SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para conocer la aplicación, hasta el momento, del "proyecto piloto" elaborado para la realización de un lenguaje judicial asequible para personas con discapacidad intelectual puesto en marcha en los Juzgados de Familia de Sevilla.
Además, en su queja, consultada por Europa Press, la institución se interesa por el ámbito de aplicación de dicho proyecto y la programación prevista para su extensión a otros órganos judiciales, así como por la evaluación del impacto que ha provocado en los actos y servicios de los órganos judiciales en los que se ha aplicado y si se abordará una futura cobertura generalizada de esta medida a todo el territorio andaluza.
Así, la Defensoría argumenta que la atención a las personas con condicionantes intelectuales o comprensivos, a partir de un perfecto reconocimiento de sus derechos y de la puesta en marcha de las políticas de integración necesarias, "hace mucho tiempo que superó el valor de la sensibilidad para emplazarse en un marco definido y exigible de naturaleza normativo, también en el ámbito judicial".
Además, señala que la dimensión del número de afectados "no puede convertirse en un elemento que justifica su postergación" y que el objetivo de implementar una claridad en el lenguaje judicial y la facilidad para su comprensión "siempre serán valores que acrediten nuestro sistema judicial haciéndolo más próximo y accesible a la ciudadanía".
Sobre estas premisas, la Defensoría explica que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Presidente del Tribunal Supremo firmaron con la Confederación Plena inclusión España un convenio de colaboración en octubre de 2018 con el que se pretende dar cumplimiento a la Convención aprobada en 2006 por Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad así como a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada en 2013.
Mediante la firma de este convenio de colaboración, el órgano de gobierno de los jueces pone en marcha las medidas necesarias para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o las personas con dificultades de comprensión "puedan conocer el contenido de las resoluciones judiciales que les afectan", señala la Defensoría, que añade que si bien la vocación del convenio es alcanzar a todas las resoluciones judiciales que conciernan a personas de estos colectivos, "se priorizará la adaptación de aquéllas que hayan sido dictadas en los procedimientos de modificación de la capacidad tramitados en los tribunales, así como los actos de comunicación de los mismos".
En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz precisa que los textos adaptados "no supondrán la modificación del contenido de las resoluciones judiciales y tendrán un valor meramente informativo, no jurídico", y que el convenio prevé la participación del Ministerio de Justicia o las Administraciones autonómicas, a las que corresponderá "asumir el coste de la adaptación de los textos judiciales".
De este modo, Maeztu apunta que en octubre de 2018 se iniciaron los trabajos para adaptar las resoluciones judiciales a un lenguaje comprensible y fácil en los Juzgados de Familia de Sevilla con la intención de aplicar a lo largo de 2019 estas medidas al conjunto de órganos judiciales del territorio andaluz, por lo que la institución considera "oportuno" conocer las medidas de respuesta y organizativas en el ámbito de las competencias de ordenación y gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia que tiene atribuida la Junta.
Y añade que es por ello que se inicia esta actuación de oficio y solicita a la Consejería de Justicia un informe el problema expuesto y sus posibles soluciones para dar cuenta tanto a la ciudadanía como a los operadores jurídicos.
