GRANADA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y tras la reunión de la Comisión de Valoración, ha aprobado una nueva partida de 2,7 millones de euros para ayudas económicas a familias sin recursos de la provincia de Granada.
En concreto, 1.144 nuevas familias se beneficiarán del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, más conocido como Salario Social, que permite a unidades familiares percibir el Ingreso Mínimo de Solidaridad durante seis meses, informa la Junta en una nota.
Esta partida económica viene a sumarse a la aprobada el pasado mes de febrero, con un montante de 1,4 millones de euros y a los 1,5 millones de euros aprobados el pasado mes de marzo, así como a las aprobadas en el último semestre del año 2013 que alcanzaron los 5,4 millones de euros, lo que hace un total de algo más de 11 millones de euros los dirigidos a este fin.
Estos datos han sido dados a conocer por la delegada del Gobierno, Sandra García, junto con el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio Almagro, al término de la reunión de la tercera comisión de valoración, que está integrada por distintas áreas de la Junta de Andalucía, Diputación y representantes del empresariado y sindicatos.
En la Comisión de Valoración se han dado cuenta de los expedientes aprobados que recibirán la prestación durante los próximos seis meses. En total 1.144 familias granadinas, con dos miembros de media por familia.
INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD
El Ingreso Mínimo de Solidaridad es una prestación económica destinada a garantizar la inserción social de aquellas personas que conforman las unidades familiares que por carecer de recursos económicos suficientes no puedan atender sus necesidades básicas.
La cuantía será equivalente al 62 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual, para personas individuales, más un complemento del 8 por ciento del SMI aplicable por cada miembro de la unidad familiar. Esta ayuda tiene una duración de seis meses no prorrogables.
El cobro de la ayuda llevará aparejado el apoyo personal y la atención individualizada, por parte de los Servicios Sociales, en función de las necesidades del beneficiario y de su familia, así como el compromiso por parte del mismo de participar en las actividades definidas como necesarias para su inserción social que se exigen a los integrantes de las Unidades Familiares para poder ser beneficiario de ésta ayuda.
La comisión celebrada ha aprobado los diferentes compromisos de inserción que deben cumplir los beneficiarios del mismo, en concreto relativos a la escolarización y asistencia regular a clase, a asistencia a cursos de educación de adultos; al control sanitario familiar, a mejorar las condiciones de las viviendas; a participar en los proyectos de economía social y de inserción, y a asistir a acciones formativas adecuadas para potenciar sus posibilidades de inserción laboral. En esta ocasión las familias con medidas significan el 60 por ciento del total.
Periódicamente se llevan a cabo reuniones con los directores de centros sociales de la provincia y coordinadores del programa de salario social, en la que se establecen los criterios de urgencia social que llevan a las administraciones a agilizar los procedimientos para hacer efectivas estas ayudas, poniendo como ejemplo la posibilidad de desahucio de la vivienda por el impago de varios meses de alquiler o préstamo hipotecario con apercibimiento de la entidad bancaria correspondiente; existencia de problemas graves de salud de la persona que sustente la unidad familiar; situaciones de realojo de urgencia; familias monoparentales que tengan la posibilidad real de insertarse, personas sin hogar. En estos casos, la resolución del expediente se hace de manera casi inmediata.
