SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, ha informado de que se reforzarán "aún más" aquellas medidas de prevención que refuercen "el respeto muto, la inclusión, la empatía y las actitudes solidarias" en los centros docentes andaluces después de los últimos casos de violencia escolar que han trascendido, en especial el de la presunta violación a un menor de nueve años por parte de varios compañeros en un centro educativo de la comarca de Cazorla (Jaén).
Asimismo, en el marco de su comparecencia en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía, ha propuesto un acuerdo a todos los grupos parlamentarios para que "de una vez por todas" se saquen los casos de violencia escolar de la esfera política y de la confrontación y se aborden "con la sensibilidad, la cautela, el rigor y la responsabilidad que requieren".
En su intervención, la titular de Educación ha asegurado que cualquier acto violento en el entorno escolar se está abordando de forma "absolutamente prioritaria y sin improvisación". Para ello, ha explicado, Andalucía cuenta con un marco normativo que incluye medidas de prevención y protocolos de actuación para los distintos supuestos como el caso de acoso escolar, de maltrato infantil, de violencia de género en el ámbito educativo o sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz. Además, también hay instrucciones en relación a las situaciones de ciberacoso.
Igualmente, la Consejería trabaja en la detección temprana, en medidas educativas y disciplinarias para restablecer el clima de convivencia cuando se de algún caso y en la sensibilización y formación de la comunidad educativa. En este sentido, Gaya ha destacado las iniciativas puestas en marcha este curso como los equipos provinciales de seguimiento del acoso escolar y el ciberacoso o el programa piloto de prevención e intervención ante situaciones de acoso escolar y ciberacoso en 64 centros educativos públicos.
La consejera se ha referido también a las medidas desarrolladas por su departamento para la mejora de la convivencia en los centros educativos, como la puesta en marcha de un servicio telefónico gratuito para la información y asesoramiento (900102188), con 62 llamadas registradas, y un buzón de correo electrónico de convivencia escolar, con 97 mails recibidos. Hay otras iniciativas como la Red Andaluza 'Escuela: Espacio de Paz', que cuenta con más de 2.380 centros participantes, y la puesta en marcha de programas de educación emocional y de habilidades sociales.
Por otro lado, los propios centros educativos desarrollan, con el asesoramiento y apoyo de la Consejería, iniciativas como las normas de convivencia que se incluyen en sus Planes de Convivencia; la implicación de los delegados de madres y padres del alumnado; los compromisos de convivencia; la extensión del recurso de la mediación escolar en los procesos de resolución de conflictos; o las aulas de convivencia, para la atención del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollado de las actividades lectivas y se le proporciona una dedicación personalizada.
Los programas de alumnado ayudante y alumnado ciberayudante constituyen también otra medida de buenas prácticas cada vez más consolidada en los centros educativos andaluces, como estrategia de colaboración entre iguales para prevenir situaciones de abuso o ciberacoso en el entorno educativo.
Sobre el caso de Jaén, Gaya ha defendido que las administraciones "hemos estado y estamos trabajando sin descanso" en salvaguardar el interés de los menores y en denunciar lo sucedido, siempre desde la cautela, para poder tomar las medidas oportunas una vez concluya la investigación.
"No sólo es formación en el ámbito de la enseñanza, sino social", ha aseverado la consejera, que se ha congratulado de que haya determinadas cuestiones que antes eran consideradas "cosas de niños" y ahora ya no se normalizan. Para la titular autonómica de Educación, "que sucedan estos casos es un fracaso social", por lo que hay que incidir en determinados aspectos como la formación del profesorado.
"ALGO NO ESTAMOS HACIENDO BIEN"
Por parte de los grupos, la diputada del PP María Francisca Carazo ha señalado que el caso de Jaén "debe alertarnos aún más y hacernos ser más conscientes de que situaciones como ésta deben advertirse y evitarse", exponiendo su preocupación por el hecho de que "no seamos capaces de adelantarnos a que situaciones como ésta se puedan producir en el recreo, donde la vigilancia es esencial".
También ha puesto el foco en las medidas contra los agresores, pues "la expulsión no puede ser la única finalidad", y en "los que miran y no cuentan, los que callan y mantienen el silencio por miedo". Asimismo, ha expuesto que a veces los protocolos no se activan y que los centros "intentan arreglarlo por su cuenta o no lo hacen con la rapidez que deberían". En todo caso, apostilla, "si se ha dado un caso como éste algo ha fallado y debemos hacernos preguntas y buscar las respuestas".
De lado de Podemos, la parlamentaria Libertad Benítez ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar el asunto desde enfoques globales y estructurales y se ha preguntado "cómo es que no saltan las alarmas antes de llegar a estas situaciones tan terribles en un centro educativo". Añade que a nivel social se debe responder poniendo a disposición de los menores y las familias recurso que les permitan retomar su normal desarrollo y que se debe actuar no tanto a nivel punitivo y sí en aspectos como la orientación o la educación social.
Para Isabel Albás, de Ciudadanos, aunque la Consejería ha actuado de forma "rápida y ágil" se deduce que "algo no estamos haciendo bien, y no hablo de este caso: el acoso escolar está a la orden del día y en determinados centros educativos ocurren situaciones nada aceptables hacia nuestros niños, los más vulnerables". Por ello, ha abogado no sólo por contabilizar los casos de acoso, sino también analizarlos, "por si las soluciones no fueran las correctas", incidiendo asimismo en la prevención.
Por parte de IULV-CA, el diputado Antonio Maíllo ha señalado que, a su juicio, el sistema educativo andaluz no cuenta con un problema estructural de violencia, aunque sí ha registrado "una profunda tensión" que "ha dificultado los procesos de desarrollo de aprendizaje en las aulas", algo muy vinculado a la situación económica. Así, ha reclamado una investigación "objetiva" y "garantista" en el caso de Jaén, cuestionando a la Consejería si de estos hechos se determina la necesidad de sacar un nuevo procedimiento para elaborar planes de convivencia.
Por último, la parlamentaria del PSOE Adela Segura ha manifestado la necesidad de trabajar para evitar la "doble victimización" que para los menores supone dar a conocer públicamente datos sobre el suceso y ha apuntado que los datos de la propia administración andaluza, con todo, "ayudan a ver el vaso casi lleno".
