Magistrados, jueces y fiscales se adhieren por unanimidad a las protestas contra los recortes de derechos

Audiencia Provincial
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 21 septiembre 2012 19:57

CÓRDOBA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Jueces de Córdoba, los magistrados de la Audiencia Provincial y la Junta de Fiscales se han adherido este viernes por unanimidad a las protestas contra el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que supone "un grave recorte de derechos estatutarios" y deja patente "la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español, para impulsar una Justicia ágil y eficaz".

De este modo, han respaldado las propuestas que se recogen en el manifiesto emitido a mediados de julio por la Comisión Interasociativa del Conflicto, que advierte que es "incomprensible la ausencia de inversión en Justicia cuando es más necesaria que nunca"; rechaza la congelación de las plazas judiciales y la paralización de la convocatoria de oposiciones para el ingreso en la carrera judicial, o califica de "censurable" la ausencia de un estudio "serio" para la determinación de la carga de trabajo "razonable" de cada juzgado o tribunal, pues, "hay una patente sobresaturación de los órganos judiciales en España".

Así, el plenillo de magistrados de la Audiencia Provincial ha mostrado su "honda preocupación" por el citado anteproyecto, al afectar "sustancialmente" al estatuto de jueces y magistrados, que "no ha venido fundado en razones de privilegios, sino en las singularidades, en obligaciones y responsabilidades", de un cuerpo "clave" en el estado social y democrático de Derecho, que "constituye constitucionalmente uno de los tres poderes del Estado".

Mientras, los fiscales en su junta han apoyado los documentos elaborados por las Asociaciones de Jueces y Fiscales, si bien solicitan el desarrollo pormenorizado de los puntos en ellos recogidos.

En cuanto a la Junta de Jueces de Córdoba, han asistido 34 de los 37 jueces convocados, además de 14 de los 22 jueces de la provincia y siete de los diez magistrados de la Audiencia, que han aprobado por unanimidad la adhesión al manifiesto, y se reunirán en octubre para analizar la situación y concretar en su caso las medidas y actos de protesta.

ACTITUD "MÁS CONTUNDENTE"

Entretanto, reivindican una actitud "más contundente" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en defensa de los intereses de la carrera judicial y manifestar la "disconformidad" con la actuación de su presidente, Gonzalo Moliner, que ha asumido en la negociación con el Ministerio de Justicia unas prerrogativas que "deben contar, en todo caso, con las asociaciones de jueces".

De igual modo, muestran su "más enérgica repulsa" al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque "el espíritu de la misma es el de descargar sobre unos jueces ya desbordados todas las carencias de la Administración de Justicia", al tiempo que avisan que "el sistema de sustituciones que se propone es inviable y no va a llevar más que a aumentar el colapso de los juzgados y tribunales y la pérdida de la calidad de las resoluciones en perjuicio de los justiciables".

MEDIDAS DE "PRESIÓN"

En este sentido, instan a la Comisión Interasociativa que de no producirse acuerdos, se adopten medidas "más contundentes", entre ellas, que, "sobrepasado el número de asuntos de entrada, no se reparta ningún asunto más al Juzgado quedando en los Decanatos". También, manifiestan su apoyo a "cualquier medida de presión" que se convoque a nivel nacional, incluyendo la huelga.

Más allá de los acuerdos concretos, los jueces de Córdoba expresan que, al igual que el resto de los ciudadanos, sufren "una Justicia lenta y obsoleta", con un esfuerzo que resulta "insuficiente y ha llegado el momento de decir basta".

Además, puntualizan que sus protestas van encaminadas a "conseguir la retirada de las reformas legales planteadas que tienen por objeto el control político del Poder Judicial y minar su independencia".

Por otra parte, los jueces, magistrados y fiscales dejan patente "el malestar" de la Carrera Judicial y Fiscal debido a "la ausencia de voluntad política para modernizar el sistema judicial español", dotando a la Justicia de los medios personales y materiales "necesarios", cuando, en realidad, "no hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia", pues, a su juicio, "una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos".