CÓRDOBA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, recordó hoy en Córdoba que, de la misma forma que los padres tienen "una responsabilidad" para con sus hijos, éstos últimos "también tienen responsabilidades respecto a sus mayores".
Navarro, que inauguró en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) el Congreso Internacional 'La Protección de las Personas Mayores: Apoyo Familiar y Prestaciones Sociales', organizado por el Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España, instó a la apertura de un debate en la sociedad, "sin paternalismos", en cuanto a la necesidad de "garantizar los derechos, tanto de los mayores, como de los menores"
Navarro, a quien acompañó hoy en el mencionado acto inaugural el presidente de la Diputación cordobesa, Francisco Pulido, argumentó que es preciso tomar conciencia general sobre la conveniencia de que se produzca "un cambio, un efecto pedagógico en toda la sociedad, para darnos cuenta de que muchas personas mayores sufren una falta de atención manifiesta".
En este sentido, la consejera recordó que la Junta de Andalucía dispone de "un teléfono de atención a los mayores, al que se puede llamar de forma anónima, y son casi 3.000 las llamadas que recibió ese teléfono el año pasado, de las cuales más del 60 por ciento eran anónimas y en la mayoría de los casos para denunciar supuesto maltrato o abandono de personas mayores", aclarando Navarro que "todas las llamadas que se reciben, aunque sean anónimas, se investigan".
De forma concreta, el Teléfono de Atención a las Personas Mayores de Andalucía (900 858 381), recibió 2.806 llamadas durante el primer semestre de 2009. De ellas, 621 denunciaban casos de presuntos malos tratos a mayores.
En su mayoría, las denuncias durante el primer semestre de este año se debieron a una negligencia o abandono de la persona mayor, que ascendieron a 333 y que supusieron el 53,7 por ciento de los casos. Les siguen los malos tratos psicológicos (119, el 19,2 por ciento), los malos tratos físicos (104, el 16,7 por ciento) y otras tipologías, como la utilización no autorizada o ilegal de fondos, propiedades o recursos de la persona mayor (27, el 4,3 por ciento).
Por provincias, Sevilla registró el 39,5 por ciento de las denuncias, con 245; Málaga el 15,3 por ciento, con 95; Córdoba el 12,1 por ciento (75), Cádiz el 10,1 por ciento (63); Granada el 8,9 por ciento (55), Jaén el 6,1 por ciento (38), Huelva el 4,3 por ciento (27), y Almería el 3,7 por ciento (23).
16.000 CONSULTAS
Por otro lado, Navarro recordó que el programa de Orientación Jurídica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social dirigido a las personas mayores ha atendido ya 16.240 consultas, realizadas por más de 8.500 usuarios desde que se puso en marcha dicho servicio en el año 2003.
En concreto, del total de las 16.240 consultas registradas, 3.572 se refieren a asuntos relacionados con la vivienda, 2.874 a sucesiones, 2.056 a temas familiares y 1.178 a consumo, entre otras materias.
Durante este año, y hasta el pasado 1 de agosto, este servicio atendió 1.138 consultas en toda Andalucía, realizadas por 867 personas mayores. Por provincias, Almería registró 143 consultas, Cádiz, 113; Córdoba, 220; Granada, 109; Huelva, 98; Jaén, 144; Málaga, 134 y Sevilla, 177.
Este servicio consiste en una atención individualizada a las personas mayores sobre las dudas de carácter jurídico que se les puedan plantear en el desarrollo de su vida cotidiana. La asesoría que reciben corresponde a un abogado de los centros de día de titularidad de la Junta, con una duración aproximada de 90 minutos.
Para beneficiarse de este servicio es necesario ser socio de un centro de día de la Administración autonómica y titular de la 'Tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco', documento que ya poseen más de un millón de mayores en la comunidad autónoma.
SERVICIOS Y RECURSOS
Con este recurso se facilita de manera personalizada, las 24 horas del día durante todo el año, información de servicios y recursos dirigidos a las personas mayores. Al mismo tiempo, se detectan situaciones de riesgo que les afecten, con el fin de realizar la intervención más adecuada en cada caso.
Las medidas requeridas se canalizan a través de las delegaciones provinciales de Igualdad y Bienestar Social, con la intervención de los servicios sociales comunitarios, la inspección de servicios sociales o de la Fiscalía.
El perfil medio de la persona mayor en riesgo de maltrato es el de una mujer viuda, de 75 años, que padece alguna enfermedad crónica o demencia, depende de quien le cuida y que, en la mayoría de los casos, sufre aislamiento social. En cuanto a la persona maltratadora, su perfil más habitual es el de un familiar de la víctima, de la que depende económicamente, tiene antecedentes de violencia doméstica y puede sufrir alguna drogodependencia.
