SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este miércoles exigir a la Junta que concluya un estudio y revisión del transporte público sanitario en Andalucía y del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE), aumentando el número de ambulancias en la comunidad, especialmente las asistenciales, en aquellos sitios donde más se necesite e incluyendo todas las provincias andaluzas a la luz del Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas de equipamiento sanitario y dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
Así lo ha acordado al aprobar parcialmente una proposición no de ley (PNL) que ha defendido el PP-A en el Pleno del Parlamento, y que ha contado con el apoyo unánime de los grupos en lo relativo a dicha solicitud de aumento de ambulancias, mientras que ha recibido apoyos parciales en otros puntos --entre ellos, el de Ciudadanos (Cs) en todos los casos--, y ha sido rechazada en otros.
En virtud de los puntos aprobados de la iniciativa, desde el Parlamento se pide a la Junta que cumpla íntegramente con el citado real decreto 836/2012 en las nuevas licitaciones, con la aplicación de las cláusulas sociales necesarias que garanticen y exijan a las empresas adjudicatarias el cumplimiento de los convenios colectivos autonómicos y/o estatales y no convenios de empresa.
Además, la iniciativa aprobada establece que las empresas adjudicatarias sólo podrán tener hasta el diez por ciento del total de su plantilla de trabajadores en prácticas, para así mejorar la estabilidad laboral en el sector y la clara creación de empleo.
Otras demandas consisten en crear una bolsa de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud para el personal técnico en emergencias sanitarias y proceder a la paulatina convocatoria de procesos selectivos e incorporación de técnicos titulados en las plazas que corresponden a sus competencias profesionales.
Para defender la iniciativa, la parlamentaria del PP-A Ana Mestre ha señalado que uno de los tantos problemas sanitarios que afectan a Andalucía es "el mal funcionamiento del servicio público de transporte sanitario" y, de hecho, los sindicatos del sector han denunciado en varias ocasiones la "nefasta gestión de este servicio" por parte de la Junta, ocasionando "graves problemas para los pacientes y los técnicos en emergencias de las ambulancias que se encuentran con situaciones que no pueden controlar, bien porque envían a un solo conductor y se ven desbordados, o bien porque no llevan personal sanitario adecuado a ciertos avisos".
Ha recordado que hay varios tipos de ambulancias según su finalidad asistencial. A este respecto, ha explicado que sindicatos y asociaciones advierten de que además de la falta de ambulancias, sobre todo de las asistenciales para soporte vital avanzado, se están produciendo situaciones en las que se envía por parte del Centro Coordinador de Urgencias Sanitarias las ambulancias no asistenciales a servicios que requieren asistencia técnico-sanitaria en ruta, con las graves consecuencias que ello conlleva, ya que no están acondicionadas para ello.
Por tanto, según ha abundado Mestre, "se está haciendo un uso incorrecto del transporte sanitario en Andalucía con la utilización de ambulancias no asistenciales para asistir a personas que necesitan una atención sanitaria inicial, e incluso con mucha frecuencia la necesidad de un soporte vital básico, poniendo en peligro a los trabajadores de ambulancias y, lo que es más grave aún, poniendo en peligro a los usuarios de este servicio".
PSOE-A RECHAZA "ACUSACIONES GRAVES E INFUNDADAS"
Para posicionar al PSOE-A, la parlamentaria Brígida Pachón ha advertido de que cada vez que el PP se preocupa por el sistema sanitario "llegan recortes o terminan con derechos, como hicieron con la atención universal". Ha dicho compartir parte de la iniciativa, pero rechaza "las acusaciones graves e infundadas" que plantea en algunos aspectos.
Ha asegurado que los andaluces se siente "muy satisfechos" con la atención de las emergencias, que cuentan con equipamiento y flota para prestar con garantías el transporte sanitario urgente, "con más vehículos por habitante que el sistema nacional y con la implicación de nuestros profesionales sanitarios, que hacen una labor extraordinaria".
Al posicionar a Podemos, el diputado Juan Antonio Gil ha acusado de "opacidad" a la Consejería de Salud, porque, según ha señalado, "los datos del SAS sobre la red de transporte urgente no se conocen, no están publicados", de forma que "no tenemos elementos evaluadores para saber lo que está fallando". En ese sentido, ha considerado que "el quid de la cuestión es que el SAS no cuenta qué está pasando en la ejecución de los servicios sanitarios, de los que éste es otro ejemplo".
En representación de Ciudadanos (Cs), Isabel Albás ha manifestado que "el Gobierno socialista debería ser exquisito con la gestión de este servicio tan importante para los andaluces", y ha recordado que, "aunque sea una empresa privada quien realiza el servicio, está financiada con fondos públicos", por lo que "hay que ser exigentes y responsables, fiscalizar y evaluar, y comprobar que los pliegos de condiciones se están cumpliendo".
Por último, la diputada de IULV-CA Carmen Pérez ha explicado que su grupo parlamentario comparte con los populares que hay que cumplir con los planes que se ponen en marcha y con la normativa vigente, si bien ha instado al PP-A a ser "más valiente" y pedir que las empresas vuelvan al SAS "para el servicio vuelva a ser público".
