SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado que si la auditoría que se llevará a cabo, de primeras, centrada en una docena de agencias públicas empresariales ponen de manifiesto "cualquier irregularidad" será algo que se pondrá en manos de "quien corresponda" y se denunciará "donde hay que denunciarlo".
Marín se ha pronunciado así en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, donde ha sido preguntado por si desde la Junta actual se plantean llevar a los tribunales al anterior equipo si dicha auditoría arroja indicios de delito. "No descartamos nada", ha dicho el vicepresidente, quien ha detallado que lo que se ha encargado una auditoría y unos informes de intervención general de la Junta de doce agencias y además hay unos informes de la Cámara de Cuentas que hay que valorar y si eso detecta "cualquier irregularidad" se "denunciará donde haya que denunciarlo".
Esto último, según ha continuado, no es porque el actual Gobierno andaluz sea "una inquisición que vaya a llevar a nadie a la hoguera" sino porque ha llegado para "aclarar las cuentas". Para "aclarar las cuentas" hay que hacer auditorías, ha continuado Marín, quien ha remachado que eso sirve para dos cosas, por un lado "mejorar la gestión" y, por otro, "detectar irregularidades contables". "Si unas y otras se detectan habrá que ponerlo en conocimiento de quien corresponda, eso es lo que todo el mundo espera que se haga", ha resumido.
Además, ha señalado que puede pasar que se concluya que alguna de las entidades analizadas "puedan ser eliminadas porque no tienen ninguna función" ya que "algunas casi no tienen ni presupuesto ni personal". En ir "aclarando eso" consistirá la labor de la Junta para poder "racionalizar la gestión de una administración que es mastodóntica" y que cuanta con "274.000 empleados públicos".
"Hoy en día hay muchos entes que no sabemos qué función tienen, yo estoy todos los días recibiendo información y algunos no sé ni para qué se pusieron en marcha", ha comentado el vicepresidente, quien ha añadido que cuando se tengan los datos de la auditoría se harán públicos y "sobre lo que se ha hecho bien, enhorabuena, pero lo que se haya hecho mal se pondrá en conocimiento de quien sea preciso".
Sobre si vaticina despidos en el personal de la Junta andaluza, Marín ha dicho que estos trabajadores tienen que desempeñar sus tareas "con normalidad" porque lo que se ha pretendido escenificar es que habrá "una caza de brujas", al igual que sucedió cuando se alertó de que las mujeres iban a perder derechos si se llegaban a acuerdos con Vox.
"Esto no va a suceder", ha sentenciado el vicepresidente, al tiempo que ha añadido que cuando se tengan datos se verá "qué hay que hacer". Lo que se pretende es que "cada pieza esté en su sitio" y si en alguna entidad hay que hacer una reducción de personal se hará "pero nada más" y, de otro lado, "donde haga falta más gente se meterá. Así, lo que hay que intentar es "poner en orden la casa" porque, para Marín, "hay un gran desorden".
Por otro lado, preguntado por si la "herencia envenenada" de la que habla Juanma Moreno puede hacer peligrar los beneficios fiscales a los que se comprometieron PP y Ciudadanos en la campaña de las andaluzas, Marín ha afirmado que pueden "dificultarlas" pero en ningún caso ponerlas en peligro. Las reformas fiscales, ha dicho, no son "capricho" ni del PP ni de Ciudadanos, sino que "se ha demostrado que bajando la presión fiscal la gente tiene más dinero en el bolsillo, consume más y provoca que haya más recursos para la administración".
Esta última es la razón por la que se plantean las bajadas de impuestos los partidos de la Junta, pero "es verdad que han ido apareciendo datos" que "hay muchas cosas detrás en principio de lo que se puede esperar". En este punto, ha destacado los juicios que se están celebrando en la comunidad o que ya están en fase de resolución, como el de los eres que "cifra en 800 millones de euros las irregularidades que se dieron". También están, según ha dicho, las "reclamaciones que hacían algunos exconsejeros de la Junta para que les paguen la defensa" o la cifra "escalofriante de 164 millones de euros" en el caso Nevada. "No sabemos a donde se puede llegar", ha concluido.
