SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud, Marina Álvarez, comparecerá este mes de enero --inhábil para la actividad parlamentaria-- en el Parlamento andaluz, en una comisión extraordinaria, para informar tanto sobre el fallecimiento, el pasado 22 de diciembre, de una mujer en el área de urgencias del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén) mientras esperaba ser atendida, como del desarrollo de las pruebas oseométricas y radiológicas realizadas a inmigrantes que estaban internados en la futura cárcel de Archidona (Málaga).
Así lo ha decidido este miércoles la Diputación Permanente, que ha sometido a votación sendas peticiones de comparecencia de PP-A, de Podemos y de IULV-CA sobre la muerte de una mujer en el hospital de Úbeda, y una petición conjunta de Podemos e IULV-CA acerca del desarrollo de las pruebas oseométricas y radiológicas realizadas a inmigrantes internados en la cárcel de Archidona.
El PSOE-A rechazó la petición del PP-A sobre la caso de Úbeda, mientras se abstuvo en las otras dos peticiones, mientras que Ciudadanos apoyó todas las solicitudes de comparecencia. En cuanto a los inmigrantes de Archidona, la petición de comparecencia salió adelante por unanimidad.
En el debate sobre el caso de Úbeda, el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, ha señalado que, sin duda, estamos ante una situación verdaderamente "desafortunada y desgraciada", que exige de una investigación seria y de rigor con honestidad y respeto, y ha acusado al PP-A de tratar de utilizar lo que ha ocurrido a esta mujer para "argumentario político" del PP-A contra la sanidad pública andaluza y para hacer política "de bajo vuelo".
Ha insistido en que, evidentemente, tiene que haber explicaciones y en su momento verificar qué responsabilidades ha habido en la gestión de lo ocurrido. Ha señalado que ya hay una investigación en marcha y ha defendido que la consejera de Salud debe comparecer en el Parlamento cuando se tenga toda la información real, fidedigna y rigurosa sobre asunto. Ha considerado que es un "error" el planteamiento de los demás grupos de que comparezca de manera inmediata y que ello sirva para "tirarnos los trastos a la cabeza".
La portavoz del Grupo Popular, Carmen Crespo, ha señalado que la consejera de Salud debería haber solicitado su comparecencia a petición propia en este mes de enero en la Diputación Permanente porque es un caso de extrema "gravedad". Ha señalado que la sociedad andaluza no entiende de periodo inhábiles y los representantes públicos tenemos que dar respuesta a lo que demande la ciudadanía en cualquier periodo.
Por su parte, la portavoz adjunta de Podemos, Carmen Lizárraga, ha señalado que se trata de un asunto lo suficientemente grave como para que se den las explicaciones pertinentes de manera inmediata y ha indicado que, por ejemplo, enero se ha habilitado para reuniones del grupo de trabajo sobre financiación autonómica. Ha indicado que la ciudadanía andaluza agradecerá que seamos representantes públicos durante todo el año.
La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha indicado que es "sano" que se dé una explicación inmediata por parte del Gobierno andaluz sobre este caso, que tiene bastante relevancia como para que se tenga que demorar a una comisión ordinaria cuando se inicie el periodo de sesiones en febrero. Ha señalado que, pese a los magníficos profesionales sanitarios, la falta de planificación y la "mala" gestión de la sanidad pública que hace el Gobierno andaluz no debería dar lugar a casos tan desgraciados como este.
El portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha manifestado que el fallecimiento de una mujer después de varias horas en espera y sin ser atendida adecuadamente justifica que la consejera dé explicaciones en este mes de enero sobre este asunto, porque los ciudadanos no merecen esperar al inicio del nuevo periodo de sesiones en febrero. Ha indicado que el debate de hechos tan graves no puede ser limitado por cuestiones procedimentales.
COMPARECENCIA SOBRE INMIGRANTES EN ARCHIDONA
Respecto a la petición de Podemos e IU para que la consejera de Salud también dé explicaciones por las pruebas realizadas a los inmigrantes que se internaron en la cárcel de Archidona; el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha afirmado que su partido "no tiene inconveniente" en que la Junta informe de su política en cuanto a los menores no acompañados "y las carencias que en esta materia tiene la política del Gobierno de Rajoy".
Además, ha negado que la Junta haya sido cómplice de la "bestialidad" que efectuó Interior al recluir en una cárcel a estos inmigrantes, sino que "cumplió con su obligación" para verificar si había menores entre ellos. "La Junta no va a incumplir sus obligaciones con los inmigrantes", ha garantizado el socialista, quien ha afirmado que "en España no puede haber un menor en una cárcel", de manera que las referidas pruebas se hicieron siguiendo todos los protocolos.
Por su parte, el diputado del PP-A Juan Bueno ha indicado que es absolutamente correcto que se lleve a cabo una comparecencia de la consejera sobre este tema, si bien ha reprochado a los demás partidos de la oposición que, "de manera demagógica y cicatera", quieran utilizar este asunto para "machacar" al Gobierno central. Ha defendido que lo que ha hecho el Ejecutivo nacional con el internamiento temporal de esos inmigrantes ilegales en el citado centro, que aún "no era una cárcel, sino que funcionaba como un CIE", ha sido "absolutamente legal y legítimo".
Lizárraga, de Podemos, ha defendido que este debate es fundamental porque "se ha producido una vulneración de derechos" en al cárcel de Archidona y porque es "la historia más vergonzosa de la política migratoria de este país en los últimos 40 años, con una muestra de crueldad". "Se ha encerrado en la cárcel a menores y han querido cerrar el capítulo de forma opaca", ha censurado, antes de reclamar "dar ejemplo de transparencia en Andalucía" con este debate.
Por Cs, Marta Bosquet ha anunciado el voto positivo de su grupo parlamentario a la propuesta de Podemos e IULV-CA, toda vez que ha recordado que la ley "veta" la internación de menores tanto en los CIE como en un centro penitenciario, como es este caso. "Creemos que es sano que se hable" de este asunto, ha agregado.
De su lado, Antonio Maíllo ha explicado que esas pruebas son "muy importantes" para determinar si los inmigrantes son menores o no, y quiere que la consejera dé explicaciones para conocer si la Junta ha colaborado con el Gobierno central en esa decisión de acoger a los inmigrantes en dicha cárcel, "que no responde a derecho".
