CÓRDOBA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha atendido en la provincia de Córdoba, gracias al Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes de Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía, a cerca de 15.000 personas. Esta cifra se desprende del balance presentado este viernes por la delegada del Gobierno andaluz, Isabel Ambrosio, y por la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Isabel Baena, sobre cada una de las medidas puestas en marcha gracias a este decreto.
El mismo, según ha señalado Ambrosio, se aprobó "para dar respuesta a la difícil situación que viven muchas familias y crear una red de seguridad para mermar desigualdades, que todos sabemos son fuente de exclusión social, de pobreza y de desafección".
La primera de las líneas de trabajo del Decreto ha sido el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía, que ha estado dotado en Córdoba con 6,13 millones de euros. A través de él se ha podido fomentar el acceso al empleo como principal elemento de integración e inserción social.
Así, ha contemplado el Programa de Ayuda a la Contratación, que incluye las ayudas a los municipios para la contratación laboral por un periodo de entre 15 días y un mes para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad.
El 98,6 por ciento de los ayuntamientos --todos menos Conquista-- se han adherido a las ayudas contempladas en el programa, dotado con 3,55 millones de euros. En este momento, está totalmente abonado a los consistorios desde septiembre del pasado año.
El número final de contrataciones que se han realizado hasta ahora supera los 2.600, si bien habrá que esperar hasta principios de mayo, fecha máxima de justificación de los ayuntamientos, para conocer el dato definitivo.
El objetivo de esta medida era "realizar contratos temporales para personas con riesgo o en situación de exclusión social que llevaran más de un año en situación de desempleo y con ingresos menores en la unidad familiar a la que pertenezca al 1,5 del Iprem", según ha incidido la delegada.
El Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio, también incluido en el Plan de Acción Social y dotado con 2,58 millones, ha permitido, a través de ayudas a las entidades locales el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio para personas que necesitan de apoyo diario. De esta manera, se ha evitado la pérdida de empleo en el sector a consecuencia de las modificaciones normativas introducidas por el Real Decreto Ley 20/2012.
En concreto, estas ayudas han permitido mantener el empleo a unas 200 personas en la provincia y prestar servicio a más de 2.200 usuarios. La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio, financiado con cargo a este programa, se ha determinado en número de horas de atención mensual, según las necesidades de la persona y del informe social, con un máximo de 20 horas mensuales. Se ha llevado a cabo mediante la transferencia de financiación a los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones.
PLAN EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD
El Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria trata de poner al alcance de las familias en situación más difícil de los mecanismos para poder hacer frente a la necesidad básica de alimentación. Dotado con 1,1 millones de euros, que se suman a lo que ya se ha destinado a las convocatorias generales de subvenciones para hacer frente a estas necesidades, ha funcionado a modo de red con el objetivo de aglutinar todos los esfuerzos, tanto los que se hacen por parte de la Junta como de los colectivos, organizaciones y ONG que trabajan en este ámbito y a los que se les ha reforzado su labor.
Gracias a él, según ha explicado María Isabel Baena, "se han reforzado con diferentes líneas de subvenciones a los agentes que actualmente están trabajando en este ámbito, como comedores, economatos sociales o provisión directa de alimentos, con los que se llega a las personas con riesgo de exclusión social, con problemas graves y a las Zonas de Necesidad de Transformación social".
Se ha habilitado una línea para la preparación y reparto de alimentos para personas con escasos recursos y riesgo de exclusión social dentro de la que se han aprobado 12 proyectos, con una inversión de 513.000. Dichos proyectos se están desarrollando actualmente en colaboración con los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos y Diputación Provincial que son quienes derivan los usuarios a las entidades encargadas del reparto de las comidas. A la conclusión se espera haber distribuido más de 53.000 comidas.
Dentro de la población con escasos recursos, destacan los colectivos de menores y personas mayores, en los que se está incrementando más la pobreza y que tienen una mayor vulnerabilidad. Para los menores hay varias líneas de ayudas específicas, entre ellas, la ampliación de las ayudas económicas a las familias, dotadas de 553.000 euros.
Estas ayudas, que se articulan a través de convenios con las entidades locales, según ha indicado Baena, "son prestaciones temporales de carácter preventivo concedidas a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello".
La segunda línea dedicada a la población infantil es el reparto de tres comidas diarias en los comedores escolares, que garantiza la ingesta calórica a los menores en situación de riesgo de exclusión social. A día de hoy son 1.735 los menores que se benefician de estas tres comidas. En las Zonas con Necesidades de Transformación Social y en periodo estival se atendieron a 263 menores en las escuelas de verano, que ofrecieron más de 40.000 comidas gracias a un presupuesto de 154.103 euros.
Para otro de los colectivos más dañados por la crisis, los mayores, se ha reforzado el Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa, con dos nuevos centros (Carcabuey y Montoro). Además, se ha habilitado una línea de catering a domicilio para las personas mayores de 65 años con bajos recursos que no puedan acceder al servicio de comedor.
Para este programa hay una dotación presupuestaria de 53.000 euros y se han aprobado doce proyectos a través de los municipios cordobeses que lo han solicitado a través de la orden de subvenciones y otro presentado por una entidad privada.
El decreto contemplaba una serie de medidas para dotar de mayor agilidad administrativa al procedimiento para la concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad hasta que se apruebe la normativa reguladora de la Renta Básica y se ha ampliado presupuestariamente. Dentro del programa del Ingreso Mínimo de Solidaridad se ha atendido a más de 7.000 familias durante 2013, un 48% más que en el año 2012.
