SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La madre de una trabajadora beneficiaria de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, el dueño de una empresa afectada por un proceso de reestructuración laboral y trabajadores prejubilados que continuaban con en activo se encuentran entre las personas que cobraron ayudas sociolaborales de los ERE sin tener derecho a ellas por no haber tenido ninguna vinculación laboral con la empresa, conocidas como 'intrusos'.
Así lo han puesto de manifiesto este lunes durante sus declaraciones como testigos ocho funcionarios de la Consejería de Empleo que en los primeros meses de 2011, tras saltar el caso de los ERE a la prensa y con el inicio de la causa judicial, analizaron en torno a 70 expedientes administrativos de ayudas sociolaborales en busca de lo que se había denominado 'intrusos'.
De esta manera, un grupo de 21 funcionarios fueron llamados por la Viceconsejería de Empleo, entonces con Justo Mañas al frente, para un proceso de información reservada con el fin de "cotejar" que los trabajadores incluidos en el expediente de regulación de empleo fueran los mismos que se recogían en las pólizas de renta colectivas suscritas con compañías aseguradoras y financiadas por la Junta de Andalucía para el pago de las ayudas.
En parejas, como secretario e instructor, estos funcionarios iban revisando un número de expedientes para detectar posibles 'intrusos' o personas que han llamados 'irregulares', por no cumplir los requisitos, por ejemplo. Trabajaron con "celeridad" porque había "petición formal" del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y había que hacer los informes que se entregaron al viceconsejero finalmente.
Todos los funcionarios que han declarado este lunes han coincidido en señalar una serie de deficiencias detectadas durante el análisis de los expedientes, como el desorden de los expedientes, la falta de documentación, que iba desde la ausencia del propio ERE hasta las resoluciones de pago o de los beneficiarios del expediente, las solicitudes, la justificación de la ayuda o los documentos de fiscalización de las mismas.
Igualmente, además de los 'intrusos', han indicado la existencia de rentas vitalicias para prejubilados, ayudas para herederos de prejubilados, para la madre de una prejubilada que no había trabajado en la empresa afectada por el ERE, para el dueño de una empresa o incluso para beneficiarios que seguían trabajando por cuenta ajena.
Otro aspecto detectado fue las órdenes de pagos cruzados dictadas por el director general Francisco Javier Guerrero a aseguradoras para desviar el dinero de una póliza al pago de otra o notas manuscritas en los expedientes, en algunos casos hablando de "una calificación de terrenos y gestiones para el traslado de una empresa".
Sobre los tomadores de las pólizas de renta colectivas financiadas por la Junta para el pago de las ayudas, según los testigos, a veces aparecían las empresas, otras la propia Junta o los sindicatos CCOO y UGT, en este caso, en los expedientes de Boliden y Minas de Alquife. O como en los expedientes se fijaba la cuantía total de la ayuda pero no de forma individualizada por cada trabajador.
Tomás Domínguez Jiménez, uno de los testigos, ha indicado que "no había normas reguladoras o bases a las que atenerse" para saber los requisitos que tenían que cumplir los trabajadores. Además, ha afirmado que le llamaba la atención que "no intervenían funcionarios en la tramitación" de las ayudas. "Ninguno de los expedientes seguía el procedimiento legalmente establecido", ha manifestado, insistiendo en que en los expedientes analizados por él "no se cumplía la estructura mínima de la Ley de Procedimiento Administrativo".
Domínguez Jiménez, durante su declaración, ha distinguido entre los expedientes analizados de la época de Guerrero y de su sucesor en la Dirección General de Trabajo, Juan Márquez, cuando eran más completos, incluyéndose "resolución, solicitud, lista de beneficiario,...", aunque ha precisado el funcionario que "no quiere decir que cumplieran con el procedimiento".
'POST-IT' AMARILLOS Y CAJA DE POLLOS
Otro de los testigos, Rodrigo Revere Iglesias, ha señalado que, tras recibir los expedientes en "cajas de pollos" (aunque otro testigo ha hablado de un carrito), tenía como fin "analizar toda la documentación y exponer por escritos los hitos fundamentales dignos de mención".
Entre los intrusos detectados por él y su compañero se encontraba el administrador único de Aglomerados Morell y otros beneficiarios que luego trabajaron en otras empresas. La acusación del PP-A ha exhibido a otro de los funcionarios el informe de la Cámara de Cuentas, en los que se apunta a 1.062 personas entre intrusos, irregulares o personas de los que no pudieron cotejar sus datos ni conocer si estaban incluidos en los ERE al no constar éstos en los expedientes. A este respecto, Jesús Palacio Vaquero, ha recordado que detectaron nueve intrusos, pero que dos de ellos finalmente no lo fueron.
Daniel Carballo Pérez ha señalado que algunos expedientes, en los que no se seguía el procedimiento legalmente establecido, eran "un batiburrillo" de documentos, especialmente el de Promi, "de especial complejidad". Mientras Eduardo Candau se ha referido a los expedientes analizados como "variopintos con peculiaridades". "No puedo hablar de la legalidad o no de los expedientes porque no soy juzgador, si no que consignamos la documentación que existía", ha afirmado.
Ya en la sesión de tarde de este lunes han declarado como testigos Alicia de la Peña, quien trabajó en estos expedientes junto al actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, y que declarará este martes, y Diana Batanero.
De la Peña, encargada de revisar el expediente de González Byass, entre otros, ha señalado que en algunos casos no disponían del expediente administrativo del ERE por lo que no podían cotejar la presencia o no de intrusos, como en el caso de Sa Nostra, cuya póliza recogía a 149 beneficiarios.
En el expediente de González Byass, según la funcionaria, aparecían 91 despedidos y 94 beneficiarios, no pudiendo determinar, como reflejaron en el informe, la presencia de estos tres en la póliza. En el ERE de González Byass y en la póliza aparecía el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien ya en su interrogatorio explicó que, a pesar de tener derecho a ser incluido en el ERE, no firmó el boletín de adhesión a la póliza y no recibió finalmente la ayuda, algo que no ha podido corroborar la funcionaria que ha declarado porque ellos no fueron más allá de la revisión del expediente.
Las sesiones de este lunes han estado marcadas por las preguntas del Ministerio Fiscal y la acusación del PP-A a los testigos por la presencia de ''post-it' amarillos con notas manuscritas en los expedientes revisados, quienes algunos de ellos sí encontraron en los trabajos de análisis de los mismo. En uno de estos 'post-it' amarillo exhibido por el PP-A se indicaba por parte del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá "no pagar", algo que se lo había comentado ya a Guerrero.
En este sentido, el abogado Juan Carlos Alférez, defensor del ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete, ha preguntado a un funcionario "si hay alguna irregularidad en los 'post-it' amarillo". "Nos daba que pensar porque normalmente un procedimiento administrativo no tiene documentación accesoria y por eso lo hicimos constar", ha manifestado Daniel Carballo.
