SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía interesándose por las medidas previstas para la "reanudación" de la atención especializada "en la nueva normalidad en la que han de convivir pacientes Covid y pacientes no Covid en un contexto de alta presión asistencial".
En su queja, consultada por Europa Press, Maeztu argumenta que el sistema sanitario "afronta el reto de la continuidad asistencial en un escenario marcado por la atención a los pacientes no Covid, a la par del cometido de evitar nuevos contagios, la propagación del virus y la atención sanitaria a los pacientes contagiados, cuyo número se viene incrementando en estos últimos meses".
De este modo, la institución señala que le preocupa de "forma singular" la reanudación de la atención especializada para los pacientes no Covid, puesto que "se trata de un nivel de atención que ha presentado un problema endémico, como es el de las listas de espera quirúrgicas, de pruebas diagnósticas y de consultas de especialistas".
Y que además, continúa, "entraña un circuito más complejo, en gran medida desconocido por la ciudadanía, que en muchas ocasiones requiere de un importante tiempo de espera, idas y venidas, práctica de pruebas, recogida de resultados, nueva consulta, revisión, diagnóstico, tratamiento... y, todo ello en ocasiones, sin un referente cierto sobre la forma de proceder y en un contexto de alarma sanitaria que se antoja incierto en cuanto a su evolución y duración".
En su queja añade que "son conscientes y valoran los esfuerzos realizados para la reanudación de la misma --atención especializada--, desde que el pasado mes de abril se aprobase el plan funcional para la normalización del trabajo en la actividad asistencial en Andalucía", pero reconoce que "sería insensato mostrarnos ajenos a los retrasos que las listas de espera revelaban antes de la declaración de la alarma sanitaria y nos inquieta que las mismas sigan engrosando".
En este punto, la Defensoría asegura que se hace eco de los medios de comunicación que advierten del "colapso" de la sanidad y añade que en estos últimos meses las quejas recibidas "han versado en torno demoras o suspensiones de las primeras consultas de atención especializada procedente de atención primaria, más allá del previsto reglamentariamente, subrayándose las suspensiones de consultas de las revisiones periódicas, que se han saldado en alguna situación con el emplazamiento de la cita para el año siguiente".
Por otra parte, afirma, "hemos asistido a las habituales demoras para la realización de las intervenciones quirúrgicas, que siguen representando el mayor volumen de quejas registradas" y, por último, "se han planteado demoras en la realización de pruebas diagnosticas, que son imprescindibles para completar un diagnostico y consecuente plan terapéutico" y destaca en este punto "algunas quejas acerca de programas específicos como el cribado del cáncer de colón o mamografias rutinarias".
Explica que su proceder habitual cuando la ciudadanía da cuenta de las "demoras" es informar de su derecho al acceso a las prestaciones sanitarias en el tiempo máximo, en la forma y modo que se regula en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Publico de Andalucía y en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de atención especializada y procedimientos diagnósticos en el sistema sanitario público de Andalucía.
Además, "hemos venido instando a los centros hospitalarios a la adopción de medidas organizativas y asistenciales para dar efectivo cumplimiento a los mandatos de las normas aludidas", manifiesta la Defensoría.
Sin embargo, añade que actualmente se encuentran con que dichas normas se encuentran "sin efecto provisional" por mor de la Orden de 19 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus una vez superado el estado de alarma, por lo que "desde el mes de marzo, en que se suspendieran los plazos administrativos, corremos el riesgo de caer en puro voluntarismo para hacer efectivo en plazo el ejercicio de estos derechos".
E igualmente, prosigue, "nos asaltan dudas en cuanto al manejo de los datos cuantitativos y cualitativos acerca de la situación de las listas de espera, del número de personas y de las que se encuentran con el plazo excedido de los fijados en los Decreto de plazo de garantías desde que se decretase el estado de alarma".
De este modo, el Defensor señala que ante la importancia que la atención especializada tiene "para la continuidad asistencial del paciente", incoa esta actuación para conocer las actuaciones específicas implementadas para "la vuelta a la normalidad en la atención especializada, criterios de ordenación, protocolos o instrucciones dictadas para la unificación y homogeneidad de las mismas", así como las "implicaciones de la suspensión de efectos" operada por la Orden del 19 de junio de 2020 en cuanto a los plazos de garantía de respuesta en el sistema sanitario.
