LUCENA (CORDOBA,) 8 (EUROPA PRESS)
La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, evitó hoy pronunciarse sobre el recurso del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) al expediente de retirada de competencias urbanísticas iniciado por la Junta, hasta que no acabe el plazo de alegaciones.
En declaraciones a los periodistas, Gutiérrez que inauguró hoy en Lucena (Córdoba) el Parque Empresarial Príncipe Felipe, explicó que se ha ampliado el plazo establecido para poder recibir las alegaciones y observaciones del Ayuntamiento Marbellí, "que excepcionalmente prevé la Ley", por lo que "se ha vuelto a hacer una previsión, lo más flexible posible para que haya un nuevo plazo de alegaciones".
El plazo del trámite de audiencia dado al Ayuntamiento marbellí concluía ayer y, según informaron fuentes de la Consejería a Europa Press, hasta el momento la Junta no ha recibido "ningún papel" procedente del Consistorio de dicho municipio.
Las fuentes precisaron que la ampliación de plazo se produjo tras recibir una petición por carta del Ayuntamiento, en torno al 25 ó 26 de marzo, "en cualquier caso antes de hacerse pública la 'operación Malaya'".
Los técnicos de la Junta estudiaron la petición y vieron que, según la normativa vigente, era posible ampliar el citado plazo de trámite de audiencia al municipio afectado, que comenzó el pasado 22 de marzo.
Sin embargo, y según informa 'El Mundo' en su edición de hoy, el Ayuntamiento de Marbella presentó ayer minutos antes de que el Consejo de Ministros acordase su disolución las alegaciones al expediente de la Junta sobre la retirada de las competencias urbanísticas, un texto que estaba firmado por el alcalde en funciones marbellí, Tomás Reñones.
En el informe se pide que se archive el expediente ante la disolución del Ayuntamiento y subsidiariamente se declare nulo por vulnerar la autonomía municipal, exponiendo como algunos de los argumentos que el expediente queda hecho sin sentido e invalidado ante la disolución del Ayuntamiento.
Además, el recurso también señala otras razones, entre las que destacó en primer lugar, que, a su juicio, "privar a un ayuntamiento de las competencias urbanísticas y en especial de planeamiento y de firmar convenios urbanísticos vulnera los artículos 140 y 149 de la Constitución".
