Advierte que las dificultades para afrontar los pagos son "consecuencia de los recortes" del Gobierno
CÓRDOBA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta en Córdoba cree que el presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, hace "un profundo ejercicio de hipocresía", al considerar "irresponsable" la gestión de las políticas sociales de la Junta, ya que las dificultades para afrontar los pagos comprometidos son "consecuencia directa de los recortes y del techo de gasto a las Autonomías impuestos por el Gobierno de España".
En una nota, la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Córdoba dice que "no entiende" las declaraciones de Nieto y le pide que, "en lugar de criticar actuaciones que son consecuencia de recortes impuestos desde el Gobierno central, se ponga del lado del Gobierno andaluz para lograr que el Gobierno del PP deje de tener un trato discriminatorio con Andalucía", en relación al objetivo de déficit exigido, que es del 1,5% frente al 3,5% señalado para el Gobierno central.
Así, apunta que si realmente Nieto tiene "buena voluntad" y sus declaraciones "no son fruto de la demagogia", debería apoyar al Gobierno andaluz en los pagos que vengan asociados al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y que se lleven a cabo con los criterios que estipule Andalucía, que "priorizará las políticas sociales frente a otros sectores". Y es que, frente a los recortes impuestos, el compromiso de abono de los conciertos y programas por parte de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta es "firme y sólido".
De hecho, pese a "las dificultades y la falta de voluntad" del Gobierno central de atender a los andaluces, las políticas sociales continúan siendo "prioritarias" para el Gobierno autonómico. Así, la Junta ha mantenido la dotación presupuestaria para estas políticas en los últimos cuatro años y en 2012 el presupuesto asciende a 1.903 millones de euros.
En contrapartida, el Gobierno central ha reducido en un 40 por ciento la aportación al plan concertado --plan que ayuda a los ayuntamientos en políticas sociales tales como la ayuda a domicilio--, por lo tanto, "si alguien desmantela el Estado del Bienestar es el propio partido de Nieto".
En la información publicada se indicaba, además, que la Junta de Andalucía adeudaba 92.000 euros dentro del Programa de Ayudas Económicas Familiares, aspecto que es "rotundamente falso", ya que éstas ya fueron abonadas al Ayuntamiento de Córdoba en virtud del acuerdo de colaboración establecido.
Igualmente, el presidente del PP afirmaba desconocer la aportación al Plan Concertado de Servicios Sociales. Pregunta que le debería realizar al Gobierno central ya que a día de hoy el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "aún no ha notificado la cantidad que dentro de este Plan corresponderá a la comunidad autónoma". Conviene recordar además que entre 2004 y 2011 la aportación de la Junta de Andalucía a este Plan creció en un 35% mientras que la aportación estatal se redujo en un 50%.
"Idéntica situación" se produce en el ámbito de drogodependencias y adicciones donde a pesar del recorte del 22 por ciento del importe que el Gobierno de la Nación ha previsto para Andalucía, la Junta opta por mantener tanto los recursos especializados como los programas de asistencia e incorporación social.
El compromiso con las políticas sociales de la Junta ha quedado "patente" también en la convocatoria anual de subvenciones de dicha Consejería. Con ella se mantendrán las ayudas destinadas a atender a los colectivos más desfavorecidos y seguir trabajando en la reducción de los niveles de exclusión social priorizando aquellas que suponen atención directa a los ciudadanos y contribuyen al mantenimiento del empleo en el sector.
Igualmente, la Consejería de Salud y Bienestar Social mantiene su apuesta por el Sistema de Atención a la Dependencia para el que ha destinado en lo que va de año casi 170 millones de euros a las corporaciones locales. Más de 19.000 cordobeses en situación de dependencia son actualmente atendidos, "pese al ataque frontal contra éstas que han supuesto las reformas planteadas por el Gobierno central, que ya ha reducido en 85 millones de euros su aportación a Andalucía".
Medidas como la reducción en las aportaciones estatales por persona atendida, la rebaja del número de horas en el Servicio de Ayuda a Domicilio o el descenso del 15% en las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar ponen "en riesgo" la autonomía personal de estas personas.
