GRANADA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Nívar (Granada), Antonio Molero (Agrupación Nivera Independiente), se sentará este miércoles en el banquillo del Juzgado de lo Penal 3 de Granada acusado de autorizar obras que causaron destrozos "irreparables" en el yacimiento arqueológico de El Castillejo.
El fiscal le atribuye la comisión de un delito de prevaricación y otro de daños en bien de valor histórico y yacimiento arqueológico, por los que se enfrenta a inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años, dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio al derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, y multa de 10.800 euros.
En la causa están imputadas otras tres personas --entre ellas un promotor inmobiliario--, que, de acuerdo a la petición del Ministerio Público, tendrían que hacer frente al pago de casi un millón de euros a la Junta de Andalucía por los daños causados en el yacimiento, que se invertirán en su restauración y en la reversión de los posibles destrozos.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, las obras de urbanización realizadas en el yacimiento por los acusados --el alcalde, el promotor, un contratista, y el conductor de la excavadora--, afectaron de manera "directa" a 40 elementos arqueológicos 'in situ' y estructurados, en concreto a estructuras funerarias, silos, muros y al contextos arqueológico asociado a estos elementos, lo que supuso "una grave pérdida de información arqueológica y una total alteración de la visión del yacimiento desde el punto de vista paisajístico".
El proceso comenzó en junio de 1995 cuando el alcalde, conociendo la existencia del Bien de Interés Cultural (BIC) El Castillejo y aprovechando que la revisión de las Normas Subsidiarias de Nívar clasificaba los terrenos en los que se sitúa como suelo urbanizable, decidió permitir la realización de obras de urbanización en el lugar "a sabiendas de que supondrían necesariamente la modificación radical del entorno del BIC", la "más que segura" afección del yacimiento e incluso de su estructura defensiva y necrópolis.
Todo, "sin dar ningún tipo de advertencia y sin recabar ningún tipo de autorización de la Consejería de Cultura, a sabiendas de que cualquier intervención de la Administración llamada a velar por la protección del bien cultural frustraría las obras de urbanización pretendidas".
Así, decidió tramitar el Plan Parcial 'El Castillejo' sin dar ningún tipo de trámite a la Administración Cultural y sin advertir a ésta de la segura afección del BIC que se encontraba en ese paraje, aprobándose definitivamente con sólo el informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo el 28 de julio de 2004.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
Asimismo, el 23 de febrero de 2005 la Asamblea de la Junta de Compensación --de la que era presidente el promotor acusado-- aprobó el proyecto de reparcelación de los terrenos con el voto favorable de todos los propietarios, salvo del Ayuntamiento --una de las cinco parcelas era municipal--, que condicionó su voto a la posterior ratificación del proyecto.
El 19 de diciembre de 2005 el alcalde aprobó el proyecto de reparcelación, "sustituyendo" con este trámite a la licencia urbanística municipal y quedando así aprobadas las obras de urbanización en el Castillejo, "a pesar de que suponían inevitablemente, al entrañar radicales desmontes y movimientos de tierras para la realización de las calles y los viales, la total afección del BIC y su entorno".
Ya en enero de 2007 comenzaron las obras de urbanización, sin que el alcalde diera ningún tipo de información a la Consejería de Cultura. Nada más iniciados los trabajos previos, consistentes en movimientos de tierras y en la explanación de los terrenos, empezaron a aparecer restos cerámicos y óseos que evidenciaban que se estaba afectando al yacimiento, a pesar de lo cual tanto el promotor como el contratista de las obras--otro de los acusados-- decidieron "silenciar" el hallazgo y continuar pues sabían "que su lucro podría verse frustrado si daban noticia de la afección del yacimiento" y así se acordó igualmente con el alcalde.
Así, el promotor y el contratista ordenaron que los restos que fueran apareciendo se apilaran en fosas mientras continuaban los trabajos. No obstante, varios vecinos de Nívar observaron a mediados de abril que había obras en el Castillejo y pudieron ver cómo sobre la tierra movida aparecían restos cerámicos y huesos, de lo que advirtieron al diputado provincial Julio Bernardo (IU), que con posterioridad puso en conocimiento de la Delegación Provincial de Cultura los hechos.
En una inspección el 25 de abril de 2007, agentes del Seprona pudieron comprobar que efectivamente había abundantes restos óseos en fosas resultantes de la destrucción de numerosas tumbas por las obras de desmonte. Dos días más tarde, el arqueólogo de la Delegación de Cultura constató que se habían realizado dos viales a través de grandes desmontes en el Cerro del Castillejo que suponían una "afección irreversible al paisaje", la presencia de multitud de restos cerámicos, y fosas excavadas que contenían huesos que procedían de las tumbas de la necrópolis del yacimiento. Tras la visita del técnico, Cultura ordenó en el mes de mayo la paralización de las obras, que habían causado una "pérdida importante e irreparable" del yacimiento.
