JAÉN, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén tiene previsto juzgar este miércoles unas supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en 2004 por el que se encuentran acusadas un total de nueve personas, entre las que figuran José Luis Angulo, alcalde en aquel momento de IU en dicho municipio jiennense, al que la Fiscalía atribuye un delito de prevaricación urbanística por el que, entre otras penas, solicita su inhabilitación para ejercer como cargo de concejal o alcalde por un tiempo de ocho años.
Además del exalcalde, otras tres personas --M.G.R., J.C.G. y J.F.P.C.-- están imputadas por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, y los restantes cinco imputados eran en aquel momento integrantes de la Junta de Gobierno Local de Jódar --María José Cano, Eugenio Torres, Cristóbal Parra, Diego Pastrana y María Montavez--, y a cada uno de ellos se les atribuyen supuestos delitos continuados de prevaricación urbanística.
Según detalla la Fiscalía en su escrito de calificación, consultado por Europa Press, el caso tiene su origen, por un lado, en una parcela de 4.557 metros cuadrados de superficie situada en el paraje 'El Portillo' de Jódar, sobre suelo clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio como 'No urbanizable adscrito a la categoría de especial protección por la planificación territorial o urbanística'".
Los dos propietarios de esta parcela --M.G.R. y J.C.G.-- solicitaron al Ayuntamiento de Jódar el 14 de abril de 2004, "mediante peticiones individuales", licencia para "realizar obras consistentes en cercado de alambrada" en la parcela, una solicitud sobre la que "se emitió un informe jurídico en el que, entre otros extremos (...), se proponía la denegación de las licencias de obras" para realizar la citada actuación "al establecer la (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) LOUA que en terrenos con régimen de suelo no urbanizable quedan prohibidas siendo nulas de pleno derecho las parcelaciones urbanísticas".
"A pesar de conocer el informe técnico y el informe jurídico desfavorable", la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento --añade la fiscal-- "en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2004 y formada por María José Cano, María Montavez, Eugenio Torres, Cristóbal Parra y Diego Pastrana (...), acordaron por unanimidad (...) la concesión de licencia de obras" a cada uno de los dos referidos propietarios "para construcción de cercado provisional siempre y cuando no perjudique el paso a otras fincas, incumpliendo con tal resolución la normativa urbanística y dando lugar a una parcelación sobre suelo no urbanizable especialmente protegido".
Además, el 6 de mayo de 2004 el acusado M.G.R. solicitó del Ayuntamiento, siempre según la versión de la Fiscalía, "licencia de obras para legalización de nave para almacén de aperos" sobre la misma parcela, una solicitud que "fue informada desfavorablemente por el arquitecto técnico municipal al no tener la finca la superficie mínima exigida por el Plan General (...), no estando de acuerdo el proyecto técnico con la edificación y usos del suelo previsto para esa clase de suelo en el Plan General vigente". Asimismo, "se emitió informe jurídico en el que se proponía se denegase la licencia de obras para la construcción de nave agrícola solicitada" por el mismo encartado también por posibles incumplimientos en el Plan General.
Pese a ello, la Junta de Gobierno Local, también en reunión del 19 de mayo de 2004, acordó "por unanimidad" la concesión de licencia de obras a dicho procesado para la construcción de esa nave agrícola. Así las cosas, el acusado, "con posterioridad al mes de octubre de 2004, y tras proceder al cercado de la parcela (...), inició (...) la construcción en la parte superior de su parcela y sin separación con el lindero del fondo de una edificación de una planta, con tipología aparente de cochera, con una superficie aproximada de 50 metros cuadrados (...), así como la construcción de otra edificación (...) con tipología aparente de vivienda unifamiliar, con una superficie aproximada de 85 metros cuadrados".
Se trata de dos edificaciones que, al igual que el cercado y división de la parcela, "no son susceptibles de ser autorizables al incumplir el PGOU de Jódar y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía", sentencia la Fiscalía, que también detalla en su escrito que el otro copropietario de la parcela origen del caso --J.C.G.-- "con posterioridad al mes de octubre de 2004 y tras proceder al cercado" de la misma "inició (...) la construcción de un edificio (...) con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados", así como de otro edificio "con planta aproximada de 28 metros cuadrados", ninguna de las cuales era "susceptible de ser autorizable" en virtud de las normativas antes citadas.
OTRA SOLICITUD
De igual modo, en este caso está acusado J.F.P.C., propietario a partir del 30 de abril de 2004 de una cuarta parte de una finca ubicada en otra parcela de 'El Portillo', por lo que igualmente ubicada sobre "suelo clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio como 'No urbanizable adscrito a la categoría de especial protección por la planificación territorial o urbanística'".
La Fiscalía relata que dicho acusado solicitó el 31 de mayo de 2004 al Ayuntamiento "licencia para construir (...) una nave de aperos de 170 metros cuadrados" en la citada parcela, una petición "informada desfavorablemente por el arquitecto municipal" en junio de ese año "al no cumplir la edificación con lo prevenido en el Título IV del PGOU de Jódar y ser la superficie de la finca inferior a 5.000 metros cuadrados".
También informó "desfavorablemente" de esta solicitud la asesora jurídica del Negociado de Urbanismo de Jódar en julio de 2004 por supuestos incumplimientos del PGOU, pese a todo lo cual la Junta de Gobierno Local, "en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2004 y formada por José Luis Angulo, María José Cano, Eugenio Torres, Cristóbal Parra, Diego Pastrana y María Montavez (...) acordó por unanimidad (...) conceder la licencia de obras" a J.F.P.C. "para construcción de una nave de aperos agrícolas, siendo tal licencia contraria a la normativa urbanística", según el Ministerio Público.
Este tercer procesado continuó tras octubre de 2004 "las obras iniciadas sobre la subparcela de su propiedad construyendo hasta su finalización una edificación de una planta de altura" de 85 metros cuadrados aproximadamente de superficie, que "no es susceptible de ser autorizable al incumplir" el PGOU y la LOUA.
PENAS SOLICITADAS
La Fiscalía considera a M.G.R., J.C.G. y J.F.P.C. autores de un delito contra la ordenación del territorio por el que pide para cada uno de ellos una pena de doce meses de prisión y una multa de diez euros diarios durante doce meses. Además, interesa que se declare la nulidad de las licencias concedidas en mayo y octubre de 2004 y se proceda a la "demolición" de las obras descritas.
Igualmente, entiende que el alcalde entonces de Jódar es autor de un delito de prevaricación urbanística por el que pide para él una multa de seis euros diarios durante 16 meses e "inhabilitación especial para el cargo de concejal y/o alcalde por el tiempo de ocho años".
Por último, para los miembros de la Junta de Gobierno María José Cano, Eugenio Torres, Cristóbal Parra, Diego Pastrana y María Montavez solicita una multa de seis euros diarios durante 24 meses y su inhabilitación durante diez años para ejercer de concejal y/o alcalde, todo ello también por supuestos delitos de prevaricación urbanística.
