GRANADA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un jurado popular ha declarado culpable al joven de 25 años acusado de matar a cuchilladas a la pareja sentimental de su hermana en Iznalloz, en un veredicto en que considera probados los hechos por los que la Fiscalía le pide diez años de prisión por la comisión de un delito de homicidio doloso.
Tras emitir su veredicto de culpabilidad, alcanzado por unanimidad, a última hora de la tarde de este miércoles, en la Audiencia Provincial de Granada, el juicio, que se ha celebrado desde el pasado lunes, ha quedado visto para sentencia.
Los miembros del jurado han considerado probado que el acusado mató de forma intencionada a su cuñado, y también que se presentó ante la Guardia Civil el mismo día de los hechos, el pasado 15 de mayo de 2018, por lo que, también como pidió la fiscal en sus conclusiones definitivas, le será de aplicación la circunstancia atenuante de entrega y confesión, según han indicado a Europa Press fuentes del caso.
El acusado, en prisión provisional por estos hechos, mantuvo ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, este pasado lunes, que los hechos se produjeron durante un forcejeo después de que su cuñado lo echara de su casa y se le abalanzara, y que no sabía si lo pinchó él o fue él mismo el que se lesionó.
Según la Fiscalía, que pide para él también una prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 200 metros a su hermana, a sus tres hijos menores durante 15 años, y a otro familiar, el acusado actuó contra su cuñado cuando éste último se habría negado "a entregarle dinero o comida".
Con una "relación análoga a cuñado" con su víctima, el procesado, que vivía en una casa ocupada cercana con un subsidio de unos 150 euros, se personó en su casa sobre las 19,00 horas del 15 de mayo, e iniciaron una discusión.
La discusión entre ambos continuó en la calle, donde, según el Ministerio Público, "guiado de la clara e inequívoca de causarle la muerte, el acusado sacó una navaja de grandes dimensiones y anchura, con la que le lanzó varias cuchilladas al cuerpo" al otro.
La acusación particular, que defiende los intereses de la viuda, pedía que se le condenara por un supuesto delito de asesinato, por el que solicitaba la imposición de 22 años de prisión, añadiendo que no accediera al tercer grado sin cumplir la mitad de la pena. Por su parte, la defensa pedía dos años por un supuesto homicidio imprudente.
Alternativamente, esta parte pedía calificarlo como un supuesto homicidio doloso, aplicándosele circunstancias eximentes como el trastorno mental transitorio o la legítima defensa, en un proceso en que también está representada la Abogacía del Estado, que, en nombre de Hacienda, se adhirió a las tesis del Ministerio Público.
