SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha cifrado en 4.000 millones de euros los recursos adicionales que necesita Andalucía para la financiación de servicios públicos, y que deben ser aportados con el nuevo sistema de financiación autonómica.
En una conferencia en el Club Antares de Sevilla, Montero, que ha cifrado en 16.000 millones la insuficiencia de recursos para servicios públicos fundamentales en todo el país- -de los que 3.400 millones se cuantifican para Andalucía--, ha detallado la propuesta que defiende la Junta y el PSOE para la reforma del sistema de financiación autonómica, que debe estar basado en la "equidad" y "redistribución de recursos" y ha rechazado que se contemplen copagos ni más potestades normativas sobre tributos cedidos, lo cual abocaría a comunidades con menos renta a una "trampa fiscal".
Montero, que espera que haya consenso en torno a esa propuesta, ha indicado que la propuesta incluye nuevas variables sociales para la ponderación de la población ajustada, como ampliar el tramo de población a efectos educativos de 16 a 18 años, incorporar a los universitarios matriculados, incluir a los dependientes, así como contemplar la tasa de paro y la población en riesgo de pobreza y exclusión.
La titular andaluza de Hacienda ha apostado por la simplificación del modelo, sustituyendo los actuales fondos por tres fondos, como el Fondo de Financiación de los Servicios Públicos, cuya dotación se ampliaría con el incremento de la participación de las comunidades autónomas en la recaudación del IVA, del 50 al 75 por ciento, y en los impuestos especiales --del 58 al 75 por ciento--, mientras que se mantendría el IRPF en el 50 por ciento. Los otros fondos serían un nuevo Fondo de Desarrollo de las Autonomías, que no requeriría aportación adicional del Gobierno y se repartiría en función de la población, y un nuevo Fondo de Sostenibilidad para los Servicios Públicos.
La consejera ha indicado que con esta propuesta desde Andalucía "todas las comunidades ganarían más recursos, y sólo dos comunidades pequeñas perderían una parte, en torno a 200 millones, que podrían ser compensado por el Gobierno".
La consejera, que ha sido presentada por el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha apuntado que el problema "no radica en que los recursos sean insuficientes, sino en que están mal distribuidos".
Durante su intervención, ha defendido que el punto de partida para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica debe ser la "estimación adecuada de las necesidades reales de gasto que permita recursos suficientes para los servicios públicos". En este sentido, ha señalado que si se toma como referente el año 2014, "a los servicios públicos esenciales le faltarían 16.000 millones de euros en el conjunto del Estado", que en Andalucía ha cifrado en 3.400 millones, "a la que se añaden necesidades insatisfechas en el resto de los servicios e inversiones, para sumar una necesidad de financiación de 4.000 millones".
Montero ha destacado la importancia del debate de la financiación autonómica y ha alertado que "lo que rompe España es la inequidad entre las personas, la brecha social y la incapacidad de preservar las conquistas del Estado de bienestar".
Ha rechazado que la reforma de la financiación se aborde como una pugna entre territorios, porque "no contribuyen los territorios, sino las personas, y cada persona contribuye en función de su capacidad y de su riqueza, y recibe según las necesidades".
En este sentido, ha señalado que la financiación autonómica no tiene que ver con los territorios sino con las personas, y "garantizar que, vivan donde vivan, tienen derecho y acceso a servicios de calidad en las mismas condiciones".
Montero considera que "es necesario salir del bucle en el que estamos inmersos, y Cataluña no puede ser excusa para el bloqueo de grandes temas, no sólo la financiación, sino la reforma del modelo territorial o el sistema de pensiones".
La consejera ha reivindicado asimismo el "papel esencial" de las comunidades en el debate de la financiación, ya que "no son meras intermediarias entre Gobierno y ciudadanos, sino que tenemos un puesto nuclear en la configuración del Estado".
La consejera ha acusado al Gobierno de establecer una "estrategia de dilación para no afrontar la toma de decisiones", al modo del "círculo vicioso" que cantaba Krahe, mientras que "un andaluz cobra 700 euros menos que un cántabro". Por ello, pide "altura y lealtad institucional" y pasar del diagnóstico a las propuestas".
LA PROPUESTA ANDALUZA
Respecto a la propuesta de Andalucía para la reforma de la financiación, Montero, quien confía en que haya "consenso" de todos los grupos parlamentarios, ha señalado que los objetivos de esta propuesta "meditada y trabajada" son "garantizar los recursos para competencias transferidas, simplificar el modelo, velar por la igualdad en el acceso a los servicios y mayor lealtad institucional, así como una corresponsabilidad fiscal real".
Montero ha advertido que la insuficiencia de recursos en ningún caso se resolverá con la aplicación de copagos, ni tampoco con mayores potestades normativas sobre tributos cedidos, porque abocaría a las comunidades con menos renta a una "trampa fiscal, que ahondaría en desigualdad territorial y social".
La consejera ha apuntado que en el nuevo modelo, la población "debe ser la variable decisiva para la distribución de recursos, una población ajustada que debe aproximarse a la población de derecho, con una ponderación que recoja variables como insularidad y dispersión geográfica pero que no penalice a la población real".
La propuesta que ha avanzado supondría la inclusión de las citadas variables vinculadas con el gasto en educación y en protección social, que permitiría "una mejor aproximación a las necesidades reales de gasto en servicios fundamentales".
TRES FONDOS
Montero también ha abogado por la simplificación del modelo, "cuya aplicación ha derivado en complejidad cuando no directamente en arbitrariedad, especialmente en determinados fondos". La propuesta defiende la sustitución de los actuales por varios fondos, como el Fondo de Financiación de los Servicios Públicos, para atender las necesidades de sanidad, educación y protección social.
Por su parte, el nuevo Fondo de Desarrollo de las Autonomías para financiar el resto de las competencias, que sustituiría a los actuales fondos de Suficiencia Global, de Cooperación y de Competitividad, y donde el criterio de distribución sería la población, para avanzar en la "nivelación total".
Asimismo, se propone la creación de un Fondo de Sostenibilidad constituido con los excedentes de años de mayor bonanza "para evitar los vaivenes económicos", con el objetivo de "proteger estos servicios esenciales en caso de crisis, garantizando un mínimo de prestación si hay una bajada de ingresos".
Además, propone que se produzca una actualización anual de las necesidades de gasto, con referencia a la tasa de crecimiento nominal del PIB.
CAMBIAR EL REGLAMENTO DEL CPFF
Montero también ha aludido a la necesidad de cambiar el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que la autonomía financiera de las comunidades autónomas se refleje en una capacidad real de participar en la toma de decisiones. Asimismo, ha propuesto el abandono de mecanismos extraordinarios de liquidez y la salida a los mercados de deuda pública, a través de emisiones individuales, conjuntas con otras comunidades o con el Estado.
También ha aludido al reparto desequilibrado de los objetivos de estabilidad y a la necesidad de cambios en la metodología y aplicación de la regla de gasto. Asimismo, ha pedido reactivar el Fondo de Compensación Interterritorial, que "se encuentra congelado a un nivel mínimo desde hace años".
