Manos Limpias cree que en los ERE "se despistaron casi mil millones pero nadie se percató de nada"

Compara el caso con el refrán "tanta culpa tiene el que mata a la cabra como el que agarra la pata", añadiendo "el que mira cómo la mata y el que no quiere mirar"

Manos Limpias cree que en los ERE "se despistaron casi mil millones pero nadie se percató de nada"
7 de noviembre de 2018 JESÚS PRIETO - EUROPA PRESS

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado Rafael Prieto, que ejerce la acusación popular del sindicato Manos Limpias en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico de concesión de ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha expresado este miércoles, en su informe final, que en este caso "se despistaron casi 1.000 millones pero nadie se percató de nada".

Así se ha pronunciado durante el informe final esta acusación popular, quien, como cabe recordar, en sus conclusiones definitivas, retiró el delito de malversación para los altos cargos acusados en este sentido, entre ellos el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, lo que supone descartar la pena de prisión para éstos. Igualmente, retiró el delito la acusación en su integridad contra el expresidente Manuel Chaves, el ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río y el ex interventor general Manuel Gómez.

Además de clásicos romanos y griegos el informe final de Manos Limpias ha tenido cabida para el refranero popular: "Tanta culpa tiene el que mata la cabra como el que agarra la pata". Y es que según el letrado, en el caso ERE "está el que mata, el que agarra, el que mira cómo la mata y el que no quiere mirar", en referencia a 20 de los 21 acusados, pues considera al ex interventor general Manuel Gómez, al que retiró al acusación por prevaricación y malversación, "un verso suelto" que actuó desde la "distancia y el desapego" de los conflictos laborales que motivaron la instauración del sistema de ayudas de los ERE.

Si bien, ha asegurado que Gómez "se equivocó y mucho" en sus actuaciones, como refleja el Ministerio Fiscal. "Va por libre en sus errores y aciertos y cualquier interventor en su lugar hubiera hecho lo mismo", ha añadido, subrayando que sus errores pueden ser sancionados por el derecho administrativo, criterio usado para no acusar en su momento a otros miembros de la Intervención de la Junta.

"Se despistaron casi 1.000 millones pero nadie se percató de nada. No puedo creer que 20 ex altos cargos no se enteraran de nada como si fuera una incapacidad endémica", sobre todo, cuando era "vox populi".

Sobre Chaves y Francisco del Río, a los que retiró la acusación por prevaricación, Manos Limpias ha justificado su decisión "por la falta de indicios", aunque "sabían por sus cargos" lo que estaba pasando.

PREVARICARON PERO "ARRIESGANDO SUS CARRERAS PROFESIONALES"

De otro lado, ha señalado este miércoles que la acusación de prevaricación sobre los encausados ha quedado acreditado pues concedieron las subvenciones investigadas "soslayando la ley", si bien, considera "injusto" no señalar que lo hicieron "sin recibir nada a cambio y arriesgando sus carreras profesionales".

El letrado ha comenzado su informe final señalando que lo que se debate es "un conflicto político y moral", donde "todo político busca solucionar los problemas de los ciudadanos, de mejor o peor forma".

"Cada acusado se enfrentó a conflictos sociales de enorme enjundia", que eran evidentes en Andalucía y que generaban "situaciones de alarma y emergencia social", como demuestra que "la mayoría del dinero de las ayudas de los ERE fuesen a parar a los extrabajadores de Delphi, Boliden o la Faja Pirítica de Huelva".

Los acusados, según ha insistido Manos Limpias, "buscaron soluciones a problemas sociales que generaban situaciones de alarma y apremiantes, poniendo en marcha un sistema de concesión de ayudas rápido". "Lo solucionaron de modo cuestionable y al margen de la ley. El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, por ejemplo, dejaron de lado el derecho y se guiaron por el espíritu del sentido común de la calle", ha afirmado.

La actuación de los acusados fue "generosa y terriblemente imprudente, situándose fuera de la ley, pero también arriesgaron sus carreras profesionales para solucionar los problemas laborales sin ganar nada".

Para Manos Limpias el delito de prevaricación en los acusados ha quedado acreditado "al disponer" éstos de "un sistema de concesión de ayudas de forma contraria a derecho y eludiendo todos los controles". Se estableció, a su juicio, un modo "creativo" de gastar para pagar las ayudas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

"BUSCA UN CATEDRÁTICO QUE DEFIENDA TU TESIS Y NO HABRÁ CONDENA POR PREVARICACIÓN"

El letrado de la acusación, que ha recurrido a Cicerón o Sófocles, entre otros, ha defendido la actuación de los peritos de auxilio judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que intervinieron en la prueba pericial. Ha rechazado la impugnación de la prueba por ser jurídica por la defensa del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, y ha subrayado que las opiniones e informes de los peritos de partes que "obviamente defienden al que le contrata y son lo que son".

Además, ha bromeado en que si se siguieran las tesis de los peritos de partes no habría condenados por prevaricación en España: "Busque un catedrático que defienda tu tesis y no habrá condena por prevaricación".

Volviendo al delito de prevaricación por el que acusa a 18 de los ex altos cargos encausados, Manos Limpias concluye que en la causa las resoluciones administrativas dictadas "son contrarias a leyes", sin obviar que "buscaban dar una solución".

Resoluciones tomadas "a conciencia" y que evidencian que las actuaciones de los acusados son "insostenible, contrarias a derecho e ilegal".

"DUDAS" SOBRE LA MALVERSACIÓN

El abogado Rafael Prieto ha expuesto "sus dudas" sobre que los hechos enjuiciados constituyan un delito de malversación. "No me queda claro que tipo de malversación cabe aquí", ha admitido, precisando que no hace referencia a las piezas separadas que se instruyen sobre cada ayuda particular.

En este punto ha hecho alusión a una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Jaén en al que absuelve de malversación a un alcalde de la provincia que destinó el dinero recibido de otras administración para realizar una guardería en otros fines como el pago a proveedores.

"Destinar caudales públicos a un fin público aunque no sea el previsto no es punible", según este fallo de la Audiencia. Es cierto que existe una decisión arbitraria, caprichosa y contraria a ley en el caso del alcalde, pero la administración siempre se presupone solvente y con cauces para pedir su compensación. "Entre administración y administración no existe malversación", ha expresado el abogado, provocando las risas entre los asistentes.

"Me asaltan las dudas sobre la malversación en los actos que se enjuician. Cuando se mandan los fondos a IFA/IDEA para el pago de las ayudas es entre administraciones o dentro de la misma administración y no hay malversación", ha expresado.

En el supuesto de que exista el delito, quizás los responsables penales estarían en IFA/IDEA, que son "los que no ponen freno a la salida del dinero" de la administración.

No obstante, con esto "no dice que los acusados son inocentes", sino que en esta pieza concreta "no hay para condenar por malversación", algo que se tendrá que ver en las piezas. "Prefiero equivocarme por defecto que por exceso", ha manifestado el abogado, respetando las acusaciones en este sentido de la Fiscalía y el PP-A.

Como conclusión, el abogado ha expresado que "el ciudadano necesita respuesta ante el saqueo y necesita al tribunal, porque como ciudadanos queremos recuperar el dinero y entender qué paso". Ha llamado a usar el sistema judicial, además de para "condenas largas y severas", con la misericordia, ya que "no debe estar ajeno" a la misma.

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