SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz se ha mostrado este jueves "favorable", con el único voto en contra de Vox, a "apoyar la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital gestionado a través del sistema de Seguridad Social, con coordinación y cooperación institucional y medidas para la inserción social y laboral de las familias beneficiarias".
Así lo ha declarado al aprobar parcialmente una proposición no de ley (PNL) que el PSOE-A ha defendido en el Pleno para reforzar el sistema público de servicios sociales para la protección de las personas más vulnerables de Andalucía, que ha salido adelante en parte, e incluso ha contado con respaldo de todos los grupos en tres de sus puntos.
De este modo, los cinco grupos --PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Adelante y Vox--, se han mostrado a favor de "impulsar la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis), dictando resolución, con carácter inmediato, de la línea dirigidas a entidades del tercer sector que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social en estas zonas tan vulnerables".
También ha habido unanimidad de los grupos para reclamar que se promueva "la complementa de las acciones del tercer sector, desde la directriz de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía", y para que se convoque, "con carácter urgente, la Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales y profundizar en la colaboración y la circunlocución con las administraciones locales, para que cuantas iniciativas se pongan en marcha cuenten con el consenso, conocimiento y apoyo suficiente, permitiendo su gestión rápida y eficaz y el seguimiento y control adecuado de los recursos públicos".
De igual modo, PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía han votado a favor de "reactivar el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, que regula la Renta Mínima de Inserción Social, mediante la resolución de los expedientes en lista de espera, a través del refuerzo de personal funcionario dependiente de las delegaciones provinciales de la consejería competente en materia de servicios sociales, así como a adecuar una regulación al Ingreso Mínimo Vital".
Los mismos cuatro grupos han votado a favor de pedir que se garantice "el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales y el derecho de acceso universal al conjunto de servicios y prestaciones, a través de los profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, atendiendo las situaciones de urgencia y emergencia social a través de los servicios sociales comunitarios y organismos competentes de la Junta".
EN BENEFICIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
La diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha justificado esta iniciativa por la necesidad de "evitar que la nueva crisis social que se está generando a raíz del Covid-19 sitúe a los servicios públicos en el precipicio de la desatención, de la privatización y de la vulnerabilidad".
Además, ha contrapuesto la respuesta "rápida" del Gobierno central y los municipios con actuaciones ante el "elevado impacto económico en los hogares más vulnerables" que ocasiona la crisis del coronavirus, con la de la Junta de Andalucía, que "está siendo más lenta y tenue".
Así, ha advertido de que "sigue sin resolverse la lista de espera en la Renta Mínima de Inclusión social, no se han reforzado los servicios sociales comunitarios, se ha suspendido el acceso al sistema de atención a la dependencia y el apoyo a las corporaciones locales sigue siendo escaso".
PP-A AL PSOE-A: "QUIEREN QUE APLAUDAMOS PROMESAS"
En el turno de los grupos, la parlamentaria del PP-A Ana Vanessa García ha reprochado al Grupo Socialista que, en la crisis económica de 2008, "quien bajó las pensiones y congeló los sueldos de los funcionarios fue el PSOE", que gobernaba España, así como ha sostenido que, con esta iniciativa, los socialistas "quieren que aplaudamos promesas". Además, ha apostado por que Andalucía pueda gestionar el Ingreso Mínimo Vital y por no presumir de que la comunidad vaya a ser "la más beneficiada" de esa medida.
La diputada de Cs Mercedes López --cuyo grupo ha transaccionado dos enmiendas con el PSOE-A-- ha criticado que la PNL cuente con un "defecto fundamental" porque "la situación es peor" de lo que refleja, y ha reprochado "la defensa realizada al Gobierno central" en su exposición de motivos, junto a "un ataque constante a las empresas privadas". Tras defender la necesidad de las 'tarjetas monedero", ha lamentado "el ataque" que, en su opinión, se le hace en este texto a las ONG.
En nombre de Adelante, el diputado Ismael Sánchez ha advertido a la Junta de que su "preocupación" en esta materia "no puede ser sólo la gestión directa del Ingreso Mínimo Vital", porque "no es justo para las familias que esperan esta medida como agua de mayo", y que no se debe utilizar "para confrontar con el Gobierno", según ha abundado antes de defender, en todo caso, que haya "cooperación entre administraciones".
Por último, el presidente del grupo de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha advertido de que, bajo un "título rimbombante", en esta PNL "se esconde un motivo real", que son "ayudas generalizadas" y "blanquear medidas aprobadas por el Gobierno". "Hay que diferenciar entre los realmente necesitados, que necesitan apoyo social y no caridad, de oportunistas", como son, a su juicio, "muchísimos inmigrantes". "No a situaciones de abuso en que se dé estas ayudas en situación ilegal, que terminan pagando los sufridos contribuyentes", porque la mejor ayuda a la pobreza es "el empleo digno", según ha sostenido.
