SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha negado este jueves que se hayan producido retrasos en el pago de los turnos de oficio de la asistencia jurídica a abogados y procuradores, toda vez que ha achacado los plazos al cumplimiento "estricto" del reglamento establecido para tal fin, norma que ha abogado por modificar para agilizar el calendario de pagos.
Así se ha pronunciado Marín ante la comisión parlamentaria de su departamento después de que el PSOE-A, el PP-A y Ciudadanos (Cs) hayan reclamado su comparecencia para informar sobre el servicio público de asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio durante el 2018 y de las medidas que está estudiando la Consejería para mejorar el servicio.
El vicepresidente ha comenzado explicado que anualmente "una media de 300.000 andaluces son representados gratuitamente por profesionales que aseguran la tutela judicial efectiva a personas sin recursos para ello", y ha apuntado que las solicitudes se han visto incrementadas de forma exponencial en el último año, prácticamente un 25 por ciento más en el 2018 respecto al 2017. En concreto, Cádiz es la provincia donde más ha crecido por el flujo migratorio, seguida de Málaga.
Seguidamente, ha desgranado algunas medidas que ha puesto en marcha la Consejería para mejorar el servicio como desarrollar "plenamente" la aplicación informática destinada para tal fin, revisar los mecanismos de control de los pagos, agilizar las resoluciones tardías que "dan lugar a que muchos profesionales no puedan cobrar sus honorarios" y revisar el control de devoluciones de costas, "que no se estaban pidiendo y es muy importante para recuperar recursos de la Administración de Justicia".
Respecto a los plazos de pago en los turnos de oficio, Marín ha explicado que tras tres meses para que los colegios presenten las certificaciones, a partir de ahí, "se establecen unos plazos para que la Consejería los abone". "Los problemas llegan cuando hay muchas certificaciones sobre los que la Intervención emite reparos porque solicita rectificaciones o aclaraciones de algunas de ellas", ha indicado para poner de manifiesto que precisamente en una reunión que mantuvo con los colegios de abogados y procuradores, les trasladó su intención de poner en marcha un "arreglo" del reglamento que permita subsanar la tardanza en los pagos que esto acarrea.
"No ha habido retraso en los pagos sino cumplimiento estricto de lo que dice el reglamento", ha sostenido Marín, que ha señalado que ante los plazos que recoge la norma hay que plantear una modificación de la misma "para, de forma ágil, poder hacer dos pagos durante el trimestre, uno primero de todas las certificaciones que estén ajustadas a lo que se establece y un segundo pago para aquellas que necesiten aclaraciones o más documentación".
Y es que, a su juicio, "los que hacen bien su trabajo tienen que cobrar en los tiempos mínimos posibles y no puede ser que tengan que esperar a que se resuelvan todas las certificaciones porque el reglamento dice que solo se puede hacer un pago único para los turnos de oficio". "Hay que hablar con los colegios para establecer esa modificación del reglamento", ha insistido, asegurando que es la mejor opción para poder establecer un calendario fijo y anual de pago a los abogados y procuradores que prestan su servicio en la asistencia jurídica gratuita en Andalucía.
PSOE-A PIDE CONSENSO
Para posicionar al grupo parlamentario del PSOE-A, Carmelo Gómez, tras hacer hincapié en la importancia de la justicia gratuita, un derecho de los ciudadanos, ha dicho sentirse orgulloso de estar en una comunidad "que no ha tenido reparos en aumentar el presupuesto destinado para esta partida", motivo por el que cree que este asunto "necesita más coordinación, más trabajo y más consenso entre todos".
Si bien ha respaldado que es necesario modificar el reglamento que regula este servicio, ha afeado a Marín que use esta norma como "excusa" para justificar el retraso en el pago de los turnos de oficio, toda vez que ha insistido en que dicha modificación debe darse, en cualquier caso, desde el consenso, y para eso le ha tendido la mano de los socialistas.
Por Adelante, Inmaculada Nieto ha avisado de que este asunto no es sólo una cuestión de dinero sino que "ha habido un incremento en el número de personas que han necesitado este servicio por el deterioro de sus condiciones de vida, que les ha llevado a necesitar un recurso que hace unos años no necesitaban". Igualmente, ha apuntado que las decisiones que se han adoptado por la crisis "han deteriorado otras formas de resolver los conflictos judiciales, lo que hace que aumente el número de pleitos", mientras también ha señalado la importancia de la formación.
Ángela Mulas, de Vox, ha señalado que "hay muchas cosas por hacer" en asunto porque "se ha hecho muy poco", toda vez que ha reclamado que los abogados y procuradores de este turno reciban "una remuneración digna" y puedan cobrar de manera mensual "como todos los trabajadores de la comunidad", y no cada tres meses. También ha pedido que se actualice el baremo y se reconozcan más módulos a abonar porque "todos forman parte de la profesión del abogado".
Rosalía Espinosa, diputada del PP-A, ha defendido que todas las medidas que está desarrollando la Consejería para conseguir que el servicio de justicia gratuito sea más efectivo "son absolutamente acertadas" y, además, ha destacado que van en la línea de lo que recoge el acuerdo de Gobierno que rubricaron su formación política y Ciudadanos.
Por Cs, Raúl Fernández ha agradecido a Marín la "sensibilidad" que, a su juicio, está demostrando la Consejería con este asunto, así como por haberlo abordado al principio de la legislatura, a la par que ha considerado "fundamental" que se dé "certidumbre" en los pagos, que se revisen los honorarios de los profesionales que cobran "lo mismo que en 2009", así como que hay que afrontar la reforma del baremo y reducir la carga burocrática.
