25 de octubre de 2020
8 de septiembre de 2020

Muller Friedman se suma a la presión para que Hacienda y Seguridad Social pierdan privilegios tras una quiebra

Muller Friedman se suma a la presión para que Hacienda y Seguridad Social pierdan privilegios tras una quiebra
Antonio Luna, abogado, socio director de Muller Friedman y administrador concursal. - MULLER FRIEDMAN.

SEVILLA/MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Muller Friedman, despacho de abogados especializado en derecho mercantil con 20 años de experiencia y juristas expertos en la materia, tras la entrada en vigor el pasado martes 1 de septiembre del texto refundido de la Ley Concursal se ha sumado a la presión por parte de la CEOE para que Hacienda y Seguridad Social pierdan privilegios tras una quiebra. La patronal ha abierto un nuevo frente de negociación con el Gobierno. En concreto, ha planteado al Ejecutivo la necesidad de que la Administración pierda sus actuales privilegios a la hora de cobrar cuando una empresa se acoja al concurso de acreedores.

En este sentido, los empresarios reclaman una modificación del artículo 280 de la nueva Ley Concursal, cuyo texto refundido se publicó el pasado 5 de mayo en el BOE y que vuelve a situar a la Seguridad Social y a Hacienda como acreedores preferentes para actuar contra el patrimonio existente de la empresa que ha entrado en situación de quiebra.

Según ha indicado el abogado, socio director de Muller Friedman y administrador concursal, Antonio Luna, "muchas veces la voracidad de las Administraciones Públicas en cuanto al cobro inmediato de las deudas pendientes hace inviable la pervivencia de las empresas y, por ende, que puedan seguir contribuyendo al erario público". Con lo cual, "lo que se consigue es la liquidación y la pérdida de puestos de trabajo; y a medio plazo, se recauda menos".

"Sería necesario que las Administraciones Públicas contribuyeran al sostenimiento del sector privado, puesto que lo que se destruye es una quimera pensar que va a volver a reproducirse", ha añadido Luna.

La ley precisa que son créditos con privilegio general los salarios de los trabajadores afectados por el concurso hasta el triple del salario mínimo interprofesional, 2.850 euros mensuales, las retenciones del IRPF y las cuotas a la Seguridad Social impagadas. Es decir, que la ley sitúa a la Administración en los primeros lugares a la hora de actuar contra la masa patrimonial que sobreviva en la empresa.

La CEOE pretende que la Administración pierda esta posición de privilegio en favor del sector privado porque se teme que por los problemas de la empresa deudora acabe el acreedor en situación de insolvencia, multiplicando por dos el problema. De hecho, los impagos son hoy la gran amenaza que pende sobre la tesorería de muchas empresas, como acaba de poner de manifiesto el Banco de España.

En concreto, un real decreto-ley publicado en abril estableció que, en aras de proteger las empresas con mayores dificultades de tesorería, hasta el próximo 14 de marzo el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos u obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal.

La CEOE entiende que esta hiperprotección de los deudores puede poner en riesgo el futuro de empresas que hoy son solventes, pero que entrarían en zona de riesgo si no son capaces de ponerse al día con sus deudores. A lo que Luna añade que "lo que se pretende con el proceso concursal es la continuación del negocio y asegurar el cobro de la mayoría de los acreedores que se encuentran inmersos en dicho proceso concursal".

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