JAÉN, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, y la vicepresidenta de la Diputación Provincial y diputada de Igualdad, Francisca Medina, han presidido el acto de apertura de unas jornadas formativas sobre violencia de género.
Medio centenar de profesionales de distintos ámbitos ha acudido al encuentro con el objetivo formarse sobre los cambios normativos derivado del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que afectan, fundamentalmente, a las prestaciones para las mujeres víctimas de esta lacra social y sus hijos.
Madueño ha afirmado que desde la Subdelegación se busca difundir los derechos de las víctimas de la violencia machista". "Es muy importante que los profesionales en activo que trabajan en la información, atención y gestión de prestaciones para mujeres víctimas de la violencia de género y menores conozcan estos cambios normativos", ha dicho.
Por ello, desde la institución se ha visto "conveniente" organizar estas jornadas, que han sido impartidas por especialistas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. "También hemos ampliado el programa con otra cuestión que pensamos que puede ser de interés, y que son las prestaciones desde el Servicio Público Estatal de Empleo orientadas a Mujeres Víctimas de Violencia de Género", ha asegurado la subdelegada.
La mesa de ponentes ha estado formada por Pedro Pablo García Merino, director provincial de Instituto Nacional de la Seguridad Social en Jaén; la subdirectora general de Prestaciones de Jubilación, Supervivencia y Convenios Internacionales, Inmaculada Martos Moreno; la directora provincial del Servicio Público Estatal de Empleo, Isabel Mendoza Arnau; Mari Carmen Martínez Morales; y Juan Manuel Alarcón Cuenca, jefe de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer.
El seminario está dirigido a profesionales en activo que trabajan en la información, atención y gestión de prestaciones para mujeres víctimas de la violencia de género y menores, en los ámbitos de los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados y Centros de Atención a la Mujer.
El objetivo que se persigue con esta iniciativa es difundir entre el personal técnico la información sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos sobre prestaciones de la Seguridad Social y Ley 3/2019 de 1 de marzo de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer.
Asimismo, se ha informado a los profesionales acerca de las prestaciones desde el Servicio Público Estatal de Empleo orientadas a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
Hasta el reciente cambio normativo, los menores cuyas madres son asesinadas son considerados huérfanos absolutos --de ambos progenitores--; sin embargo, existían determinados condicionantes.
Para casos anteriores a 2008, la exigencia es que la madre hubiera cotizado 15 años o 500 días en un periodo ininterrumpido de los cinco años anteriores al asesinato. Tras 2008, quedó en que la mujer estuviera en el momento del fallecimiento dada de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada, por ejemplo, en situación legal de desempleo o en excedencia por cuidado de hijos. Estas situaciones originaron que muchos huérfanos no hayan recibido las pensiones.
La nueva Ley, impulsada por el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez, acabó con estos requisitos --con efecto retroactivo desde 2004, año de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género-- y elevó la cuantía hasta un mínimo de 600 euros, anteriormente era de unos 140, al pasar del 52 por ciento de la base reguladora al 70 por ciento. En caso de que la mujer no haya cotizado, se calculará en base al salario mínimo vigente.
