaba parada", de forma que "el sistema de entrada en la dependencia era estanco".
"Esperaban (el anterior Gobierno) a que hubiera fallecimientos" para que entraran nuevas personas en el sistema, "esa era la política del PSOE", ha afirmado la consejera, quien, posteriormente, y a preguntas de los periodistas, ha apuntado que desde el Ejecutivo actual están elaborando un "informe" sobre esta cuestión y "cuando tengamos los datos los aportaremos".
Sobre el acuerdo adoptado por el Consejo, Ruiz ha explicado que se circunscribe al ejercicio 2019 y no supondrá un coste adicional en los presupuestos consignados, según ha defendido la consejera, quien ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es dar respuesta a las personas en situación de dependencia sin prestación reconocida, especialmente en el caso de colectivos de "especial vulnerabilidad" derivada del ciclo vital en que se encuentran y que requieren necesidades especiales de atención para desenvolverse y ejercer sus derechos.
En concreto, se refiere a las nuevas incorporaciones al sistema de las personas menores de 21 años, especialmente con dependencia severa (Grado II) o gran dependencia (Grado III), y a las personas mayores de 80 años, principalmente con dependencia moderada (Grado I).
Según datos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), a fecha del pasado 31 de mayo, un total de 20.313 personas mayores de 80 años tenían reconocido el Grado I, pero no se les había realizado su Plan Individual de Atención (PIA). De ellas, 9.186 llevan sufriendo una espera de más de dos años, según ha señalado la consejera Rocío Ruiz.
PLAN DE CHOQUE
La titular de Igualdad ha recordado que, con fecha del pasado 1 de abril, la Junta puso en marcha un plan de choque, con una inversión de 77 millones de euros, destinado a la reducción del tiempo de respuesta asistencial en materia de Dependencia.
Gracias a dicho plan, según ha valorado, 2.858 personas se han incorporado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante el primer mes del mismo, lo que supone un incremento del 78% de las altas de personas beneficiarias en comparación con el mismo periodo del año anterior, es decir, 1.255 personas más.
En concreto, la consejera ha destacado que, el 30 de abril de 2018, había 2.292 personas menores de 21 años pendientes de recibir una prestación según su PIA, mientras que, un año después, el 30 de abril de 2019, eran 2.066 las personas, coincidiendo con el primer mes de la puesta en marcha del plan de choque. Por otra parte, los mayores de 80 años en esta misma situación pasaron de 22.764 a 20.454 en el mismo periodo.
En cuanto a las personas beneficiarias, el plan de choque de Dependencia ha supuesto que los menores de 21 años hayan pasado de 16.802 a 18.337 en la comparativa entre ambas fechas y los mayores de 80 años, de 22.158 a 23.416, según ha abundado Ruiz.
En el caso de las personas menores de 21 años, desde la Junta argumentan que se hace necesario tratar con carácter preferente tanto a las que ya tienen reconocido un grado de dependencia como a las que aún no están valoradas para que, posteriormente, se les pueda asignar un recurso del sistema.
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar se prevé como el "recurso más adecuado" para que estas personas desarrollen su vida en un contexto cercano. De hecho, las enseñanzas que se imparten en centros específicos de educación especial pueden prolongarse hasta los 21 años, según explican desde la Junta.
PERSONAS MAYORES
Por otra parte, las personas mayores de 80 años con Grado I destacan por su mayor volumen dentro del gran número de usuarios valorados con grado reconocido pero que todavía tienen pendiente su PIA y que se les asigne un servicio o prestación del catálogo de la Ley de Dependencia.
En este caso, se ha tenido en cuenta el mayor riesgo de dependencia dada la fragilidad de esta etapa vital, por lo que, para la Junta, adquieren especial importancia las actuaciones encaminadas a frenar el descenso gradual de las capacidades y destrezas a nivel físico e intelectual.
Las acciones derivadas de esta priorización de expedientes se harán extensivas a todos los niveles de atención y profesionales implicados; es decir, la detección de la situación por parte de los servicios sociales o sanitarios, la valoración de la situación de dependencia y la prestación de servicios.
Con el objetivo de que pueda conocerse la eficacia de la medida adoptada, se ha previsto un seguimiento de los resultados obtenidos en los tres meses siguientes a su finalización, según ha anunciado la consejera.
